“No ha identificado ni ante el Juzgado ni ante la Sala en su recurso de apelación ni un solo archivo interesante para su defensa”. Así de claro se ha manifestado BBVA en un nuevo escrito presentado en la macrocausa 'Tándem', en el que vuelve a cargar contra el que fuera su jefe del área inmobiliaria, Antonio Béjar, por pretender extender la revisión de los correos electrónicos corporativos y agendas que ha recuperado en busca de una prueba que demuestre que no autorizó ni uno de los pagos que se hicieron desde el banco al Grupo Cenyt, el entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El equipo de abogado de la entidad financiera, que se encuentra investigada como persona jurídica por la contratación del agente encubierto mientras éste seguía en activo, ya acusó el pasado mes de diciembre a Béjar de tratar de "dilatar" la investigación con "la excusa" de practicar diligencias de investigación que "se encuentran ya explicados y analizados en las actuaciones desde hace años". Ahora, reitera sus tesis al asegurar que el también expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) está tratando de retrasar el fin de la instrucción con el examen de la correspondencia que tuvo durante su etapa en el banco. "¿Cuántas decenas de miles de correos más se han de revisar? ¿Qué plazo de instrucción se va a fijar si el resto de investigados solicitan lo mismo que el sr. Béjar? ¿Es conforme con el derecho de defensa de la entidad que tenga que dar acceso a a centenares de miles de correos a otros investigados sin que se acredite su relevancia para los hechos que son objeto de investigación?", se pregunta el banco en su escrito, al que ha tenido acceso La Información.
De este modo, BBVA vuelve a pronunciarse en contra de una petición formulada por el exjefe de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias, contra quien mantiene una ‘guerra procesal’ abierta desde que éste fue despedido en septiembre de 2019 tras su imputación en el también conocido como ‘caso Villarejo’. Antonio Béjar es una de las personas que aparece identificadas en el informe ‘forensic’ -la investigación interna que encargaron los abogados de BBVA a PwC- como responsable del abono de facturas giradas por las empresas del comisario, que recibió más de 10,3 millones de euros durante los 13 años que fue contratado. Para refutar estas afirmaciones, la defensa de Béjar reclamó a la Audiencia Nacional que obligara a BBVA a entregar todos los correos corporativos que éste envió o recibió para poder demostrar su inocencia, pues asegura que la documentación que la entidad vasca entregó a la auditora estaba "sesgada".
Finalmente, consiguió que la documentación se pusiera a su disposición el pasado mes de noviembre, si bien al comenzar a analizar los más de 110.000 archivos, el abogado se percató de que no había incluido en el listado de comunicaciones a las que quería acceder las relativas a otros investigados en la macrocausa, entre ellos el exconsejero delegado Ángel Cano y el exjefe de Seguridad Julio Corrochano; y otros exaltos cargos fuera de la investigación, como el actual presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, o el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.
El juez Joaquín Gadea, refuerzo del magistrado titular del caso ‘Tándem’, Manuel García Castellón, denegó esta última solicitud el pasado 4 de enero al entender que no existe "una justificación suficiente" para tener que incorporar nuevos correos electrónicos, "máxime cuando la misma (petición) se produce tras un considerable tiempo desde que se permite el acceso a sus correos". Una decisión que Béjar ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y en este contexto es en el que BBVA presenta su escrito contrario a la petición de su exdirectivo.
En contra de sacar los correos del juzgado
Para BBVA es "llamativo" que Béjar plantee esta nueva petición "un año y medio después" de que presentara un listado de 72 personas y justo se diera cuenta de que faltaban nombres tras llevar un mes verificando la documentación. Por ello, le acusa de estar haciendo una "búsqueda prospectiva" para encontrar algún archivo que le permita justificar "las sucesivas peticiones de revisión de correos alegando una supuesta manipulación de varios de centenares de correos entregados por esta entidad". Pero "lo cierto -añade el escrito del banco- es que tras un mes revisando correos, aún no ha proporcionado indicio alguno de la manipulación que alega".
Asimismo, BBVA también aprovecha para mostrarse en contra de la intención de Béjar de sacar los archivos fuera de la Audiencia Nacional para evitar tener que ir todos los días a la sede judicial para realizar el examen de los mismos y pasar "largas horas en condiciones precarias con el consiguiente perjuicio para la salud". Sin embargo, para la entidad que preside Carlos Torres, esta solicitud no puede ser aceptada, ya que "ni es suya" la información que maneja el exresponsable inmobiliario, "ni está almacenada en dispositivos de su propiedad". En este sentido, el banco recuerda que hace unos meses el juez emplazó a todas las partes personadas en la macrocausa a acudir a la sede judicial para el análisis de las últimas agendas que se intervinieron al agente encubierto, para asegurar que éstas no salieran del juzgado, y equipara esta situación con los correos en manos de Béjar: "No llegamos a entender por qué la documentación del sr. Villarejo va a ser digna de una mayor protección que la de una entidad financiera que está sujeta al secreto bancario", afirma.
Ofrece un experto en contabilidad
Por otro lado, BBVA ha presentado un recurso, que también ha podido ser consultado por este diario, contra la decisión del juez de citar el próximo 18 de febrero al jefe de los servicios jurídicos de la entidad financiera, Adolfo Fraguas, para que explique cómo se contabilizaron las facturas y qué criterios se siguieron para ellos. Según indica el escrito, este directivo no puede ser citado en calidad de testigo, ya que en 2019 fue designado como representante legal del banco para declarar tras la imputación como persona jurídica. Así, indica que solicitó al juez una "aclaración" -que denegó- para corregir el "error material" que se había ocasionado al entender que Fraguas volvía a ser el 'elegido' para explicar el funcionamiento de las cuentas, ya que fue quien firmó el escrito por el que se remitió toda la documentación contable que el juzgado requirió.
Pero según BBVA, Fraguas "ni es técnico contable, ni tiene otro conocimiento de los hechos objeto de ese procedimiento que el adquirido para defender a BBVA en el seno del mismo". Así, para enmendar el error, la entidad financiera recurre la decisión del juez y sugiere que se cite a un "técnico en la materia", como es Gregorio Egea, empleado del Departamento Financiero, "aunque no conozca el objeto de este procedimiento ni tenga una visión global de todos los aspectos contables y presupuestarios aplicables durante todo el periodo objeto de análisis". Con esta declaración y con la nueva documentación contable requerida, el magistrado instructor y los fiscales Anticorrupción pretender aclarar si la entidad cumplió con la normativa interna a la hora de contabilizar las facturas del comisario jubilado.
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