El exdirector general de supervisión del Banco de España Mariano Herrera ha defendido los detalles acerca de cómo se produjo el proceso de integración de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco cajas en el SIP que dio lugar a la creación de Banco Financiero y de Ahorros (BFA); en concreto, en lo que respecta a las provisiones de 9.000 millones de euros y que serían suficientes para un plazo de dos años, según ha afirmado en su declaración como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la salida a bolsa de Bankia.
El actual director general del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que llegó a estar imputado durante la instrucción de la causa, ha sacado pecho por los informes que elaboraron los inspectores del supervisor en relación a la fusión fría de las siete cajas y ha respaldado al exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez asegurando que se autorizó a cargar las pérdidas contra reservas y no contra resultados. Con todo, ha matizado que su departamento se limitó a "dar una opinión" pero que la decisión sobre autorizar estos extremos dependían de regulación. "Supervisión lo que entiende es que procede dar esa autorización básicamente porque las cajas no tienen realmente sentido económico", ha asegurado.
Según ha precisado, una vez se constituye el SIP las siete cajas dejaron de tener importancia económica puesto que mutualizaron sus riesgos y se acabaron convirtiendo en "sucursales" de la matriz de Bankia. De hecho, aunque traspasaron sus activos y pasivos a comienzos de enero de 2011 ya en diciembre se podía entender que se había cerrado el proceso de fusión y que tanto el departamento de regulación como el de supervisión estaban de acuerdo sobre este asunto así como sobre las escasas dudas de descapitalización de las cajas. "No suponía un riesgo grande", ha apostillado.
"El Banco de España es un supervisor prudencial"
No obstante, Herrera ha querido dejar claro en más de una ocasión el papel del supervisor en este proceso de integración del SIP el cual, según ha asegurado, parte como iniciativa de las cajas que participaron en el proceso, pese a que algunos de los acusados que ya han declarado en este procedimiento apuntaron directamente al Banco de España como el organismo que ordenó sacar adelante esta fusión fría. Igualmente también ha trazado la distinción entre el papel de los auditores AFI y Deloitte -encargados de revisar las cuentas- del supervisor, el cual puso el foco en conocer si la entidad en cuestión disponía de recursos propios y si contaba con un 'colchón' suficiente. "Lo que interesa es que los ajustes se hagan y quede reflejado en el patrimonio, y eso se hizo", ha aseverado.
Preguntado por la fiscal Anticorrupción del caso, Carmen Laúna, acerca de si tenía conocimiento de que hubiera consenso para que ninguna de las cajas que participaron en el SIP dieran balance negativo, el directivo del FGD ha asegurado que no le constaba ese extremo de la misma forma que desconocía el informe que elaboró PwC en 2010 por encargo de Bankia y que planteaba una cifra de pérdidas mayor a la recogida en el plan de integración. De hecho, dicho estudio, que para el Ministerio Público es crucial, expuso que era necesario un rango de ajuste de alrededor de unos 11.500 millones de euros. Al respecto ha dicho que no lo conocía íntegro sino tan solo una parte del mismo que se entregó a Pedro Comín, exdirectivo del supervisor.
Precisamente ha reconocido reuniones semanales con Comín y con el director del departamento de inspección Pedro González para estudiar la evolución del banco, si bien ha asegurado que desconoce los famosos correos electrónicos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus que envió a sus jefes durante ese período de tiempo y en los que se alertaba de la viabilidad del Grupo BFA Bankia. De hecho, sobre este asunto concreto se pronunciará el propio Casaus que está citado a declarar en calidad de testigo el próximo 9 de abril de acuerdo con un escrito del tribunal adelantado por Efe y al que ha tenido acceso La Información.
En lo que respecta al proceso de salida a bolsa, y que según la acusación se llevó a cabo con las cuentas de ese ejercicio "maquilladas" para lograr captar el mayor número posible de inversores, Herrera ha asegurado que el supervisor no se opuso a esta alternativa, de la misma forma que el control del folleto informativo que elaboró la cúpula de la entidad con motivo de la salida a bolsa -y por el que Anticorrupción atribuye el delito de estafa de inversores a los cuatro principales acusados del procedimiento- no era competencia del supervisor, sino de la CNMV.
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