La declaración como testigo este lunes del exdirectivo del Banco de España Pedro González en el juicio del caso Bankia ha vuelto a poner de manifiesto la guerra interna que existió en el supervisor por la viabilidad del Grupo. Días después de que el inspector José Antonio Casaus apuntara en sede judicial que se ocultó una falta de saneamientos en la entidad para favorecer su salida a bolsa, González ha contraatacado desvelando la existencia de un nuevo correo interno que el propio Casaus le remitió y en el que le explicaba que se había reunido con el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez para transmitirle tranquilidad por el SIP de las cajas que dio lugar a la creación de BFA Bankia.
De esta manera, González ha leído durante su declaración una comunicación que le mandó el propio Casaus en julio de 2010, con motivo de la fusión fría de las siete cajas, que vendría a poner en entredicho la versión que defendió el inspector díscolo del supervisor y en la que apuntó que su superior Pedro Comín no solo le dijo que suavizara su informe de seguimiento sino que le pidió que no reflejara en el mismo su opinión acerca de que había una falta de saneamientos que cifró entre 8.000 y 10.000 millones de euros. Sobre todo ello González ha sido rotundo al apuntar que se saltó la jerarquía del Banco de España al reunirse directamente con Fernández Ordóñez y, además, tras dicho encuentro, Casaus le trasladó que el SIP resultaba "necesario para la viabilidad" de las cajas participantes ante los "graves problemas de liquidez y estabilidad" de las mismas, de acuerdo con la misiva.
Este as bajo la manga que se guardaba el que fuera director de uno de los departamentos de supervisión ha servido a la defensa del expresidente de la entidad Rodrigo Rato para pedir que se incorpore a la causa teniendo en cuenta que Casaus, en calidad de testigo, podría haber incurrido en contradicción en su declaración del pasado 9 de abril. El tribunal, con el criterio favorable de la fiscal Anticorrupción, Carmen Laúna, ha decidido admitirlo en el procedimiento para estudiar su contenido. En el mismo, Casaus apuntó que los saneamientos previstos del SIP ascendían a más de 10.000 millones, cifra "muy próxima" a la esperada por el supervisor y que rondaba los 11.0000 millones de euros.
"Jamás he perturbado el criterio ni el trabajo de un inspector ni a mi me lo han hecho. ¿En una estructura de tanta gente cómo vamos a modificar una información contrastada?", ha apuntado el exdirectivo encargado de supervisar el proceso de integración de las cajas. Además, ha restado importancia a los famosos correos que remitió a sus superiores Casaus en los meses previos a la salida a bolsa, ya en 2011, y cuya incorporación en fase de instrucción provocó la imputación de la cúpula del BdE y de la CNMV. "Una opinión sin una información sólida que lo soporte es una conjetura, no una prueba. Nosotros hicimos una inspección en diciembre de 2010 y allí no se habló de este asunto (necesidad de sanear los balances) pese a que sí hubo análisis individualizado", ha apostillado.
González ha respaldado la declaración del exgobernador del Banco de España en el juicio al afirmar que la propuesta de integración de las siete cajas partió de las mismas y no fue ninguna imposición del supervisor, como sugirió en su interrogatorio Rodrigo Rato. Con todo, sí ha reconocido que, en base a las previsiones con las que trabajaban y teniendo en cuenta el riesgo en algunas cajas por su exposición al sector inmobiliario, respaldaron la creación del SIP. "Empezamos a hablar con las entidades y les dijimos que tenían que buscar una solución porque a futuro no parecía una situación clara, pero no tengo constancia que haya algún aspecto del Banco de España que haya forzado esta situación de hecho fue de ellos", ha apostillado.
"Es un matrimonio sin posibilidad de divorcio"
González ha defendido en varias ocasiones el papel que jugó el supervisor en el proceso de combinación de negocio asegurando que se les insistió a las cajas en que hicieran un buen plan de integración en el que reflejaran su verdadera situación puesto que el conocimiento que tuvieran de cada una iba a determinar el peso en la gobernanza en el grupo. De hecho, ha comparado la tesitura con un "matrimonio sin posibilidad de negocio". En lo que respecta a las previsiones de saneamiento necesario que plantearon AFI y Deloitte en el plan de integración presentado, González ha sido claro al apuntar que "no es extraño" que hubiera distintas estimaciones de pérdida". "Esto no es algo aritmético", ha insistido.
De la misma forma, González también ha desvinculado al Banco de España de la decisión de salir a bolsa, pese al criterio seguido por los principales acusados que incluso apuntaron a indicaciones directas de la entonces vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado. "Nosotros no les dijimos que tenían que salir a bolsa, fueron las propias entidades las que lo decidieron y, en concreto, Banca Cívica y BFA", ha respondido el inspector, el cual además ha negado que tuvieran información suficiente como para nacionalizar la entidad. "Los informes internos nuestros no lo justificaban. Los consultores y auditores tampoco nos estaban dando señales de que había que nacionalizarla. Los bancos aseguradores que trabajaron con anterioridad a la salida a bolsa,tampoco. ¿Sobre qué dato objetivo e irregularidad palmaria podríamos nosotros actuar?", se ha preguntado.
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