Lunes, 20.01.2020 - 19:43 h
La presunta financiación ilegal

Ayuso encuentra hasta 200 contratos con la cláusula que nutrió la 'caja B' del PP

La Comunidad de Madrid ha admitido la existencia de cientos de contratos firmados entre 2009 y 2013 con la cláusula del 1% que se investiga en la AN.

Esperanza Aguirre. / EMILIO NARANJO/ EFE
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. /EFE

No iba mal encaminado el magistrado Manuel García-Castellón cuando, en la pieza del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, detectó una cláusula específica para dotar la presunta 'caja B' para la financiación ilegal del PP. La Comunidad ha encontrado hasta 200 contratos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda que contienen dicha cláusula investigada por el juez de la Audiencia Nacional.

Según informa el diario 'El País', García-Castellón está indagando si las concesionarias de otros 16 acuerdos de ese departamento, y otros 34 de la Consejería de Sanidad, estaban obligadas contractualmente a dedicar un 1% del montante total a publicidad, que después contrataban con empresas que hacían las campañas electorales del Partido Popular. Estas compañías habrían cobrado de esta forma el dinero por sus trabajos para los 'populares', según los investigadores, que analizan contratos de carreteras que superan los 74 millones de euros.

La Comunidad de Madrid ha admitido la existencia de 200 contratos firmados entre 2009 y 2013 con la cláusula del 1% que se investiga en la Audiencia Nacional. Dichos acuerdos fueron firmados por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, o por la extinta Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), por lo que no incluyen los rubricados por la Consejería de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que también se encuentran bajo investigación. No obstante, las facturas siguen sin aparecer y tampoco hay constancia de que se emplearan en la trama. 

Todos estos contratos se firmaron durante las presidencias de Esperanza Aguirre (2003-2012) e Ignacio González (2012-2015), que durante sus declaraciones como investigados ante el juez negaron cualquier implicación en la supuesta trama. Los investigadores, sin embargo, detallan con precisión el mecanismo con el que el PP habría financiado supuestamente las campañas electorales que llevaron al partido a cosechar varias mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2015.

En el auto con el que el juez García-Castellón decidió en septiembre la imputación de Aguirre, el magistrado señalaba que "se aprovechó la existencia de contratos con elevados presupuestos que se iban a licitar desde algunas consejerías de la Comunidad, como eran los de construcción de obras, para introducir una cláusula en los pliegos de los mismos que obligaba a la empresa contratista correspondiente a abonar hasta un 1% de su presupuesto total para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada".

"Este fue el caso de las Consejerías de Sanidad y su ente adscrito, el Sermas, que habrían aprovechado el desarrollo del llamado Plan de Infraestructuras Sanitarias, que financiaba la construcción o reforma de nuevos hospitales y centros de salud", prosigue el magistrado, "y también el caso de la Consejería de Transportes, que atendía el Plan que financiaba la construcción de nuevas carreteras, al amparo del cual los investigados simularon la necesidad de contratación de publicidad".

"En este segundo supuesto, el desvío del dinero público se producía a través de las empresas adjudicatarias de cada contrato, que se veían obligadas a incrementar la oferta que presentaban al concurso en ese 1% para publicidad a la que les obligaba el Pliego", añade el escrito de García-Castellón, que alude a la posibilidad de que se hayan empleado facturas más que cuestionables, "muchas de ellas con publicidad que no se realizó".

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