Los correos electrónicos que obran en el sumario del caso Villarejo y que intercambiaron miembros del departamento de Seguridad del BBVA con altos cargos de la Policía ponen de manifiesto cómo los presuntos pagos a 'colaboradores' de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se camuflaron con conceptos tales como 'vino español'. Así consta en una comunicación que trasladó el banco en el año 2013 al comisario jefe de la Policía en el aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, uno de los principales imputados en el caso Tándem.
"Buenos días, me comunico con usted a instancia de D. Julio Corrochano, a los efectos de presentarle la forma de establecer nuestra colaboración para la celebración en la festividad de la Policía Nacional, deben presentarnos una factura original con el concepto de 'vino español', número de asistentes e importe", reza uno de los correos enviados a Salamanca por parte del entonces jefe de equipo de seguridad, Nazario Campo, también investigado en la pieza novena del caso Tándem, relativa a los presuntos trabajos de espionaje y seguimientos que el BBVA encargó al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
La investigación interna encargada por la entidad a PwC puso de manifiesto cómo se habían identificado "evidencias digitales" del pago de "aguinaldos, donativos y regalos" por parte del BBVA a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de instituciones oficiales y a escoltas de alta dirección. Las conclusiones preliminares plasmadas por el auditor el pasado mes de julio recogían cómo estas prácticas habrían contado con el conocimiento y beneplácito del actual jefe de auditoría interna, Joaquín Gortari, en tanto figura en copia en muchas de estas comunicaciones que se intercambiaron entre empleados de la entidad y miembros de la Policía.
Donativos a las comisarías
Con todo, también existen documentos a los que ha tenido acceso este diario en los que se hace referencia a la entrega de partidas que oscilan los 1.000 euros. Así ocurre con un 'donativo' que lleva por fecha 24 de septiembre de 2014 y que recoge que, con motivo de la fiesta del Cuerpo Nacional de Policía, se hacía entrega al comisario jefe de la Comisaría del aeropuerto de Madrid de 1.200 euros en concepto de aportación a ese determinado evento. Cabe destacar que Carlos Salamanca fue detenido a la par que Villarejo en el operativo desarrollado en noviembre de 2017 tras el estallido del caso Tándem por permitir presuntamente la entrada ilegal de ciudadanos guineanos en España a cambio de grandes sumas de dinero.
En su última declaración en sede judicial el pasado mes de julio, el comisario ya jubilado compareció ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y los fiscales Anticorrupción al frente del caso para explicar el origen de su patrimonio. En su declaración a puerta cerrada, explicó que llegó a amasar en su domicilio hasta un total de 225.000 euros aunque no en un mismo momento y que entre los años 2003 y 2011 extrajo del banco importantes sumas de dinero que había ahorrado previamente por motivos estrictamente de seguridad.
1.200 euros a 'El Gordo'
De acuerdo con el material obrante en la causa, el banco también habría realizado donativos en otras áreas de la Policía en la ciudad de Madrid así como al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, alias 'El Gordo'. Al respeto, otro recibí con fecha de 28 de septiembre de 22015 detalla que, con motivo de la fiesta patronal de la Policía, se le hacía entrega de una aportación de 1.200 euros. El exmando policial está investigado en varias piezas de esta macrocausa por haber participado presuntamente en esta red parapolicial que habría liderado Villarejo y con la que obtendría información confidencial para sus encargos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 imputó a finales de julio al banco que preside Carlos Torres por los delitos de cohecho, corrupción entre particulares y revelación de secretos por las contrataciones con Cenyt. La entidad, en su declaración en sede judicial el pasado mes de noviembre, se desligó de estos encargos y los achacó al que fuera jefe de Seguridad de la entidad Julio Corrochano y al exresponsable del departamento de riesgos Antonio Béjar. Los investigadores consideran que el banco tenía que responder como persona jurídica por los pagos al entramado empresarial de Villarejo de 10,3 millones de euros al tratarse de encargos presuntamente ilícitos por encargos que supusieron una "reiterada injerencia en los derechos fundamentales" de las personas investigadas.
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