El Banco de España ha congelado el expediente sancionador incoado el pasado mes de marzo contra la excúpula del Banco Popular. El supervisor ha adoptado esta decisión en sintonía con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción de cara a priorizar la investigación penal que sigue desde octubre de 2017 la Audiencia Nacional contra los antiguos gestores por delitos de administración desleal y manipulación de mercado puesto que ambas pesquisas "están íntimamente ligadas".
María Ortega, jefa de la división de Expedientes Sancionadores del supervisor, expone en una comunicación remitida a la Audiencia Nacional y recogida por este diario que congela las sanciones interpuestas contra el expresidente del banco Ángel Ron y otros 40 exdirectivos de la entidad hasta que termine la instrucción y posterior juicio de la causa. De esta manera solo se reanudaría el expediente disciplinario abierto por la Comisión Ejecutiva una vez hubiera resolución judicial firme.
El supervisor asume de esta forma la tesis del fiscal Anticorrupción del caso, Antonio Romeral, el cual se pronunció a favor de congelar las sanciones incoadas por presuntas irregularidades detectadas por el Banco Central Europeo. El motivo alegado es la similitud de la sanción administrativa con la naturaleza de este macroprocedimiento penal que investiga posibles irregularidades en la ampliación de capital de 2.505 millones de euros en mayo de 2016 así como una posible manipulación de mercado mediante la difusión, ya en la última etapa de vida del banco, de información falsa que hizo caer en picado el valor de la acción.
Investigación en Luxemburgo
El escrito incorporado a la causa explica que no solo hay coincidencia de investigación respecto a la ampliación de capital en sí sino también en lo relativo a posibles incumplimientos en materia de recompra de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario sin autorización, así como en un informe de la Agencia Tributaria sobre una "supuesta trama opaca" de sociedades instrumentales que el Popular habría creado en Luxemburgo. "Puede por ello concluirse que los hechos investigados en sede penal y los que analizan en el procedimiento administrativo están íntimamente ligados, no siendo racionalmente posible separar unos y otros", reza el escrito del supervisor.
Igualmente el foco judicial está puesto en los hechos ocurridos en la entidad hasta su resolución y posterior venta al Banco Santander por un euro en junio de 2017 por lo que también se analiza la veracidad de los estados financieros individuales y consolidados y si se han respetado las reglas de regulación, de acuerdo con el supervisor que advierte que la paralización del expediente no afecta la interrupción de la prescripción. Con todo, el escrito remitido al magistrado José Luis Calama recoge que comunicarán la paralización de las sanciones al Banco Central Europeo en aras del deber de colaboración recogido por la normativa europea.
La incoacción del expediente se llevó a cabo apenas semanas antes de conocerse las conclusiones plasmadas por dos expertos del Banco de España en el peritaje que les encargó el anterior magistrado de la causa, Fernando Andreu. Los mismos determinaron que lo que fulminó la entidad fue la "intensa fuga" de depósitos de hasta 16.000 millones de euros que se produjo en tres episodios concretos entre los meses de abril y junio de 2017. Aunque los expertos expusieron que el banco era "solvente", también alegaron que las estimaciones incluidas en el folleto informativo de la ampliación de capital eran "demasiado optimistas". Igualmente también analizaron posibles vías de salvación del banco, entre las que se hubiera encontrado una nueva ampliación de capital.
El expediente ahora congelado del supervisor se suma al de la CNMV, el cual también se ha quedado en punto muerto en aras del avance de este procedimiento penal. El regulador también sancionó a la excúpula contra la que se querellaron accionistas y Fiscalía Anticorrupción por irregularidades en las cuentas de la entidad. La incoacción de este expediente y su posterior difusión en prensa provocó el enfado de algunos de los investigados en el procedimiento, como es el caso del expresidente Ángel Ron que denunció ante el juzgado que se trató de una filtración interesada.
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