"Entregó 36 millones en un proceso de reestructuración de deuda a cambio de nada". Esa es una de las conclusiones alcanzadas por el Banco de España en su peritaje sobre las operaciones inmobiliarias de la CAM con la promotora Hansa tras estudiar el 'agujero' que dejó esta inversión en la caja alicantina y por el que van a responder penalmente tres exaltos cargos de la misma, entre ellos la exdirectora Dolores Amorós, para la que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel. De hecho, la inspección del supervisor en esta operativa detectó un comportamiento "muy irregular" en lo que respecta a la sobrevaloración de los terrenos.
Así consta en el escrito de acusación que ha remitido a la causa el Fondo de Garantías de Depósitos (FGD), el cual se hace eco de las conclusiones alcanzadas por el supervisor que analizó las operaciones de reestructuración de deuda de la promotora. En concreto, el inspector José María Ruiz Martínez plasmó en su informe que, teniendo en cuenta que existía incertidumbre en relación al desarrollo del proyecto, lo prudente hubiera sido reducir el valor del activo de Hansa que tenía la caja a través de su Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) creada en el año 2002 para participar en proyectos de desarrollo de suelo.
El FGD se hace eco de la valoración del Banco de España en lo que respecta a la reestructuración de la deuda de Hansa (que se produjo en el primer semestre de 2011) llegándose a canjear préstamos que concedió la caja por un importe total de 35,73 millones de euros a cambio del 44,9 por ciento de capital de Hansa México, cuyo valor, si se hubiera aplicado la normativa contable sería nulo. El Fondo no pasa por alto que estos hechos se produjeron en junio de 2011, apenas dos meses después de que la CAM solicitara apoyo financiero al FROB de 2.800 millones de euros (que se hizo efectiva en diciembre de ese mismo ejercicio).
Agujero en el FGD de 142 millones de euros
De acuerdo con el escrito del FGD al que ha tenido acceso La Información, la "gestión desleal" de la caja, que finalmente fue adquirida por el Sabadell por un euro, costó al Fondo 142 millones de euros, de ahí que se personara en el procedimiento como acusación particular. Además, y en línea con la Fiscalía, pide penas de cuatro años de cárcel por delito de administración desleal para María Dolores Amorós, Daniel Gil y Vicente Sánchez (estos dos últimos exdirectivos de la TIP) además de multa de 144.000 euros. En el caso del cuarto acusado, el empresario Rafael Galea, solicita dos años de cárcel por el mismo delito y multa de 7.200 euros. Además reclama una fianza cercana a los 189 millones de euros para asegurar la responsabilidad civil que se pudiera derivar de una posible condena.
El 'roto' que se generó en la caja se produjo a pesar de que los acusados "conocían perfectamente" el perjuicio que se estaba generando con esta inversión en activos de México. En concreto, abundaban suelos con un grado de desarrollo bajo y con un valor ficticio puesto que para sacar adelante esta inversión se apoyaron en tasaciones sobreabultadas de 443 millones de euros. Como ya expuso el Ministerio Fiscal, la validez de este peritaje estaba condicionado a la obtención de licencias, sin embargo, éstas fueron anuladas por la Justicia, por lo que aunque la caja reflejó en un primer momento un resultado positivo de 40 millones de euros, esta cifra no se correspondía con la realidad.
Revalorización del 200%
"La sobrevaloración (del 200%) de 2010 demuestra que los participantes en la operación sabían, sin lugar a dudas, que estaban adquiriendo unos inmuebles con una valoración ficticia. Todos los acusados eran conscientes de la reestructuración de la deuda del grupo Hansa. No estamos ante un supuesto en el que desde la perspectiva de los acusados el perjuicio sea posible. Era seguro y no había otra alternativa. Era seguro que la operación nunca podía reportar beneficios a la entidad que gestionaban, solo perjuicios", reza el escrito remitido a la Audiencia.
Las dos tasaciones en las que se amparó la CAM para sacar adelante la operación de reestructuración estaban sometidas al condicionante de que se pudiesen iniciar las actividades en los terrenos de Cabo Cortés (Baja California), cosa que no era posible dado que carecían de la autorización administrativa "esencial": la declaración de impacto medioambiental. Sobre este asunto, la defensa del Fondo de Garantía de Depósitos afirma que los acusados eran perfectamente conscientes y, como prueba, incluye en su escrito de acusación extractos de algunos correos electrónicos internos que ellos mismos remitieron en 2011 en los que explicaban que la tasación estaba autorizada aunque tenía "limitaciones" que había que "salvar".
Como la CAM quería aflorar plusvalías ficticias acordó la venta del 13 por ciento de la propiedad de Hansa en los terrenos sin desarrollar urbanísticamente situados en Baja California con un pacto de recompra de títulos. Este movimiento le permitió a la caja alicantina aflorar plusvalías de 40 millones de euros en su cuenta de resultados teniendo en cuenta que se encontraba en una difícil situación financiera y trataba de evitar la "inmediata" intervención del Banco de España. Sin embargo el ajuste en los estados contables de 2011 tras saltar por los aires la operación aceleró el hundimiento de la caja incluso pese a dos ampliaciones de capital de un total de 6,3 millones de euros.
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