"Nos han hecho pasar por un calvario. Es tener la sensación de que nos han utilizado como chivo expiatorio". Con estas palabras resume el exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, los ocho años en los que los acusados por la salida a bolsa de la entidad han esperado hasta dar por zanjado con un procedimiento en el que todos han sido absueltos de delitos de fraude y falsedad contable. El también expresidente de Banco de Valencia o Bancaja se pronuncia en declaraciones a este diario sobre la histórica sentencia de la Audiencia Nacional asegurando que se ha hecho Justicia y que "lo más duro" este tiempo ha sido ver sufrir a su familia.
La resolución conocida el pasado martes daba carpetazo a uno de los procedimientos más longevos de la Audiencia Nacional y trascendentales . Más allá de juzgar la caída de un banco, el tribunal se enfrentaba a la causa por la gran crisis financiera que azotó el país hace ahora una década. Precisamente, las inclemencias de la situación fue uno de los argumentos en los que se ampararon los magistrados para descartar el delito de falsedad contable. A esta tesis recurrieron sistemáticamente los acusados, incluido Olivas, el cual hasta demostró justo a las puertas de la vista oral que compró acciones del banco que presidía Rato por 150.000 euros y las mantuvo hasta 2011, cuando ya había dimitido de sus cargos en BFA y Bankia.
Ahora, y tras más de diez meses de juicio y cerca de un año de espera para conocer la sentencia, el también expresidente de la Generalitat Valenciana cierra un capítulo de su vida, tal y como relata en declaraciones a La Información. El expolítico recuerda que no hicieron nada "que no estuviera soportado legalmente" en referencia a los controles de Banco de España, CNMV y de la EBA. No obstante, le cambia el tono cuando se pronuncia sobre el plano personal: "Yo soy una persona con un carácter estable. No me vengo abajo fácilmente pero es muy duro porque al principio se insinuó de todo. Se dijo que habíamos metido la mano en la caja y se sufre mucho", razona.
"He tenido la conciencia tranquila"
Igualmente, apela a los ocho años transcurridos desde que la causa arrancara con las denuncias de UPyD y 15M Pa Rato y asegura que siempre ha tenido la conciencia tranquila, aunque lo que más le ha preocupado ha sido la familia. Olivas era una de las cuatro personas contra las que actuó la Fiscalía Anticorrupción en un principio. El Ministerio Público pedía cuatro años de cárcel para él por delito de fraude a inversores y falsedad en las cuentas. Se trataba de la pena más alta tan solo superada por la que se solicitaba a Rodrigo Rato en calidad de presidente de un banco que acabó recibiendo una inyección de 22.000 millones de euros del erario público. Sin embargo, la situación se recrudeció para todos ellos a medida que avanzó el juicio.
La fiscal Anticorrupción Carmen Launa, que sustituyó a Alejandro Luzón al frente de la causa tras su nombramiento como fiscal jefe de este órgano, decidió ampliar su acusación a más de una decena de exaltos cargos que se habían sentado en el banquillo por la acción de la acusación popular. Durante todo el juicio, Launa se esforzó por demostrar que Bancaja Hábitat, el ladrillo de la caja valenciana, fue en gran medida la responsable que hizo que Bankia no elevara el vuelo y que, dos años después de su nacimiento, acabara convirtiéndose en una "pesadilla" que pagaron todos los españoles. Olivas, que en el momento de creación del SIP él presidía la segunda caja más importante de la fusión (Bancaja) expuso en su interrogatorio que la creación de Bankia y de la matriz BFA fue casi como una imposición de las autoridades financieras y políticas de entonces.
"No hicimos nada que no estuviera soportado legalmente y que no contara con el visto bueno del supervisor".
También dijo que tanto Bancaja como Banco de Valencia estaban sometidos desde el año 2009 a un proceso de seguimiento continuo por parte del Banco de España. Precisamente, el conocimiento del supervisor en cada movimiento del banco se convirtió en la llave de salvación de los entonces gestores. La sentencia, de 442 páginas, no elude que se omitiera "de manera consentida" el detrimento que iba a suponer la participación de Bankia en BFA, pero sí insiste en que todo el proceso de fusión de las siete cajas, su presentación de cuentas, la redacción del folleto de OPS y hasta la reexpresión de los estados financieros de 2011 estuvieron monitorizados e "intensamente supervisados" por el Banco de España. Una versión que defendieron tanto los acusados en su turno de interrogatorio como sus abogados ya en la fase de periciales en las que los inspectores del supervisor que hicieron el peritaje de Bankia apuntaron en la dirección contraria.
La vista puesta en la CAM
Sobre este asunto vuelve a insistir Olivas: "No hicimos nada que no estuviera soportado legalmente y que no contara con el visto bueno del supervisor", asegura y recuerda que la autoridad bancaria europea respaldó a Bankia cinco antes de su salida a bolsa en verano de 2011 y que incluso se les exigió más que a la media en la operación de OPS al obligarles a tener el 40% de inversores institucionales. En el lado opuesto estuvo la Fiscalía Anticorrupción insistiendo en que se ocultaron deterioros desde la creación del SIP y que se maquilló la imagen fiel del banco para captar inversores mediante un folleto informativo que no recogía los verdaderos riesgos de la operación. La Sala, tras analizar todas las pruebas que han tenido sobre la mesa, asesta un duro golpe al Ministerio Público al concluir que las acusaciones no se concretaron; más bien fueron "proclamas basadas en premisas cuya veracidad están huérfanas de pruebas".
Los magistrados destacan un aspecto clave de los hechos y que será muy tenido en cuenta si esto llega al Tribunal Supremo. Consideran que no se cometió delito de falsedad contable no porque no se omitieran los detrimentos que se acabaron produciendo sino porque no tenían intención de alterar la imagen fiel del banco; máxime teniendo en cuenta que confiaban en el éxito del bautizado como Plan Rato; el mismo que el Gobierno de Mariano Rajoy declinó aplicar provocando su salida de la entidad. Ese mismo argumento lo empleó el Tribunal Supremo al revisar un fallo que se antoja clave para este caso por los paralelismos que apareja.
El alto tribunal corrigió a la Audiencia Nacional y absolvió a la excúpula de la CAM precisamente por el mismo motivo que ahora alude el tribunal de Bankia: "No hubo dolo". Los magistrados recriminaron a los exdirectivos sus incorrectas conductas "protagonizadas conscientemente". Ahora bien, las mismas las encuadraron, no en el objetivo de provocar un roto a la caja alicantina, sino en intención de captar a la desesperada más inversión. Así fue como decayó la falsedad contable, el mismo delito que se atribuyó a los 34 acusados del procedimiento y del que han quedado exentos de culpa.
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