No es ningún secreto. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y el Ministerio de Transición Ecológica han chocado por las propuestas de recortes al sector energético que ha lanzado el supervisor de los mercados. El ministerio cree que el presidente de la Comisión, José María Marín Quemada, ha ido más allá de lo previsto en el reparto de competencias aprobado en enero. Las dos partes van a tratar sus diferencias en el órgano de resolución de conflictos previsto: la Comisión de Cooperación. Pero Marín cuenta con una baza de peso: la UE aprobó en enero una directiva que refuerza los poderes de las autoridades de competencia de los países miembros. La directiva está pendiente de que el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño gestione su trasposición.
La directiva comunitaria que respalda a la CNMC es la denominada ECN+ (por sus siglas en inglés, European Competition Network). Se publicó el 14 de enero y tiene como fin reforzar y homologar la aplicación del derecho de la competencia en los estados miembros de la UE. La directiva está pendiente de trasposición después de ocho meses, aunque el límite para hacerlo es febrero de 2021. Entre otras cosas, supondrá la adaptación de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) de 2007, en cuya elaboración participó la propia ministra Calviño cuando estaba en la Dirección General de Política Económica.
Para Marín, la norma comunitaria es un arma poderosa para defender sus posiciones ante el Ministerio de Transición Ecológica. En la recta final de su mandato, el presidente de la CNMC se juega el que puede ser su gran legado: lograr el mayor grado de independencia y de autonomía posible para el organismo. La norma comunitaria trata de garantizar la independencia e imparcialidad de las autoridades nacionales de competencia y garantizar la disposición de recursos financieros y humanos suficientes. También trata de facilitar la imposición de multas.
Carteles secretos
Entre otros puntos, la directiva europea intenta reforzar la posición de Competencia ante lo que denomina como "carteles secretos" y homogeneizar los programas de clemencia que tratan de animar las delaciones por comportamientos contrarios a la competencia en los distintos países miembros. "Los programas de clemencia", sostiene la directiva, "son una herramienta esencial para la detección de cárteles secretos y, por tanto, contribuyen al enjuiciamiento eficiente y la imposición de sanciones a las infracciones más graves del Derecho de la competencia."
El espaldarazo de Bruselas a las posiciones de Marín se produce cuando la CNMC ha decidido plantar batalla a las grandes compañías energéticas con 14 circulares pendientes de aprobación que, entre otras cosas, plantean fuertes recortes en la retribución de las redes de electricidad y, especialmente, de las de gas que gestionan Naturgy y Enagás. La pelea afecta de lleno a la factura energética de los usuarios de gas y de electricidad. No es un tema nuevo. En 2015, Marín Quemada ya advirtió sobre los elevados precios de la energía en España. Tras seis años de mandato, la situación no ha cambiado, aunque Marín sostiene que la circular de recortes propuesta permitirá reducir la factura de electricidad y de gas ya en enero de 2020.
En teoría, los recortes a la retribución de las eléctricas y gasistas facilitarían rebajar la parte fija del recibo -peajes y cargos-. Pero no está tan claro. Porque la Ley Eléctrica de 2013 prevé que los ahorros del sistema, si los hay, deben ser destinados a amortizar la deuda acumulada años atrás, que supera los 20.000 millones. Marín, eso sí, ha dejado clara su línea de acción, aunque quede inconclusa: acabar con la sobreretribución que han recibido empresas como REE, Enagás o Naturgy por la gestión de las redes de gas y de electricidad.
Grandes beneficios
El Ministerio de Transición Ecológica comparte la idea base de que las empresas y sus accionistas, grandes fondos de inversión, han disfrutado de rentabilidades exageradas por transportar y distribuir gas y electricidad. Comparte la idea de la CNMC. Pero no las formas. El Ministerio que dirige Teresa Ribera ha valorado favorablemente -con matices y propuestas de mejora- cuatro circulares elaboradas por la CNMC. Pero la referida a las conexiones a la red, fundamental para el desarrollo de las renovables, ha provocado el choque. El ministerio cree que Marín ha invadido sus competencias y reclama la convocatoria de la llamada Comisión de Cooperación para dirimir las diferencias.
El equipo de Ribera lo dejó muy claro en el informe que elaboró sobre la propuesta de la CNMC para endurecer las condiciones de acceso a la red. En su opinión "corresponde regular al Gobierno, mediante Real Decreto (...) el marco general del procedimiento de otorgamiento de los permisos de acceso y conexión, el principio general de otorgamiento del acceso (cronológico u otros), la posibilidad de establecer otros mecanismos de asignación de capacidad (p.ej, subastas) y la posibilidad de realizar hibridaciones entre diversas tecnologías". Todos ellos aspectos en los que, según su punto de vista, se habría inmiscuido Competencia.
La Comisión de Cooperación, en la que participará el propio Marín, tendrá que analizar si las diferencias son irreconciliables o, por el contrario, hay margen para alcanzar un acuerdo. De momento, no hay día concreto para celebrar la reunión prevista este mes. Las dos parten velan armas. Pero la CNMC cuenta con el respaldo de la legislación comunitaria, lo que es una valiosa baza en la negociación.
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