El juicio que acoge desde el pasado mes de septiembre la Audiencia Nacional por tres operaciones inmobiliarias del Banco de Valencia, encara este lunes su recta final con los informes de las partes. De esta forma, los principales acusados por las inversiones que dejaron un agujero patrimonial de 160 millones de euros, alegarán que estuvieron supervisadas por el Banco de España.
Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, ésta será la principal baza a la que recurrirán el exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra y otros seis acusados en el procedimiento, quienes afrontan penas de prisión que van desde uno hasta cuatro años por delitos de administración desleal y blanqueo de capitales. El otro alegato será, precisamente, que no se apropiaron indebidamente de las grandes cuantías que desembolsó la entidad antes de ir a la quiebra.
Además de Parra, se han sentado en el banquillo de los acusados el director de sociedades participadas inmobiliarias de la entidad Alfonso Monferrer; los empresarios del sector inmobiliario Salvador Vila; Fernando Polanco y Juan Bautista Soler (este último expresidente del Valencia Club de Fútbol), el notario Carlos Pascual de Miguel y Teresa Villalba.
Al igual que expusieron en su declaración ante el tribunal, expondrán -en este caso a través de sus defensas- que no sacaron rédito de estos tres pelotazos bautizados como Nou Litoral, Valenciana de Viviendas y Faverche Desarrollos. La Fiscalía, por su parte, apelará al impacto económico negativo que soportó la entidad valenciana y que cifró en 266.265 euros.
Tanto la excúpula de la entidad como los empresarios que participaron en los proyectos defendieron, y así lo volverán a reiterar en la fase final del juicio, la idoneidad de las inversiones. De hecho, Parra tildó de "éxito" que se les dejara participar en un 20 por ciento de la compra en 2013 de unos terrenos en las localidades de Pinedo, Campanar y Vergel (la denominada operación Nou Litoral) y dijo que confiaron en los empresarios que estaban detrás de los proyectos porque tenían una trayectoria inmejorable.
Se refirió, entre otros, al empresario Juan Soler, cuya declaración ante el tribunal fue mucho menos optimista que la del exdirectivo de la entidad valenciana. El expresidente del Valencia confesó que su incursión en dos de las tres operativas a través de su sociedad Urbanas de Levante hizo que pasara de amasar un patrimonio de 200 millones de euros a salir de la operativa queriéndose llevar hasta los folios de la empresa, del fiasco que supuso la misma.
La dinámica en cuestión consistía en que las sociedades compraban suelo no urbanizado, hacían un proceso de calificación urbanística (como poner alcantarillas o alumbrado) y posteriormente lo vendían revalorizado. Banco de Valencia, por su parte, participaba en estas inversiones (porque así lo permitía su plan estratégico) previa autorización del comité ejecutivo de la entidad. Sin embargo, la Fiscalía les acusa de recibir líneas de crédito y avales sin control suficiente y sin que las mercantiles de los acusados aportaran garantías suficientes para cubrir el riesgo, hasta que finalmente no se pudo seguir adelante en gran parte debido al impacto de la crisis económica.
Otro de los puntos que se abordarán en la fase de informes será quien es el verdadero damnificado por las operaciones desarrolladas en Valencia capital y los municipios de Chiva, Pinedo o El Vergel (Alicante). Ya al comienzo de la vista, tanto los letrados del FROB como del Banco de Valencia (que adquirió La Caixa en 2012 por la simbólica cantidad de un euro) expusieron que tenían que ser resarcidos con las cuantías acordadas en calidad de responsabilidad civil.
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