"La investigación de unos muy concretos hechos presuntamente constitutivos de delitos de revelación de secretos y cohecho se ha transformado en una inquisición general de la vida y milagros de la entidad financiera durante los últimos 14 años". Con esta fuerte crítica, BBVA exige quedar fuera de la investigación abierta en la macrocausa 'Tándem' en relación a la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El banco rechaza que la investigación que se inició en diciembre de 2018 se siga alargando 'sine die' y por ello solicita a la Audiencia Nacional que las pesquisas finalicen ya el próximo 29 de julio, cuando expira la última prórroga de seis meses acordada.
Aunque todavía queda un mes para que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, tome una decisión sobre si declara el fin de la novena pieza separada del conocido como 'caso Villarejo' o la extiende por unos meses más, BBVA, imputada como persona jurídica -precisamente desde el 29 de julio de 2019-, considera que la instrucción está "agotada" desde el año pasado. En su opinión, la prórroga acordada en enero de este año -la quinta desde que se creó esta línea de investigación- no tiene sentido, pues todas las diligencias que se han realizado en los últimos meses "han resultado completamente inútiles", ya que no han aportado "nada distinto de lo que ya se conocía"; o "podían haber sido acordadas hace meses o años, sin necesidad de alargar innecesariamente la tramitación del procedimiento".
Según han informado fuentes jurídicas a este diario, todo hace apuntar que esta pieza separada va a continuar durante unos meses más, ya que la Fiscalía Anticorrupción prepara una nueva batería de diligencias y éstas pueden provocar la práctica de otras. Sin embargo, el banco tacha de especie de "disculpa" las sucesivas prórrogas aprobadas bajo este pretexto y se opone a que la investigación se convierta en una "causa general por tiempo indefinido". En esta línea, los abogados del banco denuncian que parece existir un interés en prolongar las pesquisas para generar un "enorme impacto mediático".
Sin sospechas sobre Villarejo
En un escrito presentado este lunes ante el juez instructor, al que ha tenido acceso La Información, el equipo jurídico de BBVA asegura que ha quedado probado que con los encargos al agente encubierto no se cometió ningún delito de cohecho, ya que "no entregó retribución alguna a ningún funcionario público, sino a una entidad mercantil privada que ofertaba en el mercado sus servicios de análisis de información". En este punto, insiste en que no había nada que hiciera sospechar que Villarejo seguía en activo en la Policía Nacional. Por un lado, se pensaba que estaba en excedencia, tal y como él mismo manifestó a alguno de los exdirectivos imputados y consta en las grabaciones de conversaciones que obran en el sumario de la causa.
Por otro lado, el Ministerio del Interior emitió un informe confirmando la situación de compatibilidad empresarial y la Agencia Tributaria y la Tesorería General aportaron información sobre la "actividad económica en el mercado real", en el que se refleja "un buen número de trabajadores y clientes", algunos de ellos firmas conocidas o del Ibex 35. A todo ello, los abogados añaden que la sede del grupo empresarial liderado por el comisario jubilado se encontraba "en pleno corazón del distrito financiero de la ciudad de Madrid, el polo opuesto de lo que operando en la clandestinidad".
En cuanto al delito de revelación de secretos, la entidad presidida por Carlos Torres reitera que en BBVA no se encuentra registrado "ninguno de los ficheros encontrados en poder de Cenyt" que contienen datos confidenciales o personales de personas investigadas. Así, los servicios legales del banco enfatizan que no se puede atribuir "automáticamente" a los clientes de dicha empresa todos los archivos que se han localizado en manos de Villarejo o su socio Rafael Redondo. En primer lugar, porque "ha quedado acreditado que elaboraban informes o perfiles sin solicitud previa" y, a veces, con datos que "no se correspondían con la realidad y que eran puras invenciones". Y en segundo lugar, porque "el hecho de que Cenyt pudiera utilizar en su trabajo ficheros con información obtenida ilícitamente (suponiendo que fuera así) no significa en absoluto que sus clientes tuvieran conocimiento de esos ficheros", indica el escrito.
'Doctrina Repsol'
Con todo ello, BBVA hace hincapié en la legalidad de la contratación y de los pagos realizados al Grupo Cenyt. Así, destaca que con toda la documentación enviada al juzgado y las explicaciones ofrecidas por uno de sus empleados, experto en materia de contabilidad, se ha probado que ningún trabajador se saltó las normas internas del banco. Es más, subraya que la entidad financiera presente en el Ibex 35 cuenta con un "robusto" modelo de cumplimiento normativo y de prevención de delitos, "que actuó con rapidez y contundencia ante la existencia de posibles irregularidades". Con esta afirmación, los abogados se apoyan en la 'doctrina Repsol' y piden el archivo del 'caso Villarejo' para BBVA.
El juez García Castellón decidió el pasado 2 de junio archivar la causa con respecto a Repsol y CaixaBank, argumentando que ambas compañías contaban en el momento de la contratación del comisario jubilado con un sistema de 'compliance' que cumplía con los requisitos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal, reformado en 2015. Bajo esta premisa, la firma vasca precisa que no solo se activó su sistema de prevención de delitos, sino que también se llevó a cabo una revisión y actuación de los procedimientos internos y la apertura de expedientes disciplinarios a los directivos presuntamente involucrados. Recuerda además que, tras aparecer las noticias relacionadas con los encargos al agente encubierto, se puso en marcha una investigación interna ('forensic') que se aportó a la Audiencia Nacional junto a numerosa documentación. "La colaboración con la instrucción ha sido plena y leal", resalta BBVA.
Así las cosas, a lo largo de 41 páginas, el banco incide en que no es necesario impulsar una nueva prórroga de la causa cuando la anterior, que está a punto de caducar, tampoco "era en absoluto necesaria". Tras hacer un breve repaso de todas las diligencias que se han practicado en el último medio año de investigación, BBVA afirma que lo único relevante de todo ello ha sido la ronda de comparecencias "voluntarias" de los exdirectivos imputados que en 2019 se negaron a declarar por estar entonces las actuaciones bajo secreto de sumario. Al respecto, señala que con estos interrogatorios demuestran que los altos cargos de la entidad "nunca tuvieron el más mínimo indicio de la comisión de ningún delito de revelación de secretos ni de ningún otro delito en relación con Cenyt".
Además, los abogados reprochan que las acusaciones hayan utilizado estas declaraciones y la de los testigos para preguntar por otros asuntos que nada tiene que ver con la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Ejemplo de ello fue la declaración como testigo del presidente de CaixaBank José Ignacio Goirigolzarri, en relación a su etapa como CEO de la entidad imputada, quien fue preguntado por cuestiones que, según BBVA, "certifican que el objeto de la presente instrucción poco les importa" a algunas de las partes que ejercen la acusación. Por ello, afirma que algunas diligencias realizadas a lo largo de más de tres años "presentan un carácter puramente prospectivo cuando no simplemente incomprensible" y pide que la causa quede ya finalizada.
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