Los investigadores de la caja B afrontan la declaración de Luis Bárcenas en la causa abierta por sus papeles con cierto escepticismo tras sus intervenciones en el caso Púnica y el juicio por la reforma de Génova. El extesorero popular tiene pendiente comparecer ante el magistrado Santiago Pedraz, que investiga ahora la contabilidad opaca del Partido Popular, para aportar nuevas pruebas, según dijo, que implicarían aún más a la antigua cúpula de la formación que lideró Mariano Rajoy. El instructor, que mantiene vivas las pesquisas a los supuestos donantes, tiene pendiente citarle a declarar tras dar luz verde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Sin embargo, la falta de pruebas empíricas ha rebajado notablemente las expectativas de esta nueva cita judicial.
Cuando el magistrado dio luz verde a esta diligencia, explicó que le citaría para el mes de abril debido a los problemas de agenda de su juzgado. No obstante, le instó a aportar toda la documentación que guardara en relación a los famosos sobresueldos en negro del partido o los pagos en B de donantes para las campañas electorales. Se trata de extremos a los que el propio exsenador hizo referencia en una carta remitida a la Fiscalía Anticorrupción días antes de que arrancara el juicio por la reforma de la sede del PP y en el que afronta una petición de cinco años de cárcel. La expectación, pues, era máxima, sobre todo teniendo en cuenta que incriminó directamente a Mariano Rajoy y a Dolores de Cospedal en el cobro de 20.000 euros cada uno de la caja B antes de liquidarla tras el estallido de la Gürtel.
Sin embargo, su declaración en sede judicial se desinfló al admitir que mucha de esta documentación que él atesoraba y que se llevó del partido tras su salida en 2013 se la robó la policía patriótica en un operativo ilegal. Así pues, Bárcenas no aclaró si se llegaron a destruir o no las pruebas que pudieran demostrar la veracidad de sus manuscritos y entre las que se encuentra un vídeo que grabó él mismo del entonces presidente del partido destruyendo las anotaciones que éste le enseñó sobre todas las entradas y salidas de esta caja. Las novedades a las que hizo alusión en su interrogatorio se ciñen a los pagos arriba mencionados además de la oferta que se le habría hecho llegar a través de un abogado cercano al partido de que modificara sus manuscritos publicados en prensa a cambio de medio millón de euros que podía entender también como su indemnización por el despido. Éste se negó.
A falta de seguir avanzando en la vista oral, Bárcenas también declaró en la causa Púnica. De nuevo aquí las fiscales Anticorrupción al frente del procedimiento solicitaron su intervención después de que se ofreciera a 'tirar de la manta' también en lo que respecta a irregularidades en el PP madrileño. Sus confesiones en sede judicial acerca de que recibió de manos de Luis Gálvez 60.000 euros para la campaña electoral de Esperanza Aguirre derivó en la imputación de este constructor. El que fuera dueño de Ploder ya había declarado en 2014 en la causa en la que ahora tiene pendiente de intervenir el exresponsable de las finanzas del PP. Sin embargo entonces ya negó ser uno de los donantes de la formación asegurando que nunca había estado en Génova 13.
El magistrado al frente del caso Púnica consideró que ante las graves acusaciones de Bárcenas este empresario debía explicar en sede judicial si eran o no ciertas. Como era de esperar se pronunció de la misma forma que hizo hace siete años y rechazó de plano que hubiera efectuado este pago en negro a Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Menos de 24 horas después de su declaración, el instructor archivó la causa en un auto especialmente duro para Bárcenas. Tanto el instructor como Anticorrupción cuestionaron la verosimilitud de sus confesiones advirtiendo el magistrado que, incluso aunque fueran ciertas, los hechos estarían prescritos. "No existe prueba o indicio alguno que haga pensar que tal entrega existió", concluyeron las fiscales que también apelaron a la presunción de inocencia de Gálvez.
Los donantes, en el foco
Con este caldo de cultivo afronta Bárcenas la declaración en la causa todavía viva en la Audiencia Nacional y en la que se desconoce si aportará algún dato nuevo más o se ceñirá a lo dicho hasta ahora. A todo ello hay que añadir que el magistrado también le preguntará por la denuncia anónima recientemente incorporada a la causa en la que se desvela la existencia de nuevas cuentas ocultas del extesorero en los paraísos de Delaware y Canadá con otros 25 millones de euros, tal y como informó Ok Diario. El magistrado ya ha ordenado que se investigue este asunto mientras Bárcenas se apresuró a negar la denuncia resaltando que se había aportado coincidiendo con su primer permiso penitenciario de seis días.
De este modo, y a la espera de que le llamen, se vuelve a ofrecer a declarar en esta causa que afecta de lleno a los supuestos donantes que tuvo la formación. Esta pieza la reabrió el entonces instructor José de la Mata a tenor de las confesiones de Francisco Correa y otros empresarios en el juicio por la primera época de la trama Gurtel. Sin embargo, éste guardó silencio cuando el magistrado le citó a declarar. Ello no impidió que se impulsaran de nuevo las investigaciones. Las mismas avanzan en la línea de recabar más información de los contratos que se adjudicaron entonces desde los entes públicos del SEPES y del Canal de Isabel II a empresas que figurarían como donantes en los manuscritos de Bárcenas, de acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por La Información.
De hecho en los últimos meses estos órganos ya han ido aportando la documental requerida expresamente por el magistrado. Los expedientes de los concursos que ya se han adherido al sumario demostrarían que Constructora Hispánica -del empresario Alfonso García Pozuelo- se hizo con varias licitaciones públicas de la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) en el año 2004. De acuerdo con la documental que ya ha estudiado la UDEF, uno de estos concursos que tenía por objeto acometer las obras de la urbanización Loma Colmenar en Ceuta se adjudicó en junio de ese año por importe ligeramente superior al millón de euros. El segundo estaba relacionado con los trabajos en el barraco del Alamín (Guadalajara).
Además del SEPE, el juzgado también se dirigió a los Ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Medioambiente y Educación, ADIF y AENA. El objetivo es acotar el vínculo entre el supuesto pago de dádivas con las licitaciones adjudicadas en aquel momento desde las administraciones en las que gobernaba el PP. Bárcenas, al respecto, expuso sobre este asunto que las donaciones no eran altruistas e insistió en que fue una vía de financiación del partido al menos desde finales de los ochenta. Se trata de una tesis que rechazaron todos y cada uno de los exaltos cargos del partido que han desfilado recientemente por sede judicial, desde José María Aznar hasta Rajoy, Cospedal, Rodrigo Rato o Federico Trillo, entre otros. Este lunes se reanuda la vista con el turno ya para empresarios como el propio Luis Gálvez, Correa o Ignacio López del Hierro (marido de Cospedal).
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