Los alcaldes de los mayores ayuntamientos de Navarra instan al Gobierno central a derogar la Ley de Estabilidad

Así lo han decidido en una reunión que han mantenido en el Consistorio pamplonés el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; la concejala de Economía Local Sostenible de la capital navarra, Patricia Perales; el primer teniente de alcalde de Tudela, José Ángel Andrés; la alcaldesa de Barañáin, Oihaneder Indakoetxea; el alcalde de Burlada, Txema Noval; el alcalde de Egüés, Alfonso Etxeberria; el de Estella, Koldo Leoz; el de Zizur Mayor, Jon Gondán; el alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena; el de Ansoáin, Ander Oroz; el de Villava, Mikel Oteiza; el de Sangüesa, Ángel Navallas, y el alcalde de Olite, Andoni Lacarra.

En el encuentro, han aprobado un acuerdo de rechazo al contenido de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y han instado al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para derogarla en el "espacio de tiempo más breve posible".

Según han acordado, esta ley limita el gasto que pueden realizar las entidades locales y prioriza el pago de la deuda. "Establece que el gasto de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB, marcado en el 2,2% para este año", han recogido.

Eso se traduce, por ejemplo, en que "se ha obstaculizado que los gobiernos locales puedan reforzar sus plantillas con el personal necesario para combatir las crecientes desigualdades, para luchar contra la emergencia habitacional, para modernizarse, etc.". "Y se les ha forzado a generar superávits millonarios que se destinan a pagar a los bancos mientras la precarización y las desigualdades se disparan", tal y como recoge el documento final de la jornada.

El texto aprobado, que será presentado en cada uno de los plenos de los ayuntamientos participantes como declaraciones, también recoge que los consistorios "informarán a la ciudadanía del contenido de este acuerdo a través de los medios a su alcance" y que lo notificarán a Gobierno de Navarra, al Parlamento de Navarra, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

El alcalde de Pamplona ha calificado de "muy productiva, constructiva y creativa" esta reunión de trabajo, que se han comprometido a repetir cada tres o cuatro meses. "Se trata de hacer una reflexión conjunta de un tema que nos preocupa mucho, la financiación local y las limitaciones que nos impone la ley de Estabilidad Presupuestaria", ha señalado.

Ha puesto en valor la "cooperación entre los diferentes municipios de Navarra" y se ha mostrado seguro de que "irá en aumento". Ha detallado que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Pamplona el remanente de tesorería es de unos 64 millones de euros y ha añadido que "esto quiere decir que, a pesar de que se ha llevado a cabo una buena gestión de las arcas municipales, los ayuntamientos tenemos las manos atadas merced a la ley que establece como prioridad absoluta el pago de los intereses de la deuda ante que otro gasto o inversión".

Joseba Asiron ha indicado que la citada norma "coarta la autonomía local" e "impide a las Administraciones locales mejorar las políticas sociales".

Por su parte, el teniente de alcalde de Tudela ha indicado que dicha ley es un "corsé" y "un freno para mejorar los servicios"; mientras que la alcaldesa de Barañáin ha comentado que "esta ley limita el límite de gasto". "Prevemos un mayor ingreso en 2017 pero no lo podemos gastar", ha expuesto.

El alcalde de Zizur ha señalado que la ley afecta a su municipio en "gran medida" y el primer edil de Egüés ha indicado que "no podemos dar más servicios, estamos atados de pies y manos". El representante de Tafalla ha criticado que la ley "nos juzga a todos por un rasero que no debiera ser el mismo". "Estas reuniones se van a mantener" entre los ayuntamientos, ha dicho.

'ATAQUE FRONTAL A LAS ENTIDADES LOCALES'

Los firmantes del documento están de acuerdo en que "la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y las limitaciones que supone su desarrollo son un ataque frontal a las entidades locales, sus competencias y su propia existencia, provocando un golpe durísimo al municipalismo".

"Esta ley tiene un marcado carácter recentralizador, mermando y limitando en gran medida el funcionamiento de las distintas administraciones al servicio de la ciudadanía, quedando muchos ayuntamientos prácticamente intervenidos, y sin capacidad para atender las necesidades ciudadanas más urgentes", indica el texto.

Por ello entienden que "ante las políticas de recentralización y de los recortes sistemáticos derivados de políticas de austeridad extrema, es necesario que se dote de mayor autonomía y potestad normativa a los ayuntamientos, y que no se les obligue a acumular superávits millonarios en la caja o a destinarlos a amortizar deuda".

Según añade, "las entidades locales necesitan esos recursos para asegurar la cohesión social, para apuntalar el tejido productivo local, generar actividad económica que reduzca el desempleo y para ayudar a quienes peor lo están pasando".

En este contexto, continúa, "los municipios de Navarra debemos seguir trabajando en la defensa de la autonomía que les corresponde por voluntad popular y por ley". "La reivindicación y el desarrollo de las competencias que tiene la Comunidad foral para la administración y organización de sus propias instituciones, son la mejor muestra de ello", indica.

"No es aceptable que la Ley de Estabilidad Presupuestaria usurpe esta potestad y someta a las entidades locales navarra a criterios económicos y presupuestarios que obstaculizan su buen funcionamiento y capacidad de inversión. Por tanto, con la aprobación y desarrollo de esta ley, a las entidades locales de Navarra se les niega la capacidad e iniciativa que les corresponde como institución. Y por supuesto, también a las entidades e instituciones del resto del Estado. Y esto no se debería aceptar", expone el documento.

A su juicio, "más allá de partidos e ideologías, se trata de defender la potestad económica y financiera de nuestras instituciones". "Entendemos que tiene que buscarse una posición común, compartida por todas las instituciones, para evitar que esta ley pueda seguir aplicándose y castigando a la ciudadanía de nuestros municipios", indica.