Lunes, 16.09.2019 - 02:49 h
Anticorrupción no acusa a la entidad 

Bankia pide al tribunal que expulse a los inversores resarcidos por la salida a Bolsa

La defensa del banco dice que solo 205 accionistas están legitimados para acusar puesto que el resto fueron indemnizados con 1.840 millones de euros. 

Bankia se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional
Imagen de Rodrigo Rato y los otros 33 acusados en este procedimiento/ EFE

Si ayer la Fiscalía apuntó a la responsabilidad penal de los acusados en el caso Bankia por la ruinosa salida a Bolsa, hoy la entidad ha respondido elogiando el plan que puso en marcha el actual equipo directivo en 2016 para resarcir a los inversores que perdieron sus ahorros. En su intervención en esta segunda sesión de vista oral, el abogado Joaquín Burkhalter ha apuntado en la misma dirección que en su escrito de defensa de septiembre asegurando que, de los cerca de 11.000 afectados que tuvo este procedimiento durante instrucción, solo 205 ostentan legitimación para acusar.

Eso es así porque este pequeño grupo de inversores (cifrado inicialmente en 168) no accedió al proceso extrajudiucial de compra de acciones que puso en marcha el banco y que costó al mismo 1.840 millones de euros. Los que sí lo hicieron no tienen cabida en este procedimiento penal, ha dicho, y, por ese motivo, ha pedido al tribunal de la Audiencia Nacional la expulsión de todos ellos del mismo.

El letrado, que ya representó a la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri en el juicio por las tarjetas 'black', no solo ha deslegitimado a algunos perjudicados que han aguantado los cinco años de instrucción de la vía penal sino que incluso ha afirmado que hay personas que han fallecido y, pese a ello, los colectivos que las representan no lo han comunicado al tribunal. También ha solicitado poder aportar al procedimiento nueva documental relativa a informes periciales, como uno sobre la "metodología" empleada por el Banco de España en su peritaje.

Las otras dos personas jurídicas contra las que se ejerce acusación -BFA y Deloitte- han reclamado, en dos alegatos muy similares, que se archive su causa en este procedimiento porque los perjudicados "no les imputan ningún hecho concreto". "Nos sentamos en el estrado sin saber de qué tenemos que defendernos", ha dicho el letrado de BFA, Alberto Ruiz. Por su parte, desde la auditora denuncian "nada se dice" acerca de los controles que burló la firma que dio el visto bueno a las cuentas que aprobó el banco, presidido entonces por Rodrigo Rato.

Previamente, los abogados de más de una decena de exdirectivos de Bankia han expuesto sus cuestiones previas que han girado principalmente en torno a la solicitud de que se aplique la 'doctrina Botín' y, por tanto, no se permita seguir personados a los acusados que han sido resarcidos por la entidad o que no son damnificados directos de la operativa bursátil. 

Al respecto, algunos letrados han seguido la línea de lo manifestado por la entidad alegando que, en calidad de perjudicado directo, solo tendría capacidad para acusar por falsedad en las cuentas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la inyección de 22.242 millones de euros de capital al Grupo Bankia para evitar su quiebra. Se da la circunstancia de que el FROB no acusa por este delito, al igual que la Fiscalía Anticorrupción, aunque esta última ya avanzó el lunes que podría cambiar de criterio a tenor de las pruebas que se vayan aportando a lo largo del procedimiento. 

El auditor de las cuentas: de testigo al banquillo

Muchos de los prestigiosos letrados que buscan evitar la continuidad de este procedimiento han alegado indefensión hacia sus clientes. "No sabemos quién nos acusa ni por qué", ha dicho el abogado de Francisco Celma, auditor de los estados. El exsocio de Deloitte pasó de declarar como testigo en la fase de instrucción al banquillo de los acusados puesto el juez Fernando Andreu concluyó tras su investigación que es "indudable" que sin su revisión de las cuentas no se hubiera permitido que Bankia operara en el parquet.

La representación procesal de Celma ha desmentido este aspecto asegurando que su visto bueno a los estados contables se produjo antes de que estuviera clara la salida a Bolsa y en un momento en que se valoraban diferentes actuaciones, como una operación de fusión, para conseguir capital. "Difícilmente se puede hablar de plan preconcebido porque era un futurible", ha apuntado. 

Muchos de los letrados piden igualmente que se declare nulo el auto de apertura de juicio oral de noviembre de 2017 porque sus representados no estuvieron presentes en las sesiones del Consejo en las que se aprobaron las cuentas relativas a los ejercicios que se investigan y las cuáles, según Anticorrupción, no ofrecían la imagen real de la entidad y se maquillaron a sabiendas del perjuicio que se podría causar a los pequeños inversores que acudieron a la misma. 

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios