La familia Bárcenas ya ha presentado su escrito de acusación por el espionaje al que fueron sometidos durante 2013 y 2015. El extesorero del PP Luis Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias y el hijo de ambos, Guillermo Bárcenas -más conocido como 'Willy'- consideran que tanto el comisario jubilado José Manuel Villarejo como el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tuvieron un papel esencial en la denominada 'operación Kitchen', que se urdió para arrebatar al que llevara las cuentas de los 'populares' toda la documentación que guardaba y que podía comprometer al partido. Por ello, les pide a cada uno de ellos 41 años de prisión por una decena de delitos entre los que se encuentran la asociación ilícita, secuestro, allanamiento de morada, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
En el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso La Información, la defensa también solicita que los acusados indemnice a cada uno de los miembros de la familia Bárcenas de 400.000 euros por los perjuicios ocasionados, a los que se deberá añadir la responsabilidad civil que se pudiera determinar en sentencia por del delito de malversación de caudales públicos. Es más, añade que el responsable civil subsidiario de los delitos que hayan podido cometer los funcionarios públicos que se sientan en el banquillo -entre los que se encuentra también el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino- es el Estado.
A lo largo de 48 páginas, el extesorero del PP y su familia exponen la existencia de una trama urdida entre altos mandos policiales, el Ministerio del Interior y el comisario jubilado José Manuel Villarejo con la que "orquestaron una operación parapolicial al margen de la ley con el fin de conseguir y destruir la posible información (...) que pudiese afectar al Partido Popular" para evitar que Bárcenas pudiera utilizarla en los procedimientos que en ese momento investigaba la Audiencia Nacional, como el 'caso Gürtel' y la caja 'b' en el partido.
Según indica la abogada Marta Giménez-Cassina en el escrito presentado en la Audiencia Nacional, la 'operación Kitchen' -bautizada así por Villarejo- fue dirigida "desde el Ministerio del Interior", comenzó a gestarse en 2012 y se empezó a materializar en febrero de 2013 tras la publicación en prensa de los denominados 'papeles de Bárcenas', que reflejaban una contabilidad paralela del PP. En este sentido, subraya que el titular de dicho departamento en dichas fechas era Jorge Fernández Díaz, quien "con conocimiento de su ilicitud y claro abuso de sus funciones ordenó a Francisco Martínez, quien fuera primero su jefe de Gabinete y, desde enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, poner en marcha una operación" contra el extesorero y las "personas de máxima confianza del mismo". Añade que el exministro "estaba al tanto" de todos los movimientos del operativo.
Seguido a esta introducción, el escrito presentado como acusación particular explica el papel que habrían tenido cada uno de las 11 personas acusadas por este operativo que se ha investigado en el marco de la séptima pieza separada de la macrocausa 'Tándem' (más conocido como 'caso Villarejo'), y cuya instrucción finalizó en julio de 2021. Así señala que Francisco Martínez -apodado por el comisario jubilado como 'Chisco'- "asumió la coordinación de la operación ilícita" y que, por ello, encargó "la planificación y desarrollo" al entonces DAO, Eugenio Pino.
La puesta en marcha
El que fuera máximo responsable de la Policía confió el espionaje a los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, así como a Villarejo. Éste último inició el operativo sirviéndose, por un lado, del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y, por otro lado, del que fuera responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño -conocido en la causa como 'El Gordo' o 'Big', como hacía referencia el agente encubierto en sus agendas-, que utilizó de la unidad especial de seguimientos para realizar "vigilancias a la familia Bárcenas y en definitiva tenerles controlados en todo momento".
Con ellos participó también el inspector jefe Andrés Gómez Gordo ('Andy' o 'Cospedín', para el comisario retirado) y jefe de Seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha. También el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Luis Olivera, que "pudo haber tratado de persuadir" al inspector Manuel Morocho, que elaboró los informes sobre la Gürtel y los 'papeles de Bárcenas'.
Sobre cómo empezó la operación, la abogada señala que el primer paso fue captar alguien de la "máxima confianza del entorno familiar", que resultó ser Sergio Ríos, el chófer de los Bárcenas, que "controlaba todos los movimientos que estos hacían y conocía en todo momento a qué personas veían, donde comían, se reunían y además escuchaba las conversaciones privadas de la familia cuando estaban en el vehículo familiar". La operación fue llamada 'Kitchen' -cocina en inglés- en su 'honor', ya que era el "cocinero" que podría "entrar hasta la cocina" del extesorero del PP. Por este trabajo, el conductor recibió 2.000 euros mensuales más gastos procedentes de fondos reservados, además de su ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, "aun no teniendo los requisitos exigidos para ello" con el fin de "asegurarse su silencio", subraya el escrito.
