La imputación de ocho altos cargos del BBVA en el caso 'Tándem' por su relación con el encargo de espionaje a José Manuel Villarejo se produjo después de que la propia entidad les señalara como las personas que guardaban relación directa con las cuentas bancarias desde las que se efectuaron los pagos cercanos a diez millones de euros al comisario jubilado, según informan fuentes jurídicas a este diario. El avance de las pesquisas en esta pieza secreta llevó a los investigadores a poner la lupa en las cuentas bancarias desde las que se efectuaron estos abonos.
De esta manera, solicitaron al banco información relativa a las mismas si bien la respuesta fue que se trataba de cuentas internas. Por ello, el siguiente paso consistió en requerir más detalles sobre la identidad de los responsables de departamentos que controlaban dichas cuentas y así fue como llegaron a esta lista de imputados, que completa el abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo en los negocios de espionaje. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 les tomará declaración a todos ellos por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos ante la implicación que pudieran tener en el espionaje encargado al entramado empresarial del comisario jubilado.
Entre los exaltos cargos del banco imputados por el magistrado a petición de la Fiscalía Anticorrupción destacan el exdirector de Recursos Humanos y posterior consejero delegado, Ángel Cano, y el exjefe de seguridad Julio Corrochano. Los investigadores sitúan a este último como el enlace entre entidad y el entorno de Villarejo teniendo en cuenta que antes de su llegada al banco en el año 2002 perteneció durante treinta años a la Policía Nacional hasta llegar a ejercer como jefe superior del cuerpo en Madrid.
Responsables de finanzas y contabilidad
El listado de investigados que desfilarán en la Audiencia Nacional este próximo jueves y viernes lo completan la sucesora de Corrochano al frente de la Dirección de Seguridad del banco, Inés Díaz Ochagavia; el director de Red de Banca comercial BBVA España Ignacio Pérez Caballero; el exdirector general de Finanzas Javier Malagón Navas; el exdirector de riesgos del banco y actual presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio J. Béjar; el exdirectivo de contabilidad de la entidad Ricardo Gómez y Nazario Campo, jefe en el equipo de seguridad de la entidad.
El magistrado busca ahora conocer el grado de implicación que pudieron tener todos ellos en las órdenes de los pagos que efectuó el banco a Villarejo en contraprestación a su labor en este caso concreto y que se materializó en la práctica de escuchas ilegales a periodistas, empresarios y políticos vinculados al operativo. Francisco González, que dimitió como presidente de honor de la entidad el pasado mes de marzo tras verse salpicado por este escándalo, acudió a sus servicios hace ahora una quincena de años ante la sospecha de que la maniobra de compra del banco por parte de Sacyr estaba auspiciada en la sombra por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; extremo que negó el expresidente de la constructora Luis del Rivero.
Con todo, Corrochano también fue una de las víctimas de las escuchas del comisario jubilado. De hecho, los audios publicados por Moncloa.com y El Confidencial pusieron de manifiesto como el entonces jefe de seguridad de la entidad confesó a Villarejo que los destinatarios de los informes elaborados por Cenyt eran Ángel Cano y su 'presi' en referencia a Francisco González. La filtración de los mismos llevó al actual presidente Carlos Torres ha reconocer la existencia de esta operación que se ha investigado no solo en la vía penal sino también de manera interna mediante el encargo de un forensic a PwC.
Rafael Redondo, en el ojo del huracán
El magistrado al frente de la causa, Manuel García Castellón, cita además a Rafael Redondo, ya investigado en el procedimiento, por su implicación en esta pieza concreta bautizada como 'Trampa'. De hecho, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha hecho alusión durante la instrucción a los vínculos que les unen en el marco de lo que ha llegado a calificar de organización criminal y de la que también serían partícipes el que fuera comisario jefe de Barajas Carlos Salamanca y el exjefe de la UCAO, Enrique García Castaño. Precisamente tanto Salamanca como Villarejo y Redondo declararán la próxima semana por su implicación en otra pieza de la causa sobre el encargo efectuado por los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura. Si bien Villarejo también será interrogado (aunque desde la prisión de Estremera) por el encargo del BBVA, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Igualmente, el magistrado sitúa a Redondo en el epicentro del entramado empresarial de la causa integrado, además de Cenyt, por sociedades como Zoelick S.L, Lextor S.L, CPD Real State S.L, Autocobemar S.L o Inversiones Estratégicas Sensibles S.L, empresa esta última cuya actividad es "puramente instrumental", de acuerdo con la tesis del magistrado. Todas ellas están bajo el foco de los investigadores al constituirse, en muchos casos, como mercantiles con las que gestionaron el patrimonio obtenido con los encargos. Todo ello llevó al magistrado el pasado mes de febrero a asumir el control de las mismas así como del patrimonio inmobiliario, las cuentas bancarias y las participaciones sociales tituladas personalmente por los dos socios.
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