El juez Pablo Llarena procesa por rebelión a 13 investigados: Puigdemont, Junqueras, siete exconsejeros (Forn, Turull, Rull, Comin, Bassa, Ponsati y Romeva), Forcadell, Cuixat y Sànchez y Marta Rovira. El auto de procesamiento, notificado este viernes, encausa además a otros cinco exmiembros del Govern por malversación y desobediencia (Serret, Borras, Puig, Mundo y Vila). Cinco miembros de la Mesa han sido procesados por desobediencia: Corominas, Guino, Barrufet, Nuet y Simó. La dirigentes de la CUP Mireia Boya y Ana Gabriel también serán procesadas por desobediencia.
Rebelión rima con extradición. El procesamiento tiene especiales consecuencias para los huidos porque el auto reactiva las euroórdenes y órdenes internacionales de detención con fines de extradición necesarias para su entrega a la justicia española. En el caso de Jordi Turull imposibilita su elección como president.
El auto se conoce minutos después de que la exdiputada de ERC Marta Rovira haya anunciado por carta que huye de España. Jordi Turull acababa de llegar al Tribunal Supremo, citado por el juez Llarena, horas después de no lograr los votos necesarios para ser investido presidente de la Generalitat en la primera votación.
La suspensión automática de cargo público prevista en el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo se puede aplicar a los procesados por rebelión (no por otro delito, como la sedición) que se encuentren en prisión, por lo que no afectaría a ninguno de ellos, salvo que el viernes se les encarcele tras la celebración de la vistilla prevista.
El precepto exige que el procesamiento sea firme, condición que la resolución adquirirá una vez revisado por la Sala de lo Penal, lo que puede demorarse unas semanas. De ahí que si Turull ingresa en prisión antes de ser investido presidente de la Generalitat quedará en manos del juez Llarena la obtención del permiso penitenciario necesario para asistir al debate del Parlament, una petición que el magistrado rechazó en el caso de Junqueras, de Joaquim Forn (antes de que renunciara al escaño) y de Jordi Sànchez, cuando fue propuesto como candidato a 'president'.
De los procesados, aquellos no huidos ni encarcelados, estaban en libertad con fianzas de entre 60.000 euros (Rovira) y 150.000 (Forcadell). Los exmiembros del Govern abonaron 100.000 euros.
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