CaixaBank sería un poco menos catalana si logra completar la fusión con Bankia y convertirse en la principal entidad financiera del país. Es la conclusión a la que llega el área económica del Gobierno que, al alimón entre Moncloa y la Vicepresidencia tercera, ha bendecido la operación en marcha. Y es que la fusión tiene su vertiente política precisamente cuando se van a cumplir exactamente tres años del 'tsunami' que supuso para la histórica entidad con centro de operaciones en la avenida Diagonal de Barcelona trasladar su sede social a Valencia por el procés. El independentismo, por su parte, no ha reaccionado precisamente bien a la unión.
Adelante. Pedro Sánchez y Nadia Calviño han dado el plácet a la fusión que integra las dos antiguas cajas madrileña y catalana. La operación, que todavía tiene que concretarse, tiene sus aristas en el entorno independentista donde, precisamente, en este momento las aguas bajan revueltas con una convocatoria electoral anunciada pero no concretada y una antigua Convergència, siempre cercana al entorno Caixa, en descomposición. El Ejecutivo central ve con buenos ojos la operación porque en el terreno ajeno a la economía y los negocios supone un paso más en el alejamiento de la 'catalanidad' de una entidad, la más importante de la comunidad, cuya opinión y actitud política siempre es tenida en cuenta en La Moncloa. En realidad el traslado de la sede social a Valencia fue el primer paso y ahora, si termina concretándose la fusión, lo será aún mayor.
Que la fusión no ha gustado en el independentismo ya ha quedado demostrado públicamente. El nuevo conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Ramón Tremosa, afirmó este viernes que el Govern se ha sentido apartado de las negociaciones y que al Ejecutivo catalán le gustaría que "CaixaBank volviera a Barcelona". El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se manifestó en la misma línea asegurando que es una "mala noticia". Es decir, tanto Quim Torra como los de Oriol Junqueras han estado alejados de una decisión que, en otros tiempos, debería haber contado con, al menos, su opinión o información.
El Gobierno ha guardado en todo momento un silencio sepulcral de la operación hasta que ambas entidades comunicaron a la CNMV sus negociaciones. Silencio en público, ya que Sánchez y Calviño estuvieron el lunes con la plana mayor de la banca y la fusión pasó totalmente desapercibida. Allí estuvieron, en un gesto de complicidad con Moncloa, Ana Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA)... y los dos protagonistas del momento: Isidre Fainé (Caixa) y José Ignacio Goirigolzarri (Bankia).
Silencio también de la parte socialista del Gobierno con sus socios de coalición. Y es que ni Sánchez ni Calviño dijeron nada a Unidas Podemos sobre esta operación. Pablo Iglesias y sus ministros se enteraron por los medios de comunicación de las intenciones y eso, en un Ejecutivo basado en la confianza mutua, chirría. De hecho Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y principal economista de Podemos, arremetió con dureza contra la fusión y apostó por que Bankia se convierta en un embrión de "banco público". Esta pretensión no es nueva y, aunque quedó apartada del acuerdo de Gobierno de diciembre, podría recuperarse por los socios de los socialistas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
CaixaBank y el 'Ibex catalán'
CaixaBank, o La Caixa, ha sido históricamente el más destacado exponente del llamado 'Ibex catalán' con el histórico Isidre Fainé como su principal rostro visible. Este grupo de grandes empresarios tuvo sus más y sus menos con el Gobierno central, especialmente durante la etapa de Mariano Rajoy. Fueron tiempos turbios. Desde Moncloa se les pidió con insistencia mayor contundencia a la hora de hacer frente al independentismo y la gran empresa se movió, en ocasiones, entre la espada y la pared de dos proyectos políticos enfrentados y sin posibilidad alguna de entenderse.
Pero cuando tuvo que hacerlo el 'Ibex catalán' se mojó. Y lo hizo prácticamente de la noche a la mañana, con Sabadell como punta de lanza en un traslado masivo de sedes sociales fuera del territorio nacional. Eso llevó a las entidades financieras a perder clientes y fondos, pero no tuvieron más remedio que romper con un plan secesionista fracasado que llevó a una parte del Govern a prisión y otra parte a tener que huir al extranjero.
Hay que recordar, además, que los VIP de la gran empresa catalana protagonizaron varios gestos de claro distanciamiento hace el independentismo ya con Torra en el Palau de la Generalitat. Uno de los días más importantes fue la reunión de octubre del año pasado del Cercle Financier de La Caixa, justo en la víspera del segundo aniversario del referéndum ilegal. La sede central de la entidad financiera en la Ciudad Condal fue ese día testigo de todo un desfile de autoridades económicas, desde el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y de la Confederación de Cajas de Ahorros (CECA), Isidre Fainé, hasta la consejera de Empresa, Àngles Chacón (destituida este jueves), pasando por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. También estuvieron el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y el presidente de la entidad, Jordi Gual, cuyo papel queda por definir. Pero ese día faltó el propio Torra que prefirió celebrar un acto en la montaña de Montserrat para conmemorar la consulta ilegal. Allí encendió 131 farolas como símbolo de todos los presidentes de la Generalitat y reivindicó el 1-O como fecha fundacional de "un camino imparable hacia la república catalana".
Con la previsible fusión se aleja definitivamente un plan que el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez-Llibre llegó a plantear de manera firme. En junio del año pasado, durante su intervención en la XXXV Reunión del Círculo de Economía de Sitges y delante de la plana mayor de las finanzas catalanas, el líder de los empresarios pidió a Torra que "descarte acciones que contravengan el ordenamiento jurídico y no estén acordadas con el Estado". Eso, dijo, sería un "gesto esencial" para promover el retorno de los cientos de empresas que abandonaron Cataluña por la situación política tras el 1 de octubre de 2017. Todo fue quedando diluido y ahora, enterrado.
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