Nuevas pruebas de calado en el caso Popular. El Banco de España ha entregado a la Audiencia Nacional nuevos datos sobre su actividad fuera del país. Esta vez hacen referencia a la presunta trama opaca de la que se habría valido la entidad en Luxemburgo en aras a refinanciar a clientes suyos a través de sociedades de dicho país y con la mediación de Thesan. De este modo cumplen con el requerimiento del magistrado y de la Fiscalía Anticorrupción que investigan este movimiento del banco con el que buscarían evitar que los balances reflejaran la provisión de pérdidas millonarias.
El supervisor entrega una extensa documental, a la que ha tenido acceso La Información, y en la que identifican los riesgos concedidos a un total de ocho clientes del banco extinto. El magistrado José Luis Calama Teixeira le pidió que pusiera la lupa en un total de 17 empresas que habrían sido refinanciadas a través de sociedades pantalla por su "frágil situación financiera". El magistrado cumplió con la petición de la Fiscalía Anticorrupción y solicitó también al Santander (en calidad de heredero del Popular) los expedientes de las operaciones financieras y su reflejo en las cuentas del Popular ante la sospecha de que con este movimiento el banco pudo eludir incluir las pérdidas su balance. El objetivo es que ahora los peritos designados en la causa analicen todos estos documentos para emitir su dictámen.
La petición inicial de esta diligencia partió de los grandes fondos personados en este procedimiento penal quienes apuntaron a la existencia de una estructura de empresas para refinanciar de manera irregular a clientes del banco apoyándose en el vehículo de inversión Thesan. También solicitaron la imputación en la causa del que fuera director del Departamento Legal del Popular, Tomás Pereira, a quien le atribuyeron el "diseño jurídico" de este entramado de sociedades instrumentales. El instructor accedió a esta última petición aunque acordó que le llamaría a declarar toda vez tuviera sobre la mesa el análisis del Banco de España y la documentación del Santander que en un primer momento rechazó incorporar a la causa.
Thesan y el despacho Nummaria
El CIRBE (Central de Información Riesgos del Banco de España) se pronuncia en relación a los riesgos que se concedieron a estos acreditados desde el 2012 hasta el 2017; año en que el Popular fue disuelto por la JUR. Entre las sociedades analizadas por el supervisor se encuentran Corporación Financiera Issos, de la que fue presidente el exministro socialista Miguel Boyer y que ya está disuelta o Fórum Negocios Motril, del Sur o Granada. El resto de empresas analizadas son Taler Real State; Sistemas Mecánicos Avanzados (identificada también como Gestión de Activos Nervión); Thepo Consulting y Tiffani Investments.
Cabe recordar que la causa del Popular cuenta desde octubre de 2018 con un informe de la Agencia Tributaria procedente de otro caso que se ha investigado en la Audiencia Nacional y es el relativo a Nummaria. Este procedimiento, en el marco del cual se sentarán en el banquillo de los acusados Imanol Arias y Ana Duato, detectó que el despacho Nummaria ya recurrió a Thesan para que sus clientes evadieran el pago de impuestos. Según concluyó el magistrado Ismael Moreno, esta firma de inversiones se valió del entramado impulsado por el bufete para eludir los correspondientes pagos al fisco. Con ese telón de fondo, el juez del Popular solicitó toda esta documental ante la sospecha de que el banco también podría haberse apoyado en esta sociedad luxemburguesa para no provisionar las pérdidas.
De hecho, los fondos también pidieron la imputación de Santiago Burgaleta, identificado como directivo de Thesan, para que aclarase en sede judicial cual fue la verdadera relación de las firmas implicadas y si el banco cometió irregularidades con estos acuerdos. Aunque el expresidente del Popular Ángel Ron descartó por completo que el banco quisiera falsear sus cuentas con este sistema, el testimonio prestado por el exdirectivo de riesgos del banco extinto, Carlos Fernández, en sede judicial hizo saltar las alarmas. El magistrado imputó a Fernández (actualmente responsable de riesgos de la dirección territorial de Castilla-La Mancha del Santander) tras informar al juez de una supuesta financiación de acciones al Grupo Villar Mir.
Dos versiones clave
Fernández acudió a declarar como testigo el pasado mes de diciembre pero al informar de la existencia de un correo en el que se atribuía al empresario financiación para participar en la ampliación de capital de 2016, el magistrado decidió imputarle. En su segunda visita a la Audiencia Nacional Fernández habló del asunto de Thesan y respondió a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción sobre este supuesto entramado irregular. Semanas después el magistrado daba luz verde a las diligencias arriba mencionadas y, además, ordenaba volver a incluir documentos del Santander que un primer momento apartó de la causa. Se trataba, según dijo, de operaciones con clientes particulares que merecen "un análisis individualizado".
Con todo, el testimonio de Fernández no es el único con el que cuenta el juez en relación a la trama luxemburguesa. El exvicepresidente del Popular José María Arias expuso en su interrogatorio como investigado en noviembre de 2019 que Pereira explicó al Consejo de Administración los motivos de la condonación de un deuda de 40 millones de euros de GAC40. La inmobiliaria Gestión de Activos Castellana 40, de la que se hizo cargo la entidad, no fue incluida en los balances hasta que lo ordenó el Banco Central Europeo. Pimco y el resto de fondos que perdieron sus inversiones con la caída del banco sospechan que es una de las empresas que el banco refinanció de manera fraudulenta con el entramado luxemburgués.
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