Autorizan ingreso a Chile de exguerrillero que participó en crimen intendente

Santiago de Chile, 28 dic.- La Corte Suprema de Chile autorizó hoy el ingreso al país del exguerrillero Hugo Marchant Moya, acusado de participar en un atentado que causó la muerte del intendente (gobernador) de Santiago Carol Úrzua, en 1983.

Marchant Moya, que cumple una pena de extrañamiento de 25 años, hasta 2017, intentó ingresar a Chile el pasado 30 de noviembre, pero fue detenido en la terminal aérea de Santiago por la Policía de Investigaciones.

Unos días después, y pese a una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que suspendió por 15 días la pena de extrañamiento, por razones humanitarias, el integrante del desaparecido Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue expulsado de Chile.

La resolución que el máximo tribunal dio a conocer este miércoles precisa que "se dispone que el amparado puede ingresar al territorio nacional por el lapso de tiempo a que se refiere la autorización del juez competente, esto es, quince días".

La medida fue adoptada por los ministros Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Juan Escobar y el abogado integrante Luis Bates.

Según fuentes judiciales, el fallo de la Corte Suprema conocido hoy, responde a un recurso que la familia del exsubversivo presentó tras ser expulsado y debido a los problemas de salud que sufre una de sus hijas.

El general Carol Urzúa fue asesinado por un comando del MIR el 30 de agosto de 1983, cuando comenzaban las jornadas de protestas masivas contra la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

Urzúa, entonces Intendente de Santiago, fue asesinado a la salida de su casa, en un barrio del sector oriente de Santiago, en un tiroteo en el que también murieron su chofer y su guardaespaldas.

Tras ser detenido por el crimen de Urzúa, Marchant fue condenado a pena de muerte, la que más tarde cambió a cadena perpetua.

Estuvo preso en Chile desde septiembre de 1983 hasta noviembre de 1992, cuando se le permitió salir del país y cumplir una condena de extrañamiento de 25 años en Finlandia.

Por el asesinato de Urzúa también fueron condenados a prisión perpetua Carlos Araneda Miranda y Jorge Palma Donoso, a quienes se les conmutó la pena durante el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), el primero constitucional tras la dictadura de Pinochet.