Bancos de Ecuador se oponen a reforma hipotecaria y sugieren enmiendas

Quito, 17 abr.- La Asociación de Bancos Privados (ABP) de Ecuador expresó hoy su desacuerdo con una reforma legal impulsada por el Ejecutivo que busca regular el sistema hipotecario, como una forma de evitar la situación dada en España.

César Robalino, director ejecutivo de la ABP, en un oficio remitido a la Asamblea Nacional, donde se tramita la reforma legal, calificó el proyecto como "absolutamente inconveniente" para los ecuatorianos.

El mandatario del país, Rafael Correa, envió la semana pasada a la Asamblea Nacional el proyecto legal que, entre otras cosas, busca limitar el monto al que debe ascender la responsabilidad del deudor, para evitar que la ejecución de la hipoteca se extienda a todos sus bienes personales.

El proyecto propone que la hipoteca de una persona que no pueda hacer frente a los pagos se salde con la entrega del inmueble, aunque solo para préstamos de un máximo de 146.000 dólares.

"Con esta reforma legal se podrá evitar en Ecuador una situación similar a la que lamentablemente está pasando en España", donde se nota un "abuso absoluto del capital sobre los seres humanos", afirmó recientemente el mandatario.

De su lado, el director de la Asociación de Bancos dijo temer que con la eventual aprobación del proyecto legal, se desaliente la construcción, el crédito inmobiliario y a los mismos ciudadanos que quieran adquirir una vivienda familiar.

Además, advirtió de que si se aprueba la ley las instituciones financieras privadas pueden frenar la extensión de créditos para la adquisición de viviendas, rubro que crece en torno al 20,7 por ciento anual.

Robalino, en su oficio, señala, por ejemplo, que los bancos y mutualistas pueden endurecer las metodologías para la calificación del riesgo crediticio, dado el eventual debilitamiento de las garantías hipotecarias.

Por esa y otras razones, agrega, "este proyecto será altamente perjudicial" y requiere de una "profunda y detenida revisión".

Asimismo, la ABP sugirió que la reforma legal enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional incorpore algunas de sus sugerencias, en virtud de que es probable que sea aprobada por el órgano parlamentario.

Propone, entre otros, que la ley afecte solo a los créditos hipotecarios que sumen como máximo 200 salarios mínimos vitales (58.400 dólares); es decir menos de la mitad del monto propuesto por el Ejecutivo de 500 salarios mínimos vitales (146.000 dólares).

Asimismo, propone que sea el deudor el que contrate una póliza de seguro del crédito hipotecario, que cubra la pérdida del valor del bien y el riesgo de incumplimiento de la obligación.

Además, sugiere que las instituciones financieras no estén obligadas a recibir el bien hipotecado en "dación de pago", aunque se podría acordar con el deudor ese mecanismo para que se extinga la deuda.

"Estas sugerencias en algo puedan mitigar los riesgos que este proyecto de ley crea", por lo que la ABP confía en que puedan ser incluidas al texto legal propuesto por el Gobierno, agrega el oficio de Robalino.