Luis Bárcenas quiere poner coto a la investigación que sigue la Audiencia Nacional por la presunta caja 'b' del PP. El extesorero de la formación popular se ha opuesto frontalmente a que la causa que instruye el magistrado José de la Mata cuente con más pruebas relativas al pago que empresarios que habrían efectuado donaciones a la formación a cambio de tratos de favor en adjudicaciones públicas. Para ello alude que esta parte de las diligencias está finiquitada y que, además, no guarda relación con la causa abierta hace ahora cinco años.
Así lo razona su defensa en un escrito al que ha tenido acceso La Información y en el que se opone a incorporar al procedimiento la grabación que realizó el exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, al empresario Rafael Palencia en el año 2008. El que fuera mano derecha de Ignacio González grabó la conversación mantenida con el dueño del Grupo Degremont en la que éste admitió que había realizado un pago de 30.000 euros al PP. Se trata de un reconocimiento que coincide con las anotaciones que realizó el exgerente del PP en la contabilidad opaca que controló a nivel personal. En concreto, coincide con un apunte de entrada del 6 de mayo de 2008.
Es por ello que la acusación que ejerce IU en la también conocida como causa de los papeles de Bárcenas pidió que esta conversación -que figura en el sumario del caso Lezo- se incorpore ahora al procedimiento que dirige De la Mata y, más en concreto, a la pieza UDEF BLA. Esta pata de la macrocausa se reabrió en 2017 a tenor de las confesiones que prestaron el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y otros acusados en el juicio por la primera etapa de la red. El empresario sorprendió en la vista oral al apuntar a la existencia de un pago al PP de comisiones del 2 y el 3% por parte de constructoras como OHL y ACS para hacerse con obra pública.
Bárcenas desacredita a Correa
De la Mata consideró entonces que las revelaciones en pleno juicio por la etapa I de Gurtel eran "relevantes y útiles" y que lo más conveniente era abrir esa parte de la investigación sin que ello afectara a otras piezas de la causa tales como la relativa al juicio de la reforma por la sede del PP en la calle Génova. Bárcenas, por su parte, alega que la investigación de la pieza está archivada de manera provisional desde diciembre de 2019 y resta cualquier valor a las declaraciones efectuadas por Correa y otros empresarios. "Además de no tener sustento probatorio alguno ni en su momento ni posteriormente (...), no fueron ratificadas en la instrucción mencionada toda vez que ambos se acogieron a su derecho a no declarar", recuerda el exgerente del PP.
A falta de que el juez determine si incorpora o no las pruebas sobre estas presuntas donaciones que habrían ido destinadas a financiar determinadas campañas del PP, la acusación popular responde que estas grabaciones deben figurar en la causa precisamente porque se remontan a 2008, año que es objeto del procedimiento. La Audiencia Nacional ya determinó que la práctica de donaciones ilegales se llevó a cabo entre los años 1990 y 2008 y, no solo eso, sino que también se investigan diversos delitos fiscales de ese ejercicio como es el relativo al Impuesto de Sociedades del Partido Popular en dicho ejercicio fiscal.
Kitchen, la otra pata abierta
Además de este asunto, la causa de los papeles de Bárcenas suma otra investigación paralela que también tiene como protagonista al exgerente popular, aunque en este caso como víctima. Se trata de la bautizada como 'operación Kitchen'; operativo que se orquestó desde la cúpula del Ministerio del Interior que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz y por el que se le espió con fondos reservados. Se trata de unas pesquisas que se siguen también en el bautizado como caso Tándem relativo a todos los encargos de espionaje que gestionó el comisario jubilado José Manuel Villarejo desde su entramado empresarial por lo que se trata de un asunto que se sigue en dos causas separadas en la Audiencia Nacional.
Por su parte, Bárcenas reconoció en sede judicial que los documentos que le robó su chófer Sergio Ríos Esgueva en el año 2013 y que comprometen a la formación popular son suyos. El expopular siempre ha dicho que aportó a la Audiencia Nacional toda la documentación que tenía al respecto si bien se le sustrajeron cerca de una treintena de documentos que contendrían pagos de importantes empresarios a la formación popular. Entre ese material también aparecen anotaciones manuscritas sobre pagos de 200.000 euros de Sacyr para financiar de forma irregular la campaña de María Dolores de Cospedal a las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha en 2007 a cambio de adjudicarse un contrato de basuras.
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