Continúa el cisma en el Banco de España por las presuntas irregularidades cometidas en la salida a bolsa de Bankia. En una nueva sesión del juicio que acoge la Audiencia Nacional, el jefe de normativa contable del supervisor, Jorge Pérez, se ha desmarcado de la línea oficial defendida por la excúpula en sede judicial al poner el acento en la información que recogía el folleto de la OPS. Del mismo ha dicho que no solo no recogía la imagen fiel de la entidad sino que el precio de la acción fijado de 3,75 euros era muy bajo en comparación con el valor que según la entonces cúpula tenía el banco: "Era una bestialidad".
De acuerdo con el directivo, la información contable del folleto no recogía el "aspecto esencial" de la entidad porque los administradores, contra los que ejerce acusación la Fiscalía Anticorrupción, estaban mostrando una compañía con un precio "tremendamente alejado" del que en realidad tenía. "No puede ser que por un lado valga 15 y por otro 2. Nos inquietó bastante", ha expuesto Pérez durante su testifical ante el tribunal del caso. Su versión viene a respaldar la tesis defendida por el Ministerio Fiscal desde el arranque de la instrucción de la causa ya que, según su versión, existía una pérdida de valor "evidente" en perjuicio de los accionistas de BFA y Bankia.
"Cuando el precio en bolsa está por debajo del valor patrimonial, los administradores deben analizar si hay un indicio de deterioro. Se estaban ofreciendo entre cuatro y cinco euros acciones que en su libro valían 15, por lo que eso era un indicativo de que el precio no era correcto. Todas las compañías cuando salen a bolsa por primera vez suelen ofrecer un precio un poquito inferior, pero esto hablamos de dos precios radicalmente distintos en una compañía de nueva creación", ha explicado el jefe de normativa contable del supervisor.
Su testifical viene a echar más leña al fuego al cisma existente en el supervisor y que se ha evidenciado con las declaraciones de exaltos cargos de los departamentos de supervisión y de inspección del mismo. Aunque algunos directivos defendieron la veracidad de la operación bursátil, para Pérez el precio de las acciones era una "exageración" que les hizo "incluso" cuestionar la veracidad de las cuentas del ejercicio del 2010 con las que Bankia salió a bolsa.
Contrario a cargar pérdidas contra reservas
En lo que respecta a la normativa contable aplicada con la creación del SIP de Bankia, el jefe de este área que se enmarca dentro del departamento de regulación también se ha desvinculado de la línea oficial asegurando que él advirtió que no era recomendable cargar pérdidas contra reservas, como finalmente autorizó el supervisor. Tras un estudio pormenorizado la respuesta de su equipo fue que "no era posible" optar por este movimiento porque lo impedía el reglamento europeo y la propia circular 4/2004. "Había dos posibilidades para registrar las pérdidas en reservas y ninguna de ellas fue utilizada: una era el cambio de criterio contable, cuestión que no ocurrió y la otra detectar un error", ha apostillado.
De nuevo Pérez ha vuelto a discrepar de la tesis defendida en sede judicial por altos cargos como el propio exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el cual apuntó que la integración de las siete cajas que dio lugar a Bankia y su matriz BFA respetó la normativa contable y que se permitió cargar pérdidas contra reservas porque "se trató de una fusión". De hecho, dijo que fue un proceso "absolutamente correcto" y que si no se hubiera procedido de esta forma no se hubiera podido garantizar la supervivencia de algunas cajas participantes en el SIP como es el caso de Bancaja.
Anticorrupción también ha arremetido contra el tratamiento contable que se le dio a las pérdidas evidenciadas al considerar que si la combinación de negocio se hubiera cargado en la cuenta de resultados hubieran aflorado "pérdidas muy relevantes" en los estados individuales de todas las cajas que participaron en el proceso de fusión fría. Finalmente, la Comisión Ejecutiva del Banco de España apoyó por unanimidad el 29 de diciembre de 2010 admitir el tratamiento contable solicitado por las entidades participantes en el SIP a la vista de la propuesta elevada por la Dirección General de Regulación, donde se enmarca el departamento de normativa contable.
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