La banca respira relativamente aliviada tras la convocatoria de elecciones anticipadas que anunció Pedro Sánchez este viernes. Además del Impuesto de Transacciones Financieras (ITF), medida ampliamente criticada desde el sector financiero, existen otra serie de leyes y reales decretos en tramitación gubernamental que también generaban recelos entre las entidades que se quedarán el cajón del Ministerio de Economía hasta, al menos, la constitución de un nuevo Ejecutivo.
Se trata de la creación de la Autoridad Macroprudencial y del Organismo de Protección al Cliente Financiero. El Fondo Monetario Internacional (FMI) lleva tiempo insistiendo en la creación de la primera de estas autoridades y era uno de los grandes proyectos de Nadia Calviño como ministra Economía y Empresa. Tiene por objetivo mitigar los riesgos sistémicos y, en el marco de su puesta en marcha, se ha dotado al Banco de España de facultades para limitar el crédito de las entidades y evitar burbujas.
El real decreto para la creación de este organismo está sometido actualmente a audiencia pública a la espera de llegar a Consejo de Ministros, un trámite que queda prácticamente descartado tras el fracaso de los presupuestos y la convocatoria de elecciones anticipadas a pesar de que el calendario de los comicios otorga cierto margen al Ejecutivo para seguir adelante con la iniciativa.
Lo mismo ocurre con la oficina de protección del cliente bancario, autoridad que estaba previsto que contase con capacidad sancionadora y cuyas decisiones iban a ser vinculantes en todas aquellas reclamaciones inferiores a 100.000 euros, según se desprende del borrador del Real Decreto elaborado por el Ministerio de Economía. La idea del ministerio es que esta autoridad atienda las quejas de los clientes de los bancos, que son ignoradas por las entidades en la mayoría de los casos a pesar de que el usuario tenga razón.
El plan inicial del Ejecutivo era dotar de recursos económicos a este instrumento, cuya creación es obligada por una directiva europea, mediante contribuciones de los bancos, pero en las negociaciones para su creación, que estaban en curso, el sector se ha opuesto firmemente a financiarlo completamente.
El 'sandbox' regulatorio sí que contaba con el apoyo del sector
Otra norma que se queda en el aire es el campo de pruebas regulatorio que tiene por objetivo fomentar la innovación financiera, también conocido como 'sandbox', o arenero. La iniciativa se enmarcaba en el antreproyecto de Ley de Medidas para la transformación digital del sistema financiero y, en a diferencia de las otras, sí que se contaba con el apoyo total del sector. Es más, todas las patronales del sector AEB, AEFI, CECA, Unacc y UNESPA urgieron ayer a la puesta en marcha, pues lo consideran un “paso esencial” para la digitalización del sector.
Otra medida que queda paralizada es la Ley de distribución de Seguros, así como la reforma del modelo de supervisión y regulación, por lo que quedará sin concretar la reestructuración de la Dirección General de Seguros, y el avance hacia un modelo 'Twin Peaks', cuya inicio, no obstante, se había retrasado al menos hasta finales de año, lo que no cayó bien entre las principales empresas de seguros.
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