La 'tasa RTVE' regresa al Tribunal Constitucional. Las operadoras de telecomunicaciones han vuelto a poner sobre la mesa del máximo intérprete de la Carta Magna la necesidad de analizar esta figura impositiva que se implantó en 2009 con la que gravaba el 0,9% de los ingresos y que ha supuesto un desembolso de más de 1.500 millones de euros de estas empresas para financiar la radiotelevisión pública. El Pleno del tribunal tiene previsto en su próxima reunión estudiar si admiten a trámite, o no, los diversos recursos que las telecos han presentado después de que la Audiencia Nacional se negara a replantear una cuestión de inconstitucionalidad después de que una primera fuera desestimada por el órgano de garantías por estar mal planteada.
Entre los asuntos que se han incluido en el orden del día de la reunión fijada para la próxima semana, se encuentra un recurso de amparo interpuesto por Telefónica, si bien fuentes jurídicas señalan a La Información que este no es el único escrito que se ha registrado en el tribunal reclamando que se debata si la Audiencia Nacional tomó la decisión correcta al no retomar la intención de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de financiación de RTVE, donde se establece dicho impuesto. También lo han hecho otras teleoperadoras. Cabe recordar que solo los jueces y tribunales tienen la facultad de instar al TC a que revise la validez de una norma con rango de ley y determine si la misma puede ser contraria a la Constitución.
Así, al tratarse de varios recursos con la misma petición, los magistrados analizarán de manera conjunta la pertinencia de admitir todos ellos. En caso de que se aceptaran, ello supondría 'reabrir' el caso que se frenó en junio de 2021, mientras que el supuesto contrario significaría dar carpetazo a esta cuestión. Es decir, el Pleno no entrará en el fondo del asunto en este encuentro, sino que solo estudiará si el asunto expuesto por las compañías tiene la "especial trascendencia constitucional" que abre la puerta al órgano de garantías a hacer una valoración.
La batalla legal de la llamada 'tasa RTVE' viene de muy lejos. Desde prácticamente su entrada en vigor, las operadoras de telecomunicaciones se han revuelto contra las liquidaciones que pasaba Hacienda para su recaudación. Ya en 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo avaló el modelo de financiación, al entender que el pago del 0,9% de sus ingresos brutos "no puede ser calificada como irracional o desproporcionada". Ese era el primer jarro de agua fría. No iba a ser el único.
La única vía para tratar de tumbar la tasa era llegar al Tribunal Constitucional. Pero eso no es asunto sencillo. Había que conseguir que la Audiencia Nacional presentara una cuestión prejudicial para que lo estudiara. Lo hizo y en 2021, como avanzó La Información, lo tumbó. Pero no lo hizo entrando en el fondo de la cuestión, sino que lo hizo por "motivos formales", como desvelaba Telefónica en el informe anual de su principal filial en España. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia no volvió a presentar una cuestión y cerró el caso. Pero lo hizo con división de opiniones, con dos votos particulares en contra. Ahora, finalmente, volverá a estudiarse en el pleno.
En juego están los pagos de más de 1.500 millones de euros aportados por las telecos para financiar la RTVE a través de la tasa desde 2009
En juego hay pagos millonarios de la tasa por parte de las operadoras. En concreto, según los cálculos de la patronal que las engloba (DigitalES) y las estimaciones del mercado, se han abonado más de 1.500 millones de euros desde su aprobación en el año 2009. Esos son los desembolsos que ahora se dirimen y que, según las propias telecos, representan cercan del 70% de las aportaciones para la financiación de la radiotelevisión. Las compañías se agarraron precisamente a la posición crítica a través de un voto particular de tres magistrados del Tribunal Supremo en aquella sentencia de 2017 en la que ponían en duda que las telecos sean beneficiarias de la eliminación de la publicidad en la RTVE y, por tanto, deban compensarlo con esta tasa.
Esas liquidaciones millonarias son las que están en juego. La 'tasa RTVE' ha seguido viva al 'blindarse' con la nueva ley audiovisual que se aprobó en el Congreso de los Diputados en mayo de este año con la abstención de Podemos y el Partido Popular. Eso sí, en el texto hay modificaciones respecto a quienes son los agentes que financiarán la actividad de la Radio Televisión Española. En el nuevo texto normativo se incluye a los gigantes tecnológicos de vídeo bajo demanda -como Netflix, HBO o Amazon Prime- como prestadores del servicio de comunicación audiovisual, por lo que deberán abonar también el 1,5% de sus ingresos. Eso sí, esto no entrará en vigor hasta el 1 de enero del próximo 2023, pues se le dio un año de periodo de gracia. Además, se sustituirá el 0,9% por la financiación a través de la tasa de espectro radioeléctrico que ya abonan.
Presión fiscal a las telecos
La 'tasa RTVE' es una de las principales reivindicaciones que han puesto sobre la mesa las operadoras de telecomunicaciones en su batalla por la presión fiscal en España. En los últimos años se ha convertido en un auténtico mantra de los principales ejecutivos de las compañías. Esto llevó a que el Gobierno hiciera un guiño hace más de un año, no sólo con esta 'suavización' de la financiación de RTVE, sino también con un recorte de la tasa de espectro radioeléctrico para las redes ultrarrápidas 5G.
La de la tasa para la radiotelevisión pública no es la única batalla que han mantenido las compañías en los tribunales por motivos fiscales. Telefónica ha ganado en los tribunales en los dos últimos años dos peleas fiscales que van a suponer 2.200 millones en devoluciones -entre cuotas e intereses de demora-. Además, también se ha ganado la pugna en el Tribunal Supremo por el pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en base al número de torres de telefonía. En cambio las operadoras han perdido la referida a las tasas municipales del 1,5% cobradas por los ayuntamientos.
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