Manuel Fuentes
Santiago de Chile, 7 mar.- Cuando el martes que viene Michelle Bachelet asuma de nuevo la presidencia de Chile se encontrará con un país que experimenta una desaceleración económica y en el que los ciudadanos, más conscientes de sus derechos, le exigirán que cumpla su ambicioso programa de gobierno.
En los últimos años Chile ha experimentado un notable despegue económico, pero también ha sido escenario de numerosas movilizaciones a causa de problemas sociales que Bachelet aspira ahora resolver en este segundo mandato.
Porque junto al auge económico -con tasas de crecimiento superiores al 5 %, una baja inflación y un desempleo que ronda el 6 %-, la pobreza y la desigualdad siguen siendo asignaturas pendientes en este país sudamericano.
Además de su cercanía con la gente, la también exdirectora de ONU Mujeres cuenta a su favor con una cómoda mayoría parlamentaria en ambas cámaras y con la experiencia de haber lidiado anteriormente con conflictos sociales como la revuelta estudiantil y las protestas por la implementación del sistema de transportes de la capital.
En comparación con su primer mandato (2006-2010), Bachelet dispone ahora de un respaldo político mucho más amplio, la Nueva Mayoría, una alianza de partidos de centro e izquierda en la que conviven formaciones con planteamientos ideológicos muy distantes, como la Democracia Cristiana y el Partido Comunista.
Por primera vez en la historia moderna del país, Chile tiene un gobierno dispuesto a introducir cambios sustanciales en el modelo neoliberal que puso en marcha el régimen militar (1973-1990) y que se asentó durante las administraciones de la Concertación (1990-2010) y de Sebastián Piñera (2010-2014).
La principal promesa electoral de Michelle Bachelet fue "terminar con la desigualdad" en una sociedad que goza de un sano crecimiento y una envidiable estabilidad pero con enormes brechas en la distribución del ingreso.
La Nueva Mayoría tiene los votos suficientes para aprobar iniciativas legislativas que le permitan cumplir con sus compromisos electorales, entre los que figuran la subida de los impuestos a las empresas, otorgar educación universal gratuita y mejorar el sistema de pensiones y los servicios públicos de salud.
Pero para aprobar una nueva Constitución necesita el apoyo de la oposición de derechas, muy diezmada y dividida tras su fracaso en las últimas elecciones presidencial y parlamentarias.
La holgada representación parlamentaria no significa, sin embargo, que todo lo que proponga vaya a ser aprobado, dado la heterogeneidad política de los partidos que integran la Nueva Mayoría y la necesidad de alcanzar primero acuerdos internos, puntualiza Jorge Rodríguez, economista de Corporación de Estudios para Latinoamérica.
Si el ritmo de expansión de la economía chilena se desacelera considerablemente, el segundo mandato de Michelle Bachelet no tendrá luna de miel.
Las protestas sociales que estallaron en 2011 con las acuciantes demandas estudiantiles se han extendido por todo el tejido social.
El reto que Bachelet tiene ante sí es cómo hacer frente a los nuevos movimientos sociales que han alzado la voz en estos cuatro años, desde los estudiantes hasta los ecologistas, pasando por los ciudadanos de las regiones aisladas y, desde hace mucho más tiempo, por los pueblos originarios.
Las altas expectativas de mejoras económicas y sociales para los sectores más desfavorecidos generadas con su triunfo electoral, podrían traducirse en una mayor expansión fiscal y ahondar el déficit en las cuentas públicas, advierte el economista Alejandro Micco, próximo al equipo de la mandataria.
En materia de relaciones exteriores, Bachelet tendrá que afrontar la demanda interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la que exige que Chile se avenga a negociar el otorgamiento de una salida soberana para el país altiplánico que compense la pérdida que sufrió en la Guerra del Pacífico, a fines del siglo XIX.
Además, bajo su administración se implementará el fallo del alto tribunal de las Naciones Unidas que el pasado 27 de enero asignó a Perú el dominio económico exclusivo de la zona marítima comprendida entre las 80 y las 200 millas siguiendo la línea equidistante a las costas de ambos países.
Y también tendrá que hacerse cargo de la controversia que Chile y Perú mantienen respecto a la frontera terrestre, que según las autoridades de Santiago está determinada por el llamado Hito 1, y según la de Lima, por la Línea de la Concordia, situada un poco más al sur.
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