Desde el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez hasta el exdirector de Supervisión Jerónimo Martínez Tello: todos los altos cargos del Banco de España en el momento del nacimiento de la entidad y de su salida a bolsa que han desfilado por la Audiencia Nacional han recurrido a una serie de premisas con las que han buscado desligarse de cualquier responsabilidad con las irregularidades que se juzgan en la causa por el debut bursátil. Pese a que estaban citados en calidad de testigos, eran conscientes de la trascendencia de su comparecencia después de que en la instrucción llegaran a figurar como imputados tras el giro de 180 grados que dio la incorporación a la causa de los ya famosos correos del inspector José Antonio Casaus.
Durante este mes de abril cerca de una decena de altos cargos del supervisor ha defendido en sede judicial que el organismo actuó de acuerdo con la normativa tanto en lo que respecta a la fusión de las siete cajas como en los hechos que se produjeron los dos siguientes años y que terminaron con la salida de los gestores, la intervención del FROB y la posterior inyección de 22.400 millones de euros. A preguntas de la fiscal Anticorrupción Carmen Laúna, los exaltos cargos insistieron en que se cumplió la legislación vigente especialmente en lo relativo a la facultad que se le otorgó a las cajas de cargar pérdidas contra reservas y no contra resultados; un movimiento que, según el Ministerio Público, les permitió ocultar su verdadera situación de insolvencia.
Por ese motivo, insistieron en que el nacimiento del grupo BFA Bankia se produjo como iniciativa de las cajas y no por recomendación expresa del supervisor o del Ejecutivo socialista de entonces, como expusieron, por contra, Rodrigo Rato y José Luis Olivas el pasado mes de enero. De hecho, el propio Fernández Ordóñez apuntó que la alternativa para sobrevivir a la crisis que se avecinaba era la fusión. Al respecto, ha cobrado especial protagonismo el papel que ha jugado Bancaja en el proceso por su delicada situación en el momento de la integración. Este mismo lunes Fernández Tello recordaba un extremo ya contado en sede judicial como son las reuniones mantenidas con el que fuera presidente, José Luis Olivas, para que tomara medidas ante la alta exposición al ladrillo de su filial, Bancaja Hábitat, que alcanzaba el 24%.
Baile de cifras con las provisiones
También defendieron el contenido del plan de integración del grupo elaborado por los auditores externos Afi y Deloitte (cuyos socios están citados en sede judicial este martes) y en el que se basaron los inspectores para elaborar sus informes de seguimiento. Este documento, que dio lugar a la primera segregación de las cajas, recogía unas provisiones estimadas de 9.000 millones de euros, suficientes para un plazo de dos años, según el testimonio que prestó el que fuera director de supervisión Mariano Herrera. Sin embargo, un informe posterior encargado por la entidad a PwC recogió un rango de ajuste de hasta 11.500 millones de euros, lo que superaba con creces la cifra recogida en el plan inicial.
Al respecto, algunos de ellos, como el exdirectivo del Banco de España Pedro Comín, insistieron en que se vigiló muy de cerca la elaboración y cumplimiento de este plan del cual saldría "un matrimonio sin divorcio", en referencia a que la combinación de negocio era crucial porque determinaría el peso de cada caja dentro del grupo. Aunque si hay un aspecto en el que han coincidido todas las testificales -incluidas la del díscolo José Antonio Casaus- fue en la dificultad de prever una crisis que azotó con dureza a todo el sistema financiero español. Algunos, como el exjefe de inspección del Banco de España, Javier del Río, admitieron que ninguno supo ver la magnitud de la recesión.
Sin embargo, si hay una declaración que provocó un antes y un después en esta ronda de citaciones fue la del propio Casaus, no solo por ser autor de los famosos correos en los que se advertía de la inviabilidad de la salida a bolsa apenas meses antes del debut de Bankia en el parquet, sino porque también confesó que su "gran error" dentro de la entidad fue ocultar en uno de sus informes de seguimiento relativo a 2011 una falta de saneamientos en la entidad que cifró entre 8.000 y 10.000 millones de euros. El inspector achacó esta decisión a una recomendación dada por el 'exnúmero dos' de supervisión del Banco de España, Pedro Comín, el cual, en su turno ante el tribunal, se la devolvió enseñando nuevos correos a la causa que el propio Casaus le remitió y en los que le contaba que había tranquilizado a Fernández Ordóñez en lo que respecta a la idoneidad del SIP.
No obstante, la revelación de Casaus, que al igual que otros testigos dejó claro que la situación de BFA era infinitamente peor que la de Bankia, puso en jaque a sus superiores, los cuáles han tratado de demostrar ante el tribunal que en el supervisor la validez la tienen los informes y no correos con opiniones personales. "Cálculos básicos", "opinión sin rigor", "conjeturas y no pruebas" fueron algunos de los términos a los que recurrieron los inspectores Pedro González y Pedro Comín para referirse a estas advertencias que Casaus plasmó en sus comunicaciones internas. De hecho muchos de ellos, como Martínez Tello, recordaron que el inspector dio el visto bueno al proceso en sus informes.
A los correos del nacimiento del SIP y de la salida a bolsa hay que añadir además los que redactó este inspector ya en 2012, apenas meses antes del hundimiento, en los que advertía a sus superiores de la situación crítica de la entidad que ahora preside Ignacio Goirigolzarri. Estas comunicaciones, que se produjeron entre enero y abril de ese ejercicio, y que fueron adelantadas por este diario recogían además las reuniones con el expresidente Rodrigo Rato -para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel- y con el socio auditor de Deloitte Francisco Celma, quien les trasladó su preocupación ante la falta de documentación clave que necesitaba para dar el visto buenos a los estados financieros de 2011 -que finalmente se presentaron a la CNMV sin firmar- así como la incertidumbre que le provocaba la próxima aprobación del segundo real decreto Guindos.
Con todo, los últimos cambios en el calendario del caso han hecho que todavía falte por escuchar al exsubogbernador del Banco de España Javier Aríztegui así como al sustituto de Fernández Ordóñez al frente del organismo, Luis María Linde, quienes están citados los días 6 y 13 de mayo, respectivamente. Aríztegui, que llegó a estar imputado en la causa, será preguntado no solo por todos estos asuntos sino por las reuniones que mantuvo con Olivas, tal y como dio a conocer este último. De hecho, afirmó que pasó a integrar el SIP debido a la presión que ejerció el supervisor para que formara parte de esta sinergia. Tras él, ya el martes diá 30, serán interrogados el expresidente y exvicepresidente de la CNMV Julio Segura y Fernando Restoy, respectivamente, por el presunto maquillaje de las cuentas que presentó la entidad con motivo de su salida a bolsa.
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