Si todo sigue igual dentro de una década el porcentaje de funcionarios menores de 40 años en la plantilla de la Administración General del Estado apenas superará el 1% del total. El dato forma parte del informe de diagnóstico encargado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública de Meritxell Batet para disponer de una fotografía actualizada de los recursos humanos disponibles en la Administración del Estado y conocer las necesidades que se deben cubrir en los próximos años para evitar el colapso que los sindicatos auguran desde hace varios ejercicios ya a cuenta de la actuación de la famosa tasa de reposición.
Según los datos a los que ha tenido acceso La Información, la proyección hacia el año 2028 encargada por el Ministerio revela que el imparable proceso de envejecimiento que sufre la plantilla del Estado en los últimos años, y que ha llevado la edad media de ésta de 46 años a 52 en apenas tres lustros, se exacerbará en la próxima década y hará que más del 80% del personal a sueldo del Estado sea mayor de 50 años a esa altura. En este escenario, los mayores de 60 años pasarán de suponer el 17% que aparecía en el último informe del Registro Central de Personal a casi el 35% de la plantilla del Estado.
La contundencia de las proyecciones ha alarmado al Gobierno. Con las manos atadas por la exigencia de Bruselas de mantener la tasa de reposición de vacantes, como camino más recto para garantizar que los gastos de personal de la Administración española no se dispararán cuando el déficit público aún ronda el 3%, y por la imposibilidad de sacar adelante un proyecto presupuestario que suavizara esas restricciones, el Gobierno ha optado por encargar una auditoría detallada de las disponibilidades de Recursos Humanos en cada uno de los departamentos ministeriales y de sus necesidades reales de personal a fin de cuadrar de la mejora manera posible la oferta disponible con la demanda existente en el seno de la Administración.
Según fuentes de la Administración, el ejercicio se ha estado llevando a cabo ministerio a ministerio y debe dar como resultado el mapa más completo de los recursos humanos de la Administración del Estado que haya existido jamás. Lo que ha trasladado el Ejecutivo a los sindicatos hasta ahora es que el objetivo de fondo no es recuperar la dotación de efectivos anterior a la crisis -como reclaman las plataformas sindicales de la Función Pública-, sino algo más cualitativo: dotar a las plantillas de los efectivos necesarios para cumplir con las misiones encomendadas.
El asunto, por tanto, es identificar las vacantes no cubiertas en los diferentes departamentos, el perfil de edad de los trabajadores de cada uno de ellos y cruzar esa información con las necesidades reales que el Gobierno entiende que la estructura de la Administración del Estado tendrá en el futuro. Y a partir de toda esa información diseñar las ofertas públicas de empleo que deberán abordarse en los próximos años.
El Gobierno de turno deberá afinar a la hora de diseñarlas porque esa pérdida de talento joven no sale gratis. Un estudio sobre empleo público realizado por la escuela de negocios Esade y editado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) concluyó en su día, tras constatar que el porcentaje de empleados públicos de menos de 30 años se había reducido cerca de un 80% a lo largo de la crisis económica, que con ello "la Administración pierde impulso, innovación, ideas nuevas y competitividad".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios