El juicio por la salida a bolsa del caso Bankia vuelve a reanudarse este lunes tras el segundo parón forzado debido a los problemas de salud de la fiscal al frente del mismo, Carmen Laúna. Tras la intervención del expresidente de la entidad Rodrigo Rato, le toca el turno a los otros tres exaltos cargos del banco contra los que el Ministerio Fiscal ejerce acusación: José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons. Todos ellos enfrentan una pena de cárcel que oscila entre los cuatro años y los dos años y siete meses por el delito de fraude a inversores.
Según fuentes jurídicas consultadas por La Información, esta nueva sesión de vista oral se reanuda con el exconsejero ejecutivo de Bankia y expresidente de la filial inmobiliaria de Bancaja, José Manuel Fernández Norniella. Al frente del interrogatorio volverá a estar el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, debido a que Carmen Laúna sigue de baja médica tras someterse de urgencia a una intervención quirúrgica que llevó a paralizar temporalmente el procedimiento contra los 34 acusados por presuntas irregularidades en el folleto informativo sobre el debut bursátil de Bankia.
El fiscal preguntará a Norniella por la situación de Bancaja Hábitat ya que, según recoge en su escrito de acusación, ocultaba gran parte de los deterioros que se arrastraron a las cuentas que ahora se investigan en este procedimiento penal, puesto que se trató de la filial inmobiliaria de Bancaja, una de las siete cajas que integró el SIP que dio nacimiento a la entidad que ahora preside Ignacio Goirigolzarri. El mismo escrito explica que Norniella, que se enfrenta a tres años de prisión, expuso en el Consejo de Administración del 12 de diciembre de 2011 la existencia de unos quebrantos no registrados de 1.484 millones de euros en Bankia y su matriz BFA.
En lo que respecta al interrogatorio al exvicepresidente del banco José Luis Olivas, fuentes de la defensa consultadas por este diario explican que se amparará, por un lado, en la supervisión que hizo de las cuentas el Banco de España, siguiendo de esta forma la línea marcada por el exvicpresidente del Gobierno de José María Aznar. Igualmente expondrá que no es verosímil que se le atribuya delito de falsedad en las cuentas (que le imputa la acusación popular y particular) en lo que respecta al ejercicio de 2012 en tanto que Olivas abandonó la entidad en noviembre del año anterior, por lo que no dio el visto bueno a esos estados contables.
El que fuera presidente de la Generalitat Valenciana explicará que tenía "pleno convencimiento" de la solidez de la entidad y, prueba de ello, es que mantuvo las acciones que adquirió por valor de 150.000 euros hasta tiempo después de su dimisión, a finales de 2011. Para ello se respaldará en varios informes entregados poco antes de que diera comienzo el macroprocedimiento y que el tribunal incorporó a la causa tras las primeras sesiones de cuestiones previas. En los mismos consta como Olivas y su mujer ampliaron la cartera de acciones de Banco de Valencia, pasando de 48.810 acciones en 2009 a 52.037 en 2011, lo que en ganancias se tradujo en 175.000 euros.
La Fiscalía, no obstante, centrará este interrogatorio en el "desmesurado incremento" que hizo Banco de Valencia de inversión crediticia en el sector inmobiliario, ya que en el tercer trimestre de 2011 llegó a representar hasta un 37,1% del patrimonio contable consolidado de la entidad. De hecho, Carmen Laúna fue especialmente incisiva en este punto durante el interrogatorio a Rato, si bien el entonces máximo responsable de la entidad se desvinculó de cualquier responsabilidad sobre el mal estado del banco valenciano que acabó comprando La Caixa.
En su declaración ante el tribunal, el exdirector gerente del FMI expuso que el Banco de España ordenó que había que incluir a Bancaja en la negociación de creación del SIP. Pero no solo responsabilizó al supervisor ya que también señaló a Deloitte por dar el visto bueno a las cuentas y apuntó además a las órdenes directas que le dio entonces el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de que la entidad tenía que salir a bolsa. Igualmente, ya en el último día de declaraciones, aseguró que toda la injerencia externa en este proceso llegó hasta su propia dimisión; auspiciada por el expresidente del BBVA Francisco González y ejecutada por el ministro de Economía Luis de Guindos.
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