El pequeño parón en el juicio por la salida a bolsa de Bankia está sirviendo a las partes de la causa para terminar de perfilar las conclusiones que presentarán a partir del próximo lunes en esta nueva fase del procedimiento, el cual encara ya su recta final. De este modo, los principales denunciantes del presunto maquillaje de los estados financieros de 2010 y 2011 mantendrán ante el tribunal de la Audiencia Nacional que los acusados cometieron delito de falsedad contable además de estafa de inversores, según fuentes de la investigación consultadas por este diario.
Tras ocho meses de vista oral, las acusaciones no solo ratificarán los argumentos que recogieron en sus escritos de conclusiones provisionales sino que también se ampararán en su gran mayoría en la pericial de los inspectores del Banco de España Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras. Ambos expertos expusieron en sede judicial durante más de cuatro semanas todos los extremos plasmados en sus informes periciales, solicitados a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Los mismos determinaron que las cajas que integraron el SIP que dio lugar a Bankia ocultaron deterioros y que los estados financieros del banco de dichos ejercicios no reflejaron la imagen fiel del mismo.
Otro de los asuntos en los que se apoyarán las acusaciones será la incorporación de más pruebas de cargo; en concreto, los nuevos correos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus, contrario a la salida a bolsa de la entidad en julio de 2011. Se trata de cuatro nuevas comunicaciones que ya obran en la causa después de que la acusación que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) así lo alegara al considerarlas "sumamente relevantes". En concreto constituyen cuatro mensajes internos que se intercambiaron en el supervisor entre los meses de enero y abril de 2012 y en los que Casaus (que se refirió a los mismos en su testifical de abril) advirtió acerca de la inviabilidad del grupo justo antes de la intervención del FROB.
El criterio de Anticorrupción
Con todo, las acusaciones están pendientes de la postura que adopte este lunes la fiscal Anticorrupción al frente del caso, Carmen Laúna. El Ministerio Público llegó al juicio acusando a la entonces cúpula de la entidad, esto es a Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons, por delito de estafa de inversores. Sin embargo, ya en las cuestiones previas Laúna dejó caer que al término del procedimiento que arrancó en noviembre podría incluir delito de falsedad contable. Lo hizo amparándose en las cuentas de 2011 según las cuáles Bankia contaba con un beneficio de 304 millones de euros si bien la reformulación de las cuentas puso de manifiesto deterioros por 4.690 millones de euros.
Por ese motivo, las principales acusaciones estarán pendientes del pronunciamiento de Carmen Laúna el cual influirá no solo en las conclusiones del resto de acusaciones particulares y populares personadas en este procedimiento que arrancó en la Audiencia Nacional hace ahora siete años, sino también en el criterio que sigan las defensas de los 34 acusados. Tanto es así que muchos de ellos hicieron alusión a la 'doctrina Botín' durante las primeras sesiones de juicio para evitar sentarse en el banquillo por estos hechos. Sin embargo, el anuncio de la fiscal que se materializará en un endurecimiento de la pena contra los principales acusados, descartó de facto esta posibilidad.
Menoscabo para los pequeños ahorradores
Así, el movimiento 15MpaRato, la acusación más veterana personada en la causa, pondrá el foco en el delito recogido en el artículo 282 bis del Código Penal relativo a la estafa de inversores. De este modo, basa su actuación en la causa en las presuntas irregularidades recogidas en el folleto de salida a bolsa y en el conocimiento que podrían tener de estos hechos los principales investigados. Al respecto desacreditan las versiones mantenidas por algunos acusados, como el expresidente del banco Rodrigo Rato, el cual apuntó directamente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el responsable de que se forzara al debut bursátil.
Las acusaciones, con el Ministerio Público a la cabeza, expusieron que la información que recogía el folleto de la OPS no solo vino precedida de una campaña para atrapar a los pequeños ahorradores sino que también hizo que el desconocimiento que tenían de la operación les llevara a asumir un riesgo "extraordinariamente superior" al que conlleva una inversión de este tipo. Precisamente, el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo habilitó una sesión el pasado mes de mayo en la que escuchó a los accionistas perjudicados por la salida a bolsa. "Nos sentimos estafados. Fue una mentira", alegaron los citados en sede judicial.
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