Jueves, 28.05.2020 - 00:52 h
Le responsabiliza de los espionajes de Villarejo

BBVA cargó a Béjar en su carta de despido los lazos con Cenyt y el delito de cohecho

El banco acusa al directivo de participar de "forma activa" en los encargos y de haber ocultado que el entramado funcionaba con agentes policiales.

Antonio Béjar y Francisco González
BBVA cargó a Béjar en su carta de despido los lazos con Cenyt. / DCN 

El BBVA despidió el pasado 18 de septiembre a su hasta entonces responsable del departamento de Riesgos, Antonio Béjar, por considerarle una pieza clave en la contratación de la entidad con el entramado empresarial de José Manuel Villarejo. Así lo recogió en su carta de despido en la que le atribuye "participación activa" en los encargos que gestionó el agente encubierto asegurando que conocía de primera mano que Cenyt lo integraban policías operativos y que utilizaba "prácticas irregulares e ilícitas". Béjar, por su parte, siempre ha negado estas acusaciones y se ha remitido a que cumplió órdenes que venían desde la cúpula de la entidad. 

La carta, que firma el responsable global de talento y cultura del banco, Carlos Casas, atribuye al también expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) el contenido de los encargos gestionados por la empresa de Villarejo y Rafael Redondo y que consistieron en espiar a empresarios como Luis Portillo (Colonial) o Fernando Martín (Martinsa). "Teniendo en cuenta el contenido de dichos informes, es claro que usted participó en la gestión de las relaciones del banco con Cenyt y del pago por la colaboración de este gabinete de investigación sabiendo que ofrecía la utilización de medios y prácticas irregulares, incluyendo la oferta de información procedente de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", reza la misiva de 14 páginas a la que ha tenido acceso La Información.

El banco le trasladó de este modo lo que calificó como "despido disciplinario" y apuntó que "lo más grave" es que había transgredido la "buena fe contractual" abusando de la confianza que había depositado la entidad para la que había trabajado las últimas dos décadas. "Su conducta, además, ha causado un claro perjuicio al banco al haberse visto involucrado en un procedimiento penal derivado, en parte, por los hechos descritos aquí", expuso la entidad la cual está imputada como persona jurídica por todos los contratos suscritos con Cenyt y que, según los investigadores del caso 'Tándem', ascendieron a 10,3 millones de euros. 

Reunión con Villarejo

La entidad que preside Carlos Torres descarga de esta forma toda la responsabilidad de la relación laboral que arrancó en el año 2004 en el marco de la operación Trampa en el directivo díscolo. El empresario, que ha mostrado su intención de colaborar con la instrucción de la causa desde su imputación en esta pieza novena del procedimiento, denunció al banco al considerar que su salida se produjo a modo de represalia por sus declaraciones en sede judicial, en las que aseguró que las órdenes de contratar las investigaciones patrimoniales del banco provenían de su entonces presidente Francisco González. El conflicto se saldó este viernes con un acuerdo de conciliación que evitó la celebración de un juicio laboral y que incluyó el pago de 1,7 millones de euros. 

La carta igualmente recoge el resultado de la investigación practicada por el 'forensic' encargado a PwC y determina al respecto que él mismo aseguró que se había reunido personalmente con Villarejo en el año 2016. Igualmente le atribuyó estar en poder de informes que había encargado a Cenyt en relación con los propietarios de una serie de fincas en cuya adquisición estaba interesado en entonces presidente del BBVA "a título personal". Estos informes se redactaron entre los meses de enero y febrero y de 2014 llevaban por nombre 'Rick'. El último de ellos iba precedido por una anotación manuscrita dirigida al responsable de auditoría del banco, Joaquín Gortari, con el siguiente textual: "Querido Joaquín, te adjunto más info detallada de nuestro amigo. Un abrazo", en referencia a uno de los dueños de dichas fincas. 

Destrucción de información del BBVA

Cabe destacar que el banco le entregó el 26 de julio del pasado año un pliego de cargos con las presuntas irregularidades; el mismo día que la Fiscalía Anticorrupción solicitó para él la imposición de una fianza de 500.000 euros la cual retiró tres días después. La respuesta de Béjar fue guardar silencio precisamente por el avance de la investigación penal aunque finalmente entregó el pliego de descargos el 16 de septiembre, dos días antes de que el banco formalizara su despido. La entidad también le atribuye la entrega "en mano" de documentación a Rafael Redondo, socio de Villarejo en Cenyt, así como correos internos que habría intercambiado con el entonces director de servicios jurídicos, Manuel García Crespo (también imputado) sobre los encargos de espionaje a Fernando Martín y Luis Portillo. 

Es por ello que la carta recoge todos los pormenores de estos trabajos, que se llevaron a cabo en el marco de los proyectos 'Fish' y 'Summer' y que tenían por objeto frenar un intento de asalto al capital del banco por parte de Sacyr. Al respecto la Fiscalía Anticorrupción determina que, de las diligencias practicadas en 14 meses de investigación, se presume que Francisco González habría dado orden directa al entonces jefe de seguridad Julio Corrochano para contratar con Cenyt si bien el banquero, por su parte, expuso en sede judicial que no sabía de la existencia del comisario jubilado hasta 2018. "De la lectura de dichos apartados resulta obvio que dentro de las acciones que describe Cenyt se ofrece el empleo de prácticas irregulares que además podrían implicar ilícitos como hostigamiento, boicot y dinámicas disruptivas", describe la carta de despido. 

Con todo, le acusan de verificar y gestionar el pago de todas las facturas que salieron del departamento de Riesgos y de ocultar que había destruido información clave del banco pese a que se había comprometido a lo contrario en el marco de la investigación del forensic. De acuerdo con la entidad, Béjar habría ordenado destruir dos discos duros y 19 Cds trasladados desde la sede de Distrito Castellana Norte a las instalaciones de Normadat S.A, extremos que Béjar niega asegurando que lo que se hizo fue migrar archivos físicos y digitales tras contratar a Deloitte para que pusiera en marcha un plan de mejora de seguridad en aras a evitar una nueva filtración, como ya había ocurrido previamente con un acta del consejo de administración. 

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