Miércoles, 20.11.2019 - 13:31 h
Acudirá la representación legal del banco

El juez cita al BBVA a declarar a finales de septiembre sobre la relación con Villarejo

La entidad está imputada como  persona jurídica por los  delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción privada.

BBVA sede Madrid
El juez cita al BBVA a declarar a finales de septiembre sobre la relación con Villarejo. / EFE

Los representantes legales del BBVA tendrán que acudir a declarar ante el juez García Castellón de la Audiencia Nacional el próximo día 24 de septiembre, para aclarar de forma oficial la relación que el banco ha mantenido con el excomisario Villarejo y sus empresas en los últimos casi quince años. La entidad, imputada como persona jurídica, encargó al policía trabajos de espionaje ante posibles crisis accionariales, casos de morosos y otras investigaciones, en una relación por la que pagó más de 10 millones de euros a las empresas del excomisario. 

En concreto, el BBVA, que solicitó sin éxito personarse en la causa como persona jurídica perjudicada, está investigada por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, en el año 2005, hasta frenar la supuestas extorsión de Ausbanc o revisar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.

El juez ya interrogó a diez directivos del banco como imputados hace un mes con la intención de saber cómo se movían los pagos y las facturas en torno a la actividad que se le contrataba al excomisario. Todos ellos menos uno se negaron a declarar, aconsejados por sus defensas, dado que aún no se ha declarado la apertura del sumario y es muy complicado contestar a un juez sin saber cuál es la acusación y qué datos tiene sobre el tema. El que sí contesto fue Antonio Béjar, que fue responsable inmobiliario del banco y en ese momento era el presidente de Distrito Castellana Norte, un cargo que ha tenido que abandonar ahora para que no perjudicar a la empresa con su imputación.  

El BBVA está investigado en la pieza número nueve de las trece que, por el momento tiene el llamado caso Tándem, que investiga toda la actividad paralela que Villarejo realizaba en trabajos de investigación para empresas aprovechando su relación con los responsables de seguridad de las sociedades, que suelen ser expolicías, y su condición de supuesto agente doble, que le permitía tener acceso a los medios y el resto de las investigaciones de la Policía sobre personas y empresas. 

De hecho, una de las piezas clave de todo el caso es el anterior responsable de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, amigo de Villarejo y que también fue comisario, que era quien, supuestamente, le contrataba y presentaba los correspondientes dossieres e informes a la cúpula del banco, liderada en ese momento por Francisco González. Corrochano ya declaró y está en libertad tras pagar una fianza de 300.000 euros. 

Del forensic al compliance

Una de las claves de la defensa del BBVA ha sido su declarada colaboración con la justicia en todo momento, basada sobre todo en la realización de un 'forensic' en el seno de la entidad sobre las contrataciones realizadas a Villarejo y todo lo que les rodearon desde el año 2004 hasta la actualidad. El trabajo, dirigido por el despacho Garrigues y realizado por PwC, con el apoyo de Uría Menéndez, se cerró hace dos semanas y, según señala la propia entidad, ya se han trasladado al juez sus principales conclusiones. 

La investigación interna se inició hace ahora un año, pero no se conoce todavía la información que hay en manos del juez sobre esta pieza, fruto de las desencriptación de todos los archivos logrados durante los registros realizados a las empresas de Villarejo y a algunos medios de comunicación que publicaron informaciones relativas a este caso. A medida que aparecen datos, se amplía el número de causas en el caso Tándem. 

En el caso concreto de la imputación al BBVA, una de las claves de la defensa estará en demostrarle al juez que cuando entró en vigor la ley que permite imputar a las personas jurídicas, la entidad ya contaba con sistemas de control efectivos como para evitar que ese tipo de conductas se generalizase. Según la normativa sobre 'compliance', esa es una causa de exclusión de la responsabilidad penal en este tipo de casos, si bien el banco no va a pedir todavía la desimputación, al menos hasta que se levante el secreto del sumario.  

La investigación está centrada, por el momento, en la entidad como persona jurídica, así como en la imputación de algunos de sus directivos y del que fuera consejero delegado, Ángel Cano. El juez mantiene sus reservas en lo que respecta al que fuera presidente del banco durante toda esa trama y que algunas informaciones colocan en la cúspide del sistema, Francisco González. Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que, de llegar a imputarle, se hará al final del proceso, con el sumario abierto y cuando se tengan bien atados todos los datos. 

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