La salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 no solo está exenta de irregularidades sino que, además, contó con la supervisión continua y el visto bueno del Banco de España, de acuerdo con un nuevo peritaje incorporado al procedimiento. Según el documento, entregado por parte de la entidad nacionalizada, el supervisor tuvo "conocimiento profundo" de todo lo que acontecía en el banco presidido entonces por Rodrigo Rato y, prueba de ello, es que no hubo expediente sancionador por los hechos que ahora juzga la Audiencia Nacional.
El informe, adelantado por Efe y al que ha tenido acceso este diario, recoge las conclusiones plasmadas por Germán López Espinosa, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Navarra. Según el mismo, no se produjo delito de estafa a inversores ni falsedad contable, tal y como apuntan las acusaciones de esta causa, puesto que el grupo sometió toda su actuación al cumplimiento de la normativa del supervisor. Además, también se ampara en el control que se ejerció desde el FROB, la CNMV y la EBA (Autoridad Bancaria Europea) para dar por válidas las actuaciones de la entidad durante los ejercicios 2011 y 2012.
De hecho, apunta que la CNMV revisó que la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Bankia cumpliera con todas las exigencias necesarias, y por eso, el folleto en cuestión no recogía ninguna estimación o previsión de beneficios, siempre según este documento de 358 páginas. También descarta que hubiera "deficiencias informativas o errores materiales", en clara contraposición con la tesis del Ministerio Público que sostiene, desde que comenzó la instrucción del caso hace seis años, que a los minoristas se les ocultó la verdadera situación "crítica" de Bankia en el folleto de salida a Bolsa para conseguir así cumplir con las exigencias de capital requeridas. "No existía promesa fundada de dividendos", concluye el perito sobre este punto.
Con todo, asegura que, lejos del "maquillaje de los estados" a los que se refiere la Fiscalía Anticorrupción, el tríptico relativo al debut bursátil de la entidad recogía 36 posibles factores de riesgo; entre ellos, el alto nivel de créditos brutos otorgados a promotores inmobiliarios (en concreto 32.950 millones de euros) o la necesidad de que se cumplieran las hipótesis macro de recuperación económica. Sobre esto último recuerda que hasta el Banco Central Europeo contaba con unas expectativas erróneas de que el Euribor continuaría subiendo hasta llegar al 2,3 por ciento en 2012, si bien acabó el año con niveles del 0,19 por ciento; "buena muestra de lo impredecible que fue la crisis".
Crisis sin precedentes, imposible de predecir
Igualmente, el perito determina que queda "cristalino" que no se produjo ninguna estrategia de cara a anticipar la mayor parte de los gastos por deterioro en estos ejercicios para que los trimestres siguientes se pudieran reconocer beneficios, puesto que el ajuste efectuado en las cuentas de 2011 al respecto supuso un 7,8% de los deterioros por riesgo de crédito que se registraron al siguiente año. Por tanto, el devenir del banco quedó claramente marcado por la "dureza" de la crisis financiera y económica, la cual no se pudo predecir ni desde Europa ni desde la cartera de Economía a cuyo frente se encontraba Luis de Guindos.
Es más, considera que Bankia hubiera sido capaz de dotar provisiones semestralmente por valor de 3.000 millones de euros de media, lo que le hubiera podido permitir acomodar unos deterioros, después de la salida a Bolsa hasta finales de 2012, de cerca de 16.000 millones de euros. Explica que el Grupo BFA no pudo haber conocido las pérdidas del ejercicio 2011 hasta, como mínimo, marzo de 2012, teniendo en cuenta que gran parte de las sociedades inmobiliarias del mismo provenían de Bancaja y la integración tecnológica de esta caja no se hizo hasta abril de 2012.
El catedrático también se remonta a la constitución del SIP para matizar que se aportó "lo mejor del negocio financiero" de las siete cajas que lo constituyeron y que la operación se hizo con los activos de mayor calidad. Sin embargo, el fiscal Alejandro Luzón expuso en su escrito de conclusiones provisionales que el "colapso" de Bankia en mayo de 2012 no puede entenderse como algo desligado de la gestión precedente que se hizo en las cajas de ahorro (con especial mención a Caja Madrid y Bancaja); de ahí que reprochara a las autoridades económicas que vieran en el SIP la solución a todos los problemas que éstas venían arrastrando.
De hecho, aunque la Audiencia Nacional les libró definitivamente de sentarse en el banquillo de los acusados, la excúpula del Banco de España y de la CNMV -entre ellos el antiguo gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la CNMV Julio Segura-llegaron a declarar como imputados a petición de acusaciones como la que ejerce la CIC precisamente por la supervisión en el debut bursátil de la entidad. No se libró de ser juzgada Deloitte, que junto con Bankia y BFA son las tres personas jurídicas que podrían ser responsables penales por la gran caída del banco que acabó costando al Estado un rescate de más de 22.000 millones de euros.
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