Báñez pide serenidad a los partidos, que la acusan de engañar a pensionistas

Madrid, 5 dic.- La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha pedido hoy responsabilidad y serenidad a los grupos parlamentarios de la oposición, que la han acusado de engañar a los pensionistas por no haber actualizado las pensiones con la desviación del IPC de noviembre, como dice la ley.

Durante la comparecencia de la ministra en la Comisión del Pacto de Toledo, Báñez también ha respondido sobre el uso del fondo de reserva de las pensiones, que el Gobierno ha utilizado dos veces en un año, la última para pagar en diciembre a los pensionistas.

Todos los grupos de la oposición han acusado a la ministra de haber mentido, y la Izquierda Plural y UPyD han sugerido que debería dimitir por ello.

Además, los portavoces de los partidos, a excepción del popular, han lamentado que el Ejecutivo haya tomado la decisión de no actualizar las pensiones sin consultar con el resto de la Cámara Baja o con los agentes sociales.

Ante las criticas, Báñez ha lamentado algunas afirmaciones "alarmistas" porque considera que se alejan del espíritu del Pacto de Toledo de preservar la seguridad hacia los pensionistas.

Ha señalado que, a diferencia de lo que hizo el PSOE, que congeló las pensiones en 2011, el Gobierno ha aprobado que unos 6,7 millones de pensionistas con una pensión inferior a 1.000 euros la vean incrementada en 270 euros al año de media en 2013, un 2 %, y que al resto se le subirá un 1 %.

También ha recordado que desde el inicio de la crisis hay 2,9 millones menos de cotizantes a la Seguridad Social, lo que implica una reducción de 4.173 millones de ingresos por cotizaciones al año como media.

Además, ha señalado que entre 2005 y 2011 se han generado casi 40.000 millones de carga "impropia" a la Seguridad Social en materia de separación de fuentes.

Sobre el uso del fondo de reserva, Báñez ha recordado que los recursos de la "hucha de las pensiones" están para usarlos según lo establecido cuando se creó y que la opción ante las actuales circunstancias era "o no pagar las pensiones o pedir un préstamo".

Asimismo, ha explicado que el límite del uso del fondo lo determina la intervención general de la Seguridad Social, que es un órgano fiscalizador independiente.

Respecto a la inconstitucionalidad que supone la no actualización de las pensiones, como plantean algunos partidos, la ministra se ha planteado que si no ha sido inconstitucional congelarlas "cómo va a serlo el subirlas".

La diputada socialista Isabel López I Chamosa ha criticado al Gobierno por haber engañado a los ciudadanos sobre las pensiones, pero también por la subida del IRPF, del IVA o el copago de medicamentos que, según la diputada, han reducido las pensiones hasta un 15 % en algunos casos.

También el portavoz de CiU Carles Campuzano ha dicho que los pensionistas han perdido un 8,1 % de poder adquisitivo desde 2010 y ha criticado al Ejecutivo por incumplir el Pacto de Toledo y que la ministra haya comparecido después de haber aprobado el decreto y no antes.

Desde la Izquierda Plural, Joan Coscubiela ha recordado que el PP votó a favor de la moción de su grupo que instaba al Ejecutivo a revalorizar las pensiones conforme al IPC de noviembre y que fue aprobada en el Congreso el 30 de octubre.

En este sentido, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha pedido a la ministra que explique qué ha pasado este último mes para que el Gobierno haya cambiado su decisión después de votar a favor de la moción de la Izquierda Plural.

Desde el PNV, su portavoz Emilio Olabarría ha criticado que el Gobierno considere "un acto de responsabilidad" no compensar a los pensionistas y ha sentenciado que es la primera vez que se califica así al "incumplimiento" de una ley.

Por su parte, la diputada del BNG Olaia Fernández ha subrayado que la reforma laboral está perjudicando los resultados de la Seguridad Social porque facilita el despido y hay menos trabajadores cotizando.

El portavoz de Amaiur Sabino Cuadra ha acusado al Gobierno de ocultar su decisión "premeditadamente" para evitar los costes electorales en los comicios del País Vasco, Galicia y Cataluña. EFE

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