El BBVA carga la trama de Villarejo sobre Corrochano y Béjar y desliza a Ángel Cano

  • El banco se remite a su sistema de 'compliance' y sostiene que la antigua cúpula no podía estar al margen de los contratos con el Grupo Cenyt.
Sede BBVA banco
Sede BBVA banco
Europa Press

El BBVA quiere desligarse por completo de los encargos que el banco efectuó bajo el mandato de Francisco González al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Prueba de ello es que el representante legal de la entidad, Adolfo Fraguas, ha trazado en su declaración en la Audiencia Nacional una línea divisoria entre los actuales gestores y la anterior cúpula apuntando directamente como artífices de esta relación laboral con el agente encubierto al que fuera jefe de seguridad, Julio Corrochano, y al exdirector de riesgos de la entidad, Antonio Béjar, según fuentes jurídicas consultadas por La Información, las cuáles indican que también se han referido al exCeo Ángel Cano, aunque con menor nivel de responsabilidad. 

En esta segunda sesión de interrogatorio ante el magistrado al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, la entidad se ha desmarcado de los encargos producidos entre los años 2004 y 2017 y se ha remitido a su sistema de 'compliance' (que está siendo objeto de estudio por los investigadores para comprobar que cumple con todos los requisitos normativos). El representante legal del banco, que responde ante la Justicia tras la imputación de la entidad como persona jurídica, se ha desligado pues de lo que ha considerado conductas a nivel individual dentro la entidad aunque ha dejado caer que es complicado que la antigua dirección del banco estuviera completamente al margen de estos trabajos por los que se pagó al Grupo Cenyt más de 10 millones de euros.  

El banco responde de este modo al intenso y minucioso interrogatorio que están llevando a cabo los fiscales al frente del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, que arrancó el pasado 20 de noviembre y se alargará una tercera sesión más. Ya entonces la entidad se desligó por completo de la gestión de Francisco González, investigado también en esta pieza novena del macroprocedimiento, si bien en la sesión de este jueves (que se ha prolongado durante todo el día) ha dado un paso más y apuntado a la misma figura a la que señaló el propio Villarejo, esto es, al también comisario jubilado Julio Corrochano. 

Todos contra Corrochano

El que fuera jefe de seguridad del BBVA, que garantizó su libertad provisional tras abonar una fianza de 300.000 euros, se ha convertido en el centro de todas las dianas puesto que no solo le señala el banco sino que también hizo lo propio Francisco González y Antonio Béjar, los cuáles relegaron en el policía la responsabilidad de estos trabajos. Ahora, el banco, que ya anunció su intención de colaborar con la Justicia, se desentiende de este tipo de acciones y las deja en manos de Corrochano, el cual se acogió a su derecho a no declarar en su comparecencia en sede judicial el pasado mes de julio. 

El otro nombre que ha salido a relucir en el interrogatorio es el de Antonio Béjar. El empresario, despedido por el banco hace apenas unos meses tal y como adelantó este diario, fue el único de la primera tanda de directivos imputados en esta pieza secreta que se desmarcó de la estrategia del silencio y prestó declaración por estos encargos que llevaron a cabo Villarejo y sus socios mientras figuraban en activo en la Policía Nacional. De hecho, el que fuera presidente de Distrito Castellana Norte (destituido del cargo por el BBVA tras su imputación en el procedimiento) ha prestado declaración hasta en cuatro ocasiones y ha aportado importante documentación a la causa en el marco de su intención de colaborar con la misma. 

Aunque el exdirectivo del banco se ha desligado siempre de cualquier irregularidad, la entidad le señala como una de las personas que estaba al corriente de esta contratación, la cual arrancó en el año 2004 con la bautizada como 'operación Trampa'. Ésta consistió en el espionaje a importantes empresarios, políticos y periodistas ante la sospecha de la entonces cúpula de que el expresidente de Sacyr Luis del Rivero planeaba un intento de entrar en el capital de la entidad. A ese encargo le siguieron otros tales como identificación de clientes morosos, control hacia el presidente de Ausbanc Luis Pineda y, además, investigaciones patrimoniales. Precisamente el departamento de Béjar era el responsable de estudiar si las facturas sobre estos servicios se correspondían con la realidad o, por el contrario, estaban abultadas para esconder retribuciones por otros asuntos. 

El papel de Ángel Cano

En su interrogatorio ante el magistrado, el banco ha insistido en que desconocía por completo la figura del comisario jubilado y ha sacado a relucir también el nombre del exconsejero delegado Ángel Cano. La entidad que ahora preside Carlos Torres le señala también como persona conocedora de estos contratos con el entramado empresarial del Villarejo, aunque en mucha menor medida que al exjefe de seguridad. Sin embargo, el exCeo se desligó por completo de asunto negando haber dado instrucciones de contratación. Con todo, los fiscales Anticorrupción sostienen que los trabajos encargados a Villarejo fueron de carácter "ilícito" y no solo eso sino que implicaron una "reiterada injerencia en los derechos fundamentales" de las personas a las que se les hizo seguimiento. 

Por ese motivo la Fiscalía Anticorrupción está sometiendo al banco a un interrogatorio mucho más preciso que al resto de acusados que han declarado en esta novena pieza. Tanto es así que, a pesar de haber protagonizado dos jornadas de declaración, el representante legal y el equipo de defensa que capitanea Garrigues y el despacho Uría Menéndez volverán de nuevo a la Audiencia Nacional por tercera vez para seguir respondiendo a las preguntas de los investigadores así como las de su defensa. Tras ellos se tomará declaración al exresponsable de servicios jurídicos, José Manuel García Crespo, el cual no acudió a la citación del pasado día 19 por encontrarse de viaje, y una vez finalizada la ronda, el magistrado levantará el secreto de sumario de esta parte del caso Tándem. 

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