La reforma del Código Penal en el año 2010 que permite la imputación de personas jurídicas rompió con la tesis hasta el momento acerca de las empresas o entidades no pueden cometer delitos. El cambio normativo que recoge la Ley Orgánica 5/2010 permitió a la Justicia exigir a todos estos entes que respondan penalmente en caso de comisión de algún tipo penal; una modificación que se ha sustanciado con la imputación, en lo que a entidades bancarias se refiere, de tales como Bankia, Banco Santander o la que el juez del caso Tándem ha adoptado para el BBVA por su implicación en el caso Villarejo.
De este modo, el cambio normativo hace ahora nueve años, propició que la entidad que ahora preside Ignacio Goirigolzarri acabara sentándose en el banquillo de los acusados por el presunto maquillaje de los estados financieros relativos a 2010 y 2011. En lo que respecta al Banco Santander, el magistrado que investiga la debacle del Banco Popular, José Luis Calama Teixera, consideró que tenía que rendir cuentas como persona jurídica en la causa en calidad de heredero del mismo. Sin embargo, la citación judicial de un representante legal del banco no llegó nunca a producirse en tanto la Sala de lo Penal revocó esta decisión del juez instructor desvinculándole de esta causa penal, al menos por el momento.
Con estos antecedentes se produjo la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar en el caso Tándem al BBVA por los encargos de espionaje que efectuó a José Manuel Villarejo durante más de una década y que podrían ser constitutivos de delito de cohecho, corrupción y revelación de secretos. Tras la solicitud de la Fiscalía, el instructor ha citado como investigado al banco en calidad de persona jurídica acogiéndose precisamente a la reforma del Código Penal que entró en vigor en diciembre de 2010.
Multas e inhabilitación
Este cambio legal permite que se pueda sancionar a las personas jurídicas en caso de que sean juzgadas y declaradas culpables. El catálogo de penas que incluye va desde la disolución y suspensión de actividades de la persona jurídica en cuestión a posibles multas e inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas así como para contratar con las administraciones públicas o beneficiarse de incentivos fiscales.
Cabe recordar que esta modificación se completó en el año 2015 con la ampliación de esta acusación a partidos políticos. De este modo, se abría la puerta a que se pudiera acusar a formaciones por delito de financiación ilegal. La aplicación práctica de este cambio normativo se aprecia en la imputación del Partido Popular como persona jurídica en el procedimiento por el borrado de los discos duros del que fuera su extesorero y gerente, Luis Bárcenas. La instructora de este caso, Rosa María Freire, acabó sentando en el banquillo de los acusados a la formación popular por delito de daños informáticos.
Los Pérez-Maura, el antecedente en el caso Villarejo
En lo que respecta a la investigación que sigue la Audiencia Nacional por presunto espionaje y extorsión de Villarejo a través de su entramado empresarial, existe un precedente de imputación de persona jurídica por delito de cohecho. Se trata de la mercantil de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura (Pérez y Cía S.L) por los pagos que efectuaron desde la misma a las empresas del agente encubierto. Misma dinámica, distinta pieza, puesto que estos hechos ya se indagan en la bautizada como 'Pit' la cual tiene como eje central el encargo efectuado al comisario jubilado por los navieros cántabros para frenar la extradición a Guatemala del primero de ellos.
La imputación de la mercantil, adelantada por este diario, se produjo igualmente a petición de los fiscales Anticorrupción a la que se adhirieron las acusaciones de la causa. De hecho, el partido político Podemos expuso en su escrito recogido que su citación era "indispensable" en tanto sus administradores únicos, los empresarios Pérez-Maura, también están imputados en esta pieza cuarta de 'Tándem'. Las acusaciones apuntalaron su petición en un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional según el cual la mercantil abonó un total de 7,48 millones de euros a las empresas del policía jubilado.
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