BBVA se planta. La entidad presidida por Carlos Torres se opone a que el juez dé su visto bueno para que se incorpore al sumario de la causa, y por tanto permita el acceso "indiscriminado" a todas las partes personadas, determinada documentación interna del banco. Se trata de algunas de las evidencias recabadas por el 'forensic', que elaboró PwC, sobre los contratos del comisario jubilado José Manuel Villarejo relacionadas, entre otras, con la palabra clave "denuncia anónima", en busca de una posible vinculación con la investigación judicial a Ausbanc.
BBVA, imputada como persona jurídica y que recientemente ha solicitado el fin de la instrucción y su archivo del caso, considera que no hay motivo que justifique 'agrandar' más la novena pieza separada de la macrocausa 'Tándem. Casi una treinta de tomos y más de más de 116 gigabytes de documentación adjunta componen ya el sumario de esta línea de investigación que se inició en diciembre de 2018. De este modo, impugna la decisión que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón adoptó el pasado 20 de junio, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, de poner más datos del banco a disposición de todas las defensas y acusaciones personadas, entre los que se encuentran "distintos medios de comunicación o partidos políticos", según recalca BBVA.
En concreto, se trataría de incorporar unos 4.200 ítems (archivos), la mayoría de ellos "en bruto y sin expurgar", que ya fueron analizados por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional. Según detalla BBVA en un escrito presentado el pasado 28 de junio ante el juez del denominado 'caso Villarejo', al que ha tenido acceso La Información, parte de los documentos que se pretende agregar al sumario de la causa son relativos a "secretos" de empresa. La otra parte iría encaminada a buscar todas las referencias sobre la presentación de una denuncia anónima en febrero de 2015 contra la asociación de consumidores Ausbanc.
Sin embargo, para BBVA esta diligencia no tiene ningún sentido porque muchos de los archivos ya forman parte de la causa y la otra gran parte no tiene ningún tipo de relación con la investigación sobre los contratos con el comisario jubilado. "En ningún procedimiento penal ni tampoco en este puede incorporarse indiscriminadamente información que no tenga relación con el objeto de investigación, por lo que si se pretenden incorporar los mencionados ítems habrá que efectuar el correspondiente expurgo, aunque lo que no entiende esta parte es por qué razón debe efectuarse de nuevo un trabajo que ya realizó la Unidad de Asuntos Internos y cuyo resultado obra ya en las actuaciones", subraya el escrito.
Análisis del 'forensic'
Para poner en antecedentes, el magistrado instructor ordenó en octubre de 2020 a dicha unidad policial que revisara los 2,3 millones de hits (evidencias) que PwC revisó, por encargo de la entidad, para analizar si hubo irregularidades en los 13 años en los que se contrató al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo, para la realización de determinados trabajos de espionaje a empresarios, políticos y periodistas. El objetivo de esta diligencia era aclarar si la entidad financiera ocultó a la Audiencia Nacional datos relevantes de los trabajos del comisario jubilado, después de que uno de los auditores de la consultora admitiera en sede judicial que algunas palabras clave relativas a Sacyr, Luis del Rivero, Fernando Martín o Luis Pineda, quedaron fuera de su examen por orden de la representación legal del banco.
La Policía Judicial entregó sus conclusiones cinco meses después, que, en opinión de BBVA, desprendían que no se localizó ninguna "información novedosa" sobre los proyectos por los que el Grupo Cenyt cobró casi 10,3 millones de euros; y el magistrado instructor zanjó el asunto, acordando el expurgo de la documentación. Bajo este contexto, la representación de BBVA no entiende por qué ahora el juez y Anticorrupción cambian de criterio y sí consideran pertinente dar acceso a todas las partes de más de 4.000 archivos que, según defiende, para nada están relacionados con los encargos realizados al comisario retirado entre 2004 y 2017.
Los 4.200 archivos
Así las cosas, sobre el primer grupo formado por 223 documentos, la defensa de BBVA destaca que las partes ya tienen acceso desde septiembre de 2021 a un total de 118 ítems. Asimismo, recuerda que sobre los cinco restantes, la letrada de la Administración de Justicia -antes denominada secretaria judicial- ya cotejó que se trataba de documentación relativa a "secretos de empresa o al secreto bancario y a derechos e intereses de terceros" y decidió no incorporarlos al sumario de la causa.
Así, para justificar por qué estos documentos deben mantenerse expurgados, los abogados de la entidad vasca señalan que algunos están relacionados con "todos los procedimientos judiciales en curso supervisados por los servicios jurídicos de BBVA". En este sentido entienden que si se da traslado de los mismos a todas las partes personadas en el 'caso Villarejo' se estaría "vulnerando los derechos" del banco en todas esas otras causas en las que se encuentra inmerso. A ello se sumaría distintos documentos en formato Excel que detallan los despachos con los que el equipo legal de la entidad trabajan, así como los asuntos que les tienen encomendados o sus datos de facturación.
En cuanto a los otros 4.000 archivos, el escrito precisa que son los 'hits' resultantes de buscar, entre la documentación que entregó PwC, las palabras clave "Ausbanc" (2.253 archivos), "Denuncia anónima" (1.213 archivos) y "Operación Nelson" (319 archivos). Para entender estas referencias cabe recordar que Nelson fue cómo se denominó a la operación policial que se desplegó en 2016 contra el presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, y al secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, por extorsión a entidades bancarias y empresas. La Audiencia Nacional les condenó en julio de 2021 a ocho y cuatro años de prisión, respectivamente, por estos hechos.
En este caso, BBVA insiste en que la UAI ya analizó todos los archivos y recuerda que se adjuntó al informe "los ficheros más relevantes" encontrados a través de esas palabras clave. No obstante, los abogados hacen especial hincapié en los documentos que se puedan hallar con la búsqueda de "denuncia anónima". En este punto, enfatizan que bajo este enunciado pueden aparecer las denuncias que empleados del banco, que no quisieron revelar su identidad, pudieron formular a través del canal interno habilitado para ello y que "no guardan relación alguna con este procedimiento". Así, recalcan que muchas de ellas contienen "datos relativos a su salud y pueden afectar a su intimidad personal", así como el nombre del denunciado.
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