Testigos de interés
Así, como responsables de la 'operación Kitchen', los Bárcenas piden para todos los acusados 41 años de prisión, salvo para el chófer, para quien reclama 33 años de cárcel. Asimismo, para aclarar todos hechos, solicitan a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que llame a declarar a una treintena de testigos, entre los que se encuentran el inspector de la UDEF Manuel Morocho, el excoronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos para explicar cómo se reparten los fondos reservados; así como Silverio Nieto, el confesor y amigo de Fernández Díaz, que habría recibido un mensaje de "desahogo" de Francisco Martínez, en el que informaba que le habían llamado a declarar y que para defenderse podría afectar al que fuera su jefe y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. En el listado también incluye a Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, que fueron desimputados con el cierre de la investigación.
En el relato de los hechos, el escrito señala que, además de las "múltiples vigilancias y seguimientos" a Bárcenas, se realizó una investigación de "su entorno, despacho de abogados, amigos, localización de sititos a los que se desplazaba, listado de vehículos que pudiera utilizar, llegando incluso a realizar el clonado de sus teléfonos móviles". En esto último, participó directamente Sergio Ríos, que entregó los dispositivos a García Castaño en un restaurante Vips, aprovechando el traslado de los terminales al despacho de abogados que antes defendían al extesorero, que se encontraba en prisión provisional. De hecho, su estancia en el centro penitenciario de Soto del Real es una de las pruebas que, según la defensa, demuestra la existencia de un operativo parapolicial.
Acoso en prisión
El escrito describe que Bárcenas "sufrió un injustificado acoso por parte de los funcionarios de prisión que recibirían instrucciones de Instituciones Penitenciarias, que dependen del Ministerio del Interior, consistente en medidas y acciones que no eran habituales respecto a otros internos, registros constantes en la celda, cacheos integrales sin justificación real, sanciones, le obligaban siempre a estar en la misma cabina en los locutorios cuando recibía visitas de su abogado y después, cuando se le autorizó las visitas en sala, siempre era en la misma cuando lo habitual es que sean el letrado y el interno quien elijan donde se comunican". A todo ello, añade que "se le produjeron lesiones en las muñecas por ponerle mal las esposas en los traslados" y que fue clasificado como FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento).
Además, durante este periodo en prisión preventiva, algunos de los internos del centro estaban relacionados con Villarejo, según se desprende de las agendas de las agendas del comisario, subraya el escrito de acusación. Asimismo, apunta que la 'Kitchen' controlaba también a otros presos de confianza, como podría ser Isidro Sánchez Suárez, sobre el que Sergio Ríos dio el aviso de que Bárcenas le facilitó las claves de acceso a una nube donde se encontrarían unos archivos de interés.
Coincidiendo con la entrada en prisión preventiva de Bárcenas, la letrada Giménez-Cassina destaca otro hecho: el asalto por un falso cura en el domicilio de los Bárcenas. El 23 de octubre de 2013, Rosalía Iglesias, la empleada del servicio doméstico y Guillermo Bárcenas "sufrieron un secuestro" por Enrique Olivares García -condenado por estos hechos-, quien se disfrazó de sacerdote para obtener documentación "que pudiera hundir al Gobierno", según manifestó él mismo. El disfraz "no fue casualidad", indica el escrito de acusación, pues el chófer informó que la mujer de Bárcenas "es una persona muy religiosa" y que de ese modo "accedería a que entrara en su domicilio". Asimismo, el condenado argumentó que trabajaba en Instituciones Penitenciarias y que "quería informarle sobre la situación de su marido".
El disfraz "no fue casualidad", indica el escrito de acusación, pues el chófer informó que la mujer de Bárcenas "es una persona muy religiosa" y que de ese modo "accedería a que entrara en su domicilio"
"Después de haberse ganado la confianza" de los miembros de la familia, el falso cura sacó del maletín que portaba un revólver y les confesó "que el objetivo era apoderarse de dispositivos digitales de almacenamiento de información y de la documentación que tuvieran, los cuales, según manifestó, sabía estaban en el domicilio y supuestamente en el despacho del señor Bárcenas, sabiendo en qué parte del domicilio se encontraba situada tal estancia dado que también conocía el dato de que en dicho domicilio nunca se había practicado una entraba y registro", recalca el escrito. Para concluir el relato, los Bárcenas llaman la atención que "inmediatamente después" de estos hechos, aparecieron en el domicilio "multitud de agentes de seguridad del Estado de diferentes unidades" que se encontraban en las inmediaciones por la vigilancia a los que estaban sometidos.
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