BBVA se rebela contra Anticorrupción por acusar sin pruebas en 'Tándem'

Nuevo cruce de reproches en el marco de la investigación sobre la contratación del BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo. El equipo jurídico del banco ha cargado duramente por primera vez contra la Fiscalía Anticorrupción por tratar de buscar pruebas contra la entidad, investigada como persona jurídica en el 'caso Tándem', y por pedir la imputación de alguno de sus directivos sin tener "la más mínima evidencia" de su supuesta actividad delictiva. De este modo, hace referencia a su director de comunicación, Paul Tobin, quien a finales de julio fue citado a declarar como investigado, aún sin fecha, por un presunto delito de encubrimiento. De hecho, los abogados de la entidad financiera acusan al Ministerio Público de impulsar esta investigación como reprimenda, porque "no le satisfacía la forma" en la que BBVA cumplimentó "un ofrecimiento voluntario de aportar documentación". 

La defensa del banco asegura que, desde que se inició la investigación sobre la contratación de Villarejo por parte del BBVA durante más de una década, Anticorrupción está buscando constantemente el "Santo Grial de la prueba ocultada o destruida" por la entidad financiera para ser utilizado en su contra o atribuidos a sus directivos. No obstante, BBVA cree que esta vez los fiscales "han ido aún más lejos" impulsando la investigación de su 'dircom' por la sospecha "infundada" de que la entidad no está colaborando con la Justicia.

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"¿Cuál es la conducta con indiciaria relevancia penal que se le atribuye y que le haga merecedor de tal llamamiento?", pregunta el banco en un escrito presentado a mediados de agosto, al que ha tenido acceso La Información, en el que recrimina la actuación de Anticorrupción. La citación como investigado de Tobin está relacionada con la entrega por parte de la entidad de una carpeta 'Google Drive' en el que, según manifestó Fiscalía en un escrito presentado el pasado 8 de julio, "no responde a o que se dijo que se iba a aportar".

Todo ello deriva de la declaración a petición propia, también como investigada, de la jefa de Seguridad de BBVA, Inés Díaz Ochagavia, en la que informó de que, en mayo de 2018, ante la aparición de noticias en prensa relacionadas con Villarejo, el director de comunicación creó el archivo digital en cuestión para recopilar toda la información que hubiera sobre la contratación del Grupo Cenyt, el entramado empresarial del agente encubierto. Ante la insistencia del Ministerio Fiscal sobre dicho 'Google Drive', la defensa del banco recuerda que señaló verbalmente que, pese a que en esa carpeta no se incluía nada que no se hubiese aportado previamente, se procedería a entregar dicho dossier con sus "metadatos".

"Injustificable ataque" de Anticorrupción

Anticorrupción no denunció ninguna deficiencia sobre la documentación aportada, a la que se adjuntó un informe pericial, hasta principios de julio cuando interesó la prórroga de la instrucción e instó a la imputación de Tobin. Por ello, el equipo jurídico del banco considera que los fiscales han lanzado un "injustificable ataque contra la actuación voluntaria", pues "tras no encontrar ninguna supuesta prueba oculta" se ha pronunciado a favor de investigar penalmente "a la persona que creó en mayo de 2018 la carpeta". "Esto supone, simple y llanamente, una criminalización del trabajo de defensa de BBVA, porque la utilización por el señor García Tobin del célebre Google Drive en 2018 (en fecha posterior a los hechos investigados) fue el marco de la actividad de legítima defensa de la entidad", lamenta el escrito.

Así las cosas, el BBVA reprocha a la Fiscalía Anticorrupción que no aporte "la más mínima evidencia" de que el 'dircom', "o cualquier otra persona", haya eliminado, consentido el borrado de documentación, u ocultado alguna información que pueda ser relevante para la instrucción de la causa con el fin de "proteger a ningún directivo pasado o presente de la entidad". Por ello, el escrito concluye que la imputación del director de comunicación "resulta a todas luces gratuita y carente de justificación".

Otros requerimientos

Por otro lado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, en el auto en el que citó a declarar como investigado a Paul Tobin, también aceptó diligencias solicitadas por Anticorrupción que, según señaló en su informe de julio, aún quedaban pendientes de practicar. En este sentido, requirió a BBVA que informara y aportara certificación que acreditara de "forma exacta" las personas que constan como autorizadores de unas facturas giradas por Villarejo y que se atribuyeron al exjefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano. El Ministerio Público interesó esta prueba al considerar que debía haber "un error" porque, por un lado, en el 'forensic' elaborado por la consultora PwC aportado a la causa en 2019 se dice que el abono de la factura en cuestión fue aprobada en 2011 por Corrochano; mientras que, por otro lado, consta un correo electrónico que indica que la misma es "correcta" y se puede proceder a su pago, algo que los fiscales no entienden si en un principio dicho pago ya estaba autorizado. 

El BBVA ya ha contestado a este requerimiento, según la documentación que también ha podido ser consultada por este diario, y señala que de acuerdo a un certificado emitido por el departamento Talento y Cultura (Administración de Personal) del banco el 27 de julio de 2021, el "código de usuario" por el que se ha preguntado corresponde al investigado Julio Corrochano. Asimismo, la entidad financiera también ha remitido la documentación relativa a la normativa contable interna del banco que explique el funcionamiento de la cuenta de quebrantos y del centro de coste denominado "Varios no clasificados". El juez García Castellón solicitó esta documentación para esclarecer , de manera "autónoma y sin intermediarios", en qué casos las facturas de un proveedor contratado por el banco, como es el caso de las empresas de Villarejo, pueden ser contablemente registradas en una cuenta de quebrantos y no frente a una cuenta de pago de proveedores.

Así, en cumplimiento de este requerimiento, BBVA ha aportado una nota emitida por el departamento de Dirección Financiera sobre la partida "otros gastos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias de las entidades de crédito en España según una circular elaborado por el Banco de España en 2017; y otra relativa a los centros de coste de la entidad. Junto a esto, también ha aportado un "árbol de centros de coste de BBVA"; el Marco General de Control y Gestión del Gasto y la Inversión, de 24 de enero de 2005; el Modelo de Gestión Integral del Gasto y la Inversión, de 30 de mayo de 2013; así como la normativa al respecto en sus versiones de 20 de diciembre de 2018 y 31 de mayo de 2021.