Mijaíl Fridman es uno de los oligarcas rusos que se está viendo especialmente afectado por ser incluido en la 'lista negra' de oligarcas rusos vinculados a Vladimir Putin y al Kremlin. Por ello, el magante ruso ha tenido que desvincularse de las cúpulas de sus negocios para evitar que éstos se vieran afectados por las sanciones económicas impuestas con motivo de la invasión rusa en Ucrania. No obstante, puede que éste no sea su único problema, pues el despacho de abogados que le defiende en la causa que investiga la Audiencia Nacional por la quiebra del Grupo Zed, se encuentra "revisando y reajustando su actividad y el trabajo que desarrolla para sus clientes en Rusia".
Primero dimitió del consejo de Administración de LetterOne, 'holding' fundado por el propio magnate con el que controla la cadena de supermercados Dia, y de la junta de Veon (participada al 48% por el vehículo inversor), un proveedor global de servicios de internet con sede en Ámsterdam y cuyo principal mercado de operaciones se encuentra en Rusia. Una semana y media después, el fondo de capital riesgo Pamplona Capital Management busca la manera de desligarse del fondo creado por Fridman, su mayor partícipe y financiador, para evitar que su actividad se vea bloqueada por las sanciones de la Unión Europea.
Todo ello coincide en un momento en el que el fundador del Grupo Zed, Javier Pérez Dolset, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que imponga a Fridman y sus socios rusos una fianza de 1.900 millones de euros por presuntamente llevar a cabo una serie de maniobras para realizar un "reistrevo" (asalto, en ruso) con el fin de llevar a la tecnológica en una situación de insolvencia. Fuentes jurídicas consultadas por La Información señalan que esta solicitud, que se presentó a principios de esta semana, no ha obtenido aún ninguna respuesta del magistrado, quien puede pedir a las acusaciones y defensas que informen sobre la pertinencia de aceptar dicha medida cautelar, o rechazarla directamente.
Preguntado por este diario sobre el asunto, un portavoz de Baker&McKenzie, el despacho de abogados que coordina la defensa legal del multimillonario ruso en el procedimiento en curso en la Audiencia Nacional, ha señalado que en este momento no puede ofrecer datos sobre su relación con ningún cliente concreto, pero sí avanza que se están "revisando y reajustando su actividad y el trabajo que desarrolla" el bufete para su clientes en Rusia "a fin de cumplir con todas las sanciones aplicables y con la legalidad vigente". Añade que, "en algunos casos", esta tarea supondrá la "desvinculación total de las relaciones existentes".
Fridman, de origen ucraniano y residente en Londres, anunció que plantará cara a Bruselas e impugnará las sanciones económicas, después de tacharlas de "injustas" y basadas en "falsedades malintencionadas y deliberadas". En este contexto, el magnate situado en el círculo próximo al Gobierno ruso, se desmarcó en una carta de la actuación de Putin, al afirmar que "la guerra nunca puede ser la respuesta". En este sentido, tras manifestar su "profunda" tristeza", pidió el fin del conflicto en Ucrania y del "derramamiento de sangre".
El periplo judicial
El periplo judicial del empresario comenzó en agosto de 2019, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, le imputó en el denominado 'caso Zed', a petición de la Fiscalía Anticorrupción, para aclarar si lideró un plan, que habría sido ejecutado por sus socios rusos, para provocar la "asfixia económica" de la compañía tecnológica de Pérez Dolset (también investigado) e intentar adquirirla a un precio inferior al de mercado. Un año y cuatro meses después, el magistrado consideró que no había suficientes pruebas para acreditar que Fridman participó de forma "directa" o "indirecta" en los hechos objeto de investigación, por lo que le exoneró de cualquier responsabilidad.
Sin embargo, esta decisión fue revocada en julio de 2021 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ordenó volver a imputarle al entender que la investigación aún no se ha agotado y por tanto no se pueden descartar los indicios de su actuación, ya que le sitúan en "un segundo plano, pero con evidentes poderes de decisión". De este modo, el juez instructor se vio obligado a seguir investigando a Fridman por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, administración desleal, apropiación indebida, insolvencia punible y corrupción en los negocios, sin perjuicio de otros relacionados con conductas falsarias y fraudulenta.
La Sala de lo Penal ordenó volver a imputarle en julio de 2021 al considerar que aún no se puede descartar que no participó en la quiebra del Grupo Zed.
Asimismo, acordó llamar a declarar a varios de los directivos de las sociedades rusas que presuntamente participaron en la quiebra del Grupo Zed para poder adquirirla por 20 millones de euros, un precio muy por debajo de valor de mercado en ese momento. En este sentido, el juez también libró varias comisiones rogatorias, cuyo resultado aún está pendiente de recibirse, con el fin de esclarecer los movimientos de las empresas administradas por sus socios.
Pero esta no es la única investigación judicial en la que Fridman se han visto involucrado, pues otro juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, también le investigó por la compra de DIA en 2019. En poco más de un año, en diciembre de 2020, el magistrado decidió archivar el procedimiento contra el magnate al entender que no existen indicios de una supuesta manipulación de precios para devaluar las acciones de la cadena de supermercados y comprarla a un precio más bajo. Según señaló el juez en su auto, la bajada continuada del precio de las acciones se debió a "la evolución del negocio" producto de "una mala gestión" o a "la inadecuada política comercial y de inversiones".
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