Tras cinco largos años de instrucción, el juicio por la salida a Bolsa de Bankia arranca este lunes en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares y lo hace con unas posturas radicalmente encontradas entre las acusaciones del procedimiento, que intentarán demostrar que las cuentas de los ejercicios 2011 y 2012 se maquillaron con motivo del debut bursátil, y los 34 procesados, que apelarán a la aplicación de la doctrina Botín para sortear el proceso judicial por el mayor escándalo bancario de la historia del país.
Según fuentes de la investigación consultadas por este diario, el inicio de la vista oral, dedicado a las cuestiones previas, estará marcado por el alegato que harán los prestigiosos letrados de toda la excúpula de la entidad nacionalizada. Estos versarán en torno a dos aspectos principalmente: la ausencia de dolo por parte de los procesados, es decir, que no existió intención de provocar el quebranto de tal dimensión y la aplicación de la doctrina Botín.
En relación a este último aspecto, la defensa del expresidente de Bankia Rodrigo Rato y los otros procesados en el gran juicio por la crisis financiera, pedirá al tribunal -el mismo que enjuició la pieza separada por las tarjetas 'black'- que, al igual que ocurrió recientemente en el juicio contra la cúpula de la CAM por la venta de preferentes, tenga en cuenta esta doctrina establecida por el Tribunal Supremo y que determina que si solo existe acusación popular se puede archivar el procedimiento. Para ello argumentarán que se ha resarcido el daño a gran parte de los inversores que perdieron sus ahorros con la compra de acciones de la entidad.
Verdú Pons, de héroe de las 'black' al banquillo por Bankia
Tanto es así que la defensa de Bankia solicitará el sobreseimiento de su causa alegando que los accionistas carecen de legitimidad para ejercer acusación y que la Fiscalía Anticorrupción solo responsabiliza de la quiebra a cuatro de los 34 procesados. Estos son el expresidente Rato, para el que pide la pena más elevada de cinco años de cárcel, su 'número dos', José Luis Olivas (cuatro años) y los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella (tres años) y Francisco Verdú Pons (dos años y siete meses). Se da la casualidad de que este último fue considerado por muchos como 'el héroe de las black' por rechazar voluntariamente este 'plástico' que le entregó Rato.
Las acusaciones que ejercen la Confederación Sindical de Crédito (CIC) y el colectivo 15MpaRato no solo no se van a retirar del procedimiento judicial que ellos mismos auparon, sino que se adhieren a la tesis de la fiscal Carmen Launa en cuanto a que cometieron delito de fraude de inversores y falsedad en las cuentas al ofrecer a los accionistas información que no reflejaba la verdadera situación de la caja. El resultado fue el rescate bancario más caro de la historia de España con una factura que superó los 22.242 los millones de euros.
Si hay dos aspectos clave que han marcado la instrucción de la causa estos son las discrepancias entre el magistrado al frente de la misma, Fernando Andreu, y la Fiscalía Anticorrupción, de forma que el peritaje efectuado por el Banco de España se antoja crucial en el procedimiento. Respecto al primero de los puntos y en contradicción con el Ministerio Público, Andreu entendió que sí tenían que rendir cuentas en la vista oral el resto de consejeros que integraba la entidad en ese momento (entre los que destacan el exministro Ángel Acebes y los empresarios Javier López Madrid o Arturo Fernández, entre otros).
Y no son los únicos puesto que también envió al banquillo a Francisco Celma, auditor de las cuentas, así como a Deloitte, BFA y Bankia como personas jurídicas. El fiscal destacó de esta última en su escrito que había devuelto a los accionistas el importe íntegro de la inversión, pero expuso que era la culpable del maquillaje de los estados financieros de esos ejercicios para conseguir “a toda costa” los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital. De hecho, pese a anticipar unos beneficios para el ejercicio 2011 de 309 millones de euros, la entidad acabó asumiendo pérdidas ese año que superaron los 3.000 millones.
Los informes clave del Banco de España
El procedimiento, que se antoja maratoniano, va a contar con dos nombres clave: Antonio Busquets y Jesús Sánchez. Ambos, peritos judiciales del Banco de España, ratificaron en varias ocasiones en sede judicial las conclusiones de los tres informes que elaboraron sobre la salida a Bolsa. Todos ellos concluyeron que las cuentas de esos ejercicios, hasta su reformulación, no cumplían con la normativa contable y que el folleto informativo recogía la existencia de unas provisiones de insolvencias para los créditos de 6.913 millones de euros que no estaban reflejados en los balances del primer trimestre del ejercicio 2011.
Tras las declaraciones de los acusados le llegará el turno a la larga lista de testigos propuestos por las partes, entre los que se encuentran el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el expresidente de la CNMV Julio Segura. Ambos se libraron de sentarse en el banquillo de los acusados después de que la Sala de lo Penal así lo acordara al final de la instrucción. A esta lista de testificales hay que añadir los nombres de Luis de Guindos, Christine Lagarde, Isidro Fainé y el actual presidente de la entidad, Ignacio Goirigolzarri.
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