Domingo, 08.12.2019 - 16:48 h
Niega responsabilidad penal en estos hechos

BBVA se ciñe al 'forensic' en cuatro horas de declaración ante el juez por Villarejo

Tras afrontar un intenso interrogatorio, el representante legal del banco tendrá que seguir desgranando los detalles de la relación con el agente. 

Carlos Torres junto a su mano derecha en el BBVA, Juan Asúa
Carlos Torres junto a su mano derecha en el BBVA, Juan Asúa

Pese a comparecer durante más de cuatro horas ante el magistrado del caso Tándem, Manuel García Castellón, el representante legal del BBVA Adolfo Fraguas tendrá que volver a declarar en la Audiencia Nacional para dar más detalles de la relación laboral que mantuvo el banco con el entramado empresarial de José Manuel Villarejo por los encargos relacionados con labores de espionaje e investigación patrimonial que se efectuaron durante más de una década. Y ello pese a que la entidad asegura que no ha cometido ningún delito con este asunto y que sigue intacto su compromiso de colaborar con la Justicia. 

El representante legal del banco se ha limitado a trasladar al juez la información contenida en el 'forensic' encargado a PwC así como los pormenores de la investigación interna abierta en aras a esclarecer de dónde salieron las órdenes de contratar con Villarejo. La entidad, que ha respondido a las preguntas planteadas por la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado García Castellón, insiste en que estos hechos no son constitutivos de delito y recuerda que esta pieza novena del procedimiento sigue bajo secreto de sumario.

Pese a dos citaciones fallidas, el magistrado convocó al banco para este miércoles 20 tras imputarla como persona jurídica el pasado mes de julio por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. De este modo, a primera hora de la mañana entraban en sede judicial Adolfo Fraguas, director de los Servicios Jurídicos, junto con su equipo de defensa integrado por la fiscal Helena Prieto González, socia del área de Derecho penal de Garrigues, y letrados del prestigioso despacho Uría Menéndez. Todos ellos han prestado asesoramiento al intenso interrogatorio al que se ha sometido Fraguas por los contratos que costaron al banco un desembolso de más de 10 millones de euros. 

Sin embargo, cuando llevaban dos horas de declaración a puerta cerrada, el magistrado Manuel García Castellón tuvo que suspenderlo por tener que atender la vista de revisión de prisión de los siete CDR encarcelados por delitos de terrorismo. Por ese motivo emplazó tanto a los fiscales del caso como al representante de la entidad a retomar la declaración ya a primera hora de la tarde. Tras el término de la comparecencia, pasadas las 18.00 horas, el equipo del banco abandonó las dependencias judiciales en absoluto mutismo y a la espera de volver al juzgado.

La vista puesta en el compliance

La clave que justifica la imputación de la entidad como persona jurídica por parte de la Fiscalía Anticorrupción se centra en los defectos que pudo presentar la normativa de control interna del banco o el incumplimiento de la misma, teniendo en cuenta que contrataron los servicios privados de Villarejo en un momento en que estaba en activo en la Policía Nacional y de cuyos medios se habría valido para efectuar los encargos gestionados por el Grupo Cenyt. 

Por ese motivo, la defensa del banco se afana en demostrar que sí existía un sistema de control interno, el cual se aplicó acorde a las exigencias requeridas. Otra cosa es la existencia de "conductas individuales", tal y como expresó el propio Francisco González tras declarar este lunes, que pudieran haberse desviado de la actuación general de la entidad. Se refirió FG aunque sin mencionarlo al que fuera jefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano, de quien dijo que era el encargado de estos asuntos precisamente por su papel dentro del banco. Por su parte, los fiscales del caso, en aras a averiguar de quien salieron las órdenes expresas de contratar al agente encubierto, le expusieron una serie de contratos con Cenyt durante su interrogatorio, según pudo saber este diario.

Pagos sostenidos en el tiempo

En lo que respecta a la entidad y pese a que la relación laboral arranca por el año 2004, los investigadores pondrán el foco en los hechos cometidos después del año 2010, año en que entró en vigor la reforma que permite la imputación de personas jurídicas. De este modo, aunque algunas operaciones de espionaje -como la bautizada como Trampa consistente en evitar el intento de asalto al banco de Sacyr- tuvieran lugar antes de estos años, existen otras, como los presuntos seguimientos a Luis Pineda (Ausbanc) que se produjeron después de esta fecha. Igualmente los investigadores trabajan con los pagos que se efectuaron al entramado empresarial de Villarejo hasta entrado el año 2017. 

Desde la entidad guardan mutismo aunque el propio banco el pasado 21 de mayo ya reconoció en un documento enviado a la CNMV que algunos de sus directivos podrían "haber violado los principios éticos y las obligaciones de buen gobierno", así como las normativas aplicables. Por este motivo, el banco avisó de que el caso podría tener efectos en su reputación y conllevar futuras multas. Con todo, en la última presentación de resultados el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, rectificó sus palabras anteriores y dijo que hasta el momento el escándalo de Villarejo no había afectado ni a la reputación ni al negocio del banco. 

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