La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el macrojuicio por la salida a Bolsa de Bankia pese a los reiterados intentos de muchos de los 34 acusados de sortear este procedimiento por el mayor rescate bancario del país. Hasta la propia entidad propuso a la Audiencia Nacional indemnizar con dos millones de euros a los 168 accionistas que todavía no han sido resarcidos y eludir así el temido banquillo.
En su escrito de defensa, Bankia -acusada como persona jurídica- cifró en 168 el número de accionistas que todavía no han recuperado sus inversiones en el debut bursátil de la entidad y propuso devolverles dichas cuantías, que ascienden a 1,9 millones de euros. A su juicio, ese es el número definitivo de afectados del total de 10.789 que han llegado a estar personados durante los cinco largos años de instrucción que ha durado el procedimiento.
Con este gesto buscaba la entidad sortear el banquillo de los acusados puesto que, resarcidos los accionistas que todavía no habían recuperado sus ahorros y expulsados del procedimiento todos aquellos que ya han sido indemnizados, se abre la vía para aplicar la conocida como doctrina Botín, avalada por el Tribunal Supremo y que deja abierta la posibilidad de archivar un procedimiento si solo ejerce la acusación popular.
Este va a ser uno de los alegatos que plantee el letrado de la entidad nacionalizada en las cuestiones previas del arranque del macrojuicio para evitar 'in extremis' un procedimiento que se avecina eterno (hay señalamientos hasta junio) y que ha dañado muchísimo la imagen del banco. De hecho, así lo plasmaron ese mismo escrito en el que aseguraron que el "único legitimado" para ejercer la acusación es el Ministerio Fiscal.
Se da la circunstancia de que el fiscal que dirigió este caso, Alejandro Luzón, solo propuso juzgar a cuatro del total de procesados. Se trata de Rodrigo Rato, en calidad de presidente de Bankia; José Luis Olivas, como vicepresidente y los consejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons -conocido como 'el héroe de las black'-. Pide para ellos penas que van de los dos años y siete meses hasta los cinco años de prisión por permitir la maniobra bursátil pese a a ser "plenamente conscientes de la inconsistencia del proyecto".
Deloitte tampoco se libra del banquillo
Criterio no compartido por el juez instructor, Fernando Andreu, que accedió a la petición de las acusaciones (ejercidas por la Abogacía del Estado, la CGT, la CIC o colectivos como el 15MpaRato) y procesó, con el respaldo de la Sala de lo Penal, al conjunto del Consejo de Administración que dio el visto bueno a las cuentas de 2011 y 2012, además del auditor de las mismas, Francisco Celma, y a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas.
Aunque exoneró a Deloitte de cualquier responsabilidad penal, la Sala corrigió esta decisión y ordenó sentar en el banquillo a la firma por su implicación en los hechos. La clave de este procedimiento es averiguar el grado de responsabilidad de todos los acusados en el maquillaje de unas cuentas que, lejos de presentar beneficios de 309 millones de euros en el ejercicio de 2011 acabaron arrojando pérdidas cercanas a los 3.000 millones.
Pese a que se trata de un juicio diferente al de las tarjetas 'black' (pieza separada de este procedimiento), para la mitad de los acusados va a suponer todo un 'dejà vu' puesto que se sientan de nuevo ante el mismo tribunal que les juzgó y condenó por estos hechos en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Es el caso de José Manuel Fernández Norniella, Estanislao Rodríguez Ponga, Ildefonso Sánchez Barcoj o los empresarios Arturo Fernández y Javier López Madrid, entre otros. A excepción de Rodrigo Rato, que será trasladado directamente desde prisión, el resto tienen que afrontar el temido 'paseíllo' ante la prensa y a buen seguro ante accionistas que aguardarán desde primera hora su llegada a los juzgados.
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