Lunes, 23.09.2019 - 12:08 h
Entre abril y junio de 2017

El BdE achaca la debacle del Popular a la fuga de 16.000 millones en tres meses

Los peritos califican de " demasiado optimistas" las estimaciones contenidas en folleto de la ampliación.

Ángel Ron
Ángel Ron durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados/ EFE

Los peritos del Banco de España consideran que la debacle del Banco Popular -que acabó adquiriendo el Santander por un euro- se produjo por una "intensa fuga" de depósitos de hasta 16.000 millones de euros que tuvieron lugar los meses de abril y junio de 2017, un año después de la ampliación de capital, de acuerdo con el informe elaborado por los dos expertos del supervisor en el marco de la causa que investiga la Audiencia Nacional.

En su documento de 294 páginas y al que ha tenido acceso La Información, los peritos del Banco de España aseguran que aunque el Popular era "solvente", la financiación de liquidez necesaria no era suficiente para restaurar la confianza en el banco extinto puesto que era necesario resolver el cumplimiento de los requerimientos con recursos propios. Por todo ello concluyen que la resolución de la entidad se debió a un problema de pérdida de depósitos que concentran en tres momentos puntuales siendo el que se origina a finales de mayo de "especial gravedad".

El procedimiento que arrancó en la Audiencia Nacional en octubre de 2017 contra los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho, puso el foco en dos asuntos concretos: por un lado, la ampliación de capital de 2.505 millones de euros y, por otro, en una presunta campaña de desprestigio, cerca de la fase final de la entidad, para hacer caer el valor de la cotización. Sobre la primera de las cuestiones, el peritaje que ya obra en el sumario de la causa, explica que el hecho de que la entidad contara a finales de 2016 con un patrimonio de 11.088 millones de euros determina que el banco no era inviable.

Ahora bien, algunas de las hipótesis que se incluyeron en el folleto informativo de la ampliación eran, a juicio de los expertos, "demasiado optimistas", especialmente en lo relativo a la evolución de dudosos, lo cual invalidaba las previsiones de cobertura, pérdidas y solvencia del documento. Con todo, los expertos se remontan al año 2015 para apuntar que las cuentas relativas a ese ejercicio no respetaban determinados aspectos del marco contable de España. De hecho, en su opinión, la corrección parcial de algunos de ellos fue lo que causó las pérdidas a diciembre de 2016.

Equiparable a una suspensión de pagos y no a una quiebra

Sin embargo, los motivos de peso de la caída los encuentra el Banco de España en lo que ocurrió en la entidad los meses siguientes a la ampliación y, en concreto, entre abril y junio de 2017 cuando se produjo una salida de depósitos superiores a los 16.000 millones de euros. Tanto es así que el deterioro se aceleró de tal forma a finales de mayo que en apenas seis días la entidad perdió 5.740 millones de euros. "Este volumen de salidas de depósitos y en ese escaso margen de tiempo hace que, para una entidad del tamaño del Banco Popular, sea prácticamente imposible cumplir con sus obligaciones con sus propios medios", reza el informe. 

La continua fuga de depósitos -"especialmente virulenta en junio"-llevó a la entidad a solicitar líneas de liquidez ante el Banco de España y a enfrentarse a un escenario en el que solo cabían dos alternativas: o liquidarla o proceder a su resolución. Según los inspectores del Banco de España, si se optó por lo segundo fue de cara a evitar el impacto que implicaría en el sistema financiero la liquidación del sexto banco español y para minimizar el coste para los contribuyentes. Sobre este último asunto determinan los inspectores que las pérdidas sufridas por los inversores -muchos de los cuáles batallan por la vía civil y penal para recuperar sus ahorros- son consecuencia directa de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta.

Mismo argumento que empleó el Banco Santander en los dos recursos tanto de reforma como de apelación que presentó en la Audiencia Nacional en contra de su imputación en la causa, acordada el pasado mes de enero por el nuevo instructor de la misma, el magistrado José Luis Calama. En esos escritos, a los que tuvo acceso este diario, la entidad que compró el Popular por el simbólico precio de un euro expuso que el proceso se llevó a cabo de acuerdo con lo estipulado por el reglamento de la JUR y que la fusión fue "incuestionablemente favorable" para las acusaciones. Ahora el Banco de España concluye que el importe que pagó la entidad que preside Ana Botín vino determinado por la evaluación de los riesgos asumidos en la compra. 

Con todo, la desviación producida en diciembre de 2016 respecto a los objetivos de ampliación exigía un esfuerzo de capitalizar la entidad en un periodo de tiempo muy corto, lo que provocó la preocupación tanto de los inversores como de las agencias de rating, ante el posible impacto en el impago de cupones. Todo esto afectó tanto a la cotización en bolsa como a las calificaciones de la entidad y ello pudo influir en el comportamiento de los depositantes mayoristas, que son los que retiraron los fondos, siempre según el informe del supervisor que el magistrado ya ha incorporado a la causa de acuerdo con una providencia de este mismo miércoles. Tras su incorporación, Calama Teixeira estudiará citar tanto a Ron como a Saracho para tomarles declaración como investigados por todos estos extremos.

Temas relacionados

Ahora en Portada 

Comentarios