Batet insiste: el traslado de presos de ETA al País Vasco es "una cuestión objetiva"

Acercar los presos etarras a cárceles en el País Vasco se corresponde con la legislación y entra dentro de la normalidad jurídica. El Gobierno lleva meses repitiendo el mismo argumento pese a las críticas de la oposición, que hablan de "rédito" del PNV y apelan al dolor de las víctimas. La ministra de política territorial, Meritxell Batet, insiste en que el traslado de dos presos etarras que cumplían condena en Asturias a la cárcel de Basauri, en Vizcaya, "responde a una cuestión objetiva". 

La ministra, en una entrevista en Espejo Público, explica que tanto Olga Sanz como Javier Moreno ya habían obtenido el tercer grado penitenciario, por lo que tienen derecho a salir de la cárcel y visitar a sus familiares, y que por eso es necesario el acercamiento. Además, a uno de ellos, a Olga Sanz, le fue concedido el tercer grado el 27 de febrero, "es decir, con el anterior Gobierno", apunta la Batet, "y este traslado corresponde a esto". El segundo de los presos, Javier Moreno lo consiguió el pasado 30 de julio.

Instituciones Penitenciarias aseguran que en ambos casos se cumplen los requisitos establecidos por la ley, entre los que se incluyen haber cumplido tres cuartas partes de la condena, haber renunciado a la violencia y a la banda y pedir perdón a las víctimas. Este último aspecto, según ha criticado el expresidente del PP Carlos Iturgaiz, contra quien ambos presos trataron de atentar, no se ha producido: "Les aseguro que estos dos asesinos que intentaron matarme ni me han llamado ni me han escrito una carta", asegura en su cuenta de Twitter. 

Críticas también desde el Partido Popular, cuya vicesecretaria de Comunicación, Marta González Vázquez, considera que el fin de la dispersión y el acercamiento a cárceles vascas es "el rédito" del PNV por su apoyo en la moción de censura y que supone "el primer episodio" de una nueva política penitenciaria. Batet, como ya ha venido insistiendo el Gobierno, niega concesiones al PNV ni a ningún partido y considera que los mandatos socialistas han mostrado una sensibilidad con las víctimas a la altura de las circunstancias. 

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El Gobierno se ampara en la legislación vigente también al tratar el tema del soberanismo catalán. Batet califica como "positiva" la celebración de la pasada Comisión Bilateral con Cataluña y cuenta que cuando la Generalitat puso sobre la mesa la cuestión independentista el Gobierno respondió lo mismo que hace delante de los micrófonos: "le dijimos que el derecho a la autodeterminación no existe en nuestro ordenamiento jurídico". Pese a las líneas rojas, la ministra considera un éxito poder "desencallar cosas que hace siete años que no se hablan", como el debate sobre infraestructuras, inversiones, etc. 

Sin salir de Cataluña, Batet se ha mostrado firme con las declaraciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en las que afirmaba que "los catalanes no tenemos rey" y que no habían invitado a los homenajes del próximo 17 de agosto, cuando se cumple el primer aniversario de los atentados yihadistas en Barcelona. "No se puede hacer política con el terrorismo, nuestro papel es acompañar", ha comentado la ministra, "elementos como la monarquía y las instituciones constitucionales deberían dejarse al margen". 

Sobre el master de Casado 

"No es una buena noticia que el tema del señor Casado se haya judicializado", ha afirmado Batet en la entrevista. Ha lamentado que la agenda mediática esté marcada por políticos afectados por procesos judiciales cuando se debería estar hablando de las políticas y medidas. "Desde el Gobierno de España, si esto se pudiese aclarar... esto es malo para la política", apunta Batet, que considera que la democracia se ve reforzada cuando los ciudadanos se sienten orgullosos e identificados con las instituciones y personas que los representan. 

A raíz de este asunto, que hace peligrar el futuro del recién nombrado presidente del PP, Pablo Casado, ha vuelto a cobrar importancia el tema del aforamiento. Y es que la jueza que instruye el caso Máster de Casado ha tenido que elevar la instrucción al Tribunal Supremo por su condición de aforado. "Es percibido como un privilegio", dice la ministra, que ironiza diciendo que al ser este el máximo órgano jurídico, Casado ya no tendrá posibilidad de recurrir como sí otros investigados corrientes. "Si hay que plantearse los aforamientos tenemos que hablarlo en el Congreso", ha indicado Batet y recuerda que conllevaría una modificación constitucional. "Lo que quiere decir que se requieren unos consensos enormes", algo que, teniendo en cuenta la actual fragmentación del Parlamento, no parece cosa fácil.