Miércoles, 14.11.2018 - 17:19 h
Según empleados del ICAC

Una afín a Guindos ordenó poner en la diana a Deloitte por su labor en el BdV

Una alto cargo del departamento de Economía reveló que le "horrorizó" la orden de la actual presidenta de la CNMV para actuar contra la auditora.

Fotografía Banco de Valencia
Banco de Valencia recibió una inyección de capital de 5.498 millones. / EP

La actual vicepresidenta de la CNMV, Ana María Martínez-Pina, ordenó a altos cargos del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, que abrieran un expediente con tres infracciones graves contra Deloitte por su labor en Banco de Valencia. Lo hizo en enero de 2013, cuando acababa de aterrizar al frente de ese organismo.

Así se desprende del relato prestado en la Audiencia Nacional en mayo de este año por la instructora del expediente contra la auditora. En su declaración en la causa que investiga la quiebra del Banco de Valencia, la empleada del ICAC se mostró muy sorprendida por la orden que recibió de Martínez-Pina, al entender que en su momento se trató de una medida excesiva.

“Yo tengo que decir que cuando vi el acuerdo de incoación me horroricé (...) La presidenta estaba recién nombrada y a lo mejor quiso hacerlo muy bien, pero lo normal era iniciar un expediente con un acuerdo de incoación”, explicó esta empleada.

Incluso llegó a precisar a preguntas del Ministerio Fiscal que ella no hizo “prácticamente nada” del mismo porque “tenía otros prioritarios”, pero sí confesó que denegó “por inoportuna” una petición de prueba relacionada con la información que remitió Deloitte al Banco de España porque eso no era objeto de estudio del ICAC.

"¿Para qué? Era una prueba totalmente inoportuna. ¿A mi qué mas me da lo que le hubieran contado al Banco de España? Yo no superviso lo que le dicen al Banco de España, sino que yo tengo que mirar lo que tienen en los papeles de trabajo”, relató ante la insistencia de la acusación.

Sin embargo, su criterio dista mucho del de su superiora. Martínez-Pina, directiva de confianza del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, sí entendió que el informe limpio de Deloitte sobre las cuentas de 2010 podría incurrir en tres infracciones graves. Un año después, el banco presidido por José Luis Olivas recibió una inyección del FROB de 5.498 millones de euros.

Martínez-Pina, que formaba parte de la plantilla del ICAC desde 2003, ascendió a la presidencia de este organismo en 2013, cuando Luis de Guindos llevaba ya dos años al frente del departamento de Economía.

Del mismo modo, la jurista accedió a la vicepresidencia de la CNMV en noviembre de 2016, año en que el actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) revalidó su mandato en el Ministerio de Economía, por tercera legislatura consecutiva, tras la victoria del PP en los comicios del mes de junio.

Segundo expediente por su labor en Bankia

De hecho, la de Banco de Valencia no fue la única 'reprimenda' que Deloitte recibió por su actuación en el sector financiero. Ya en 2013, el mismo organismo volvió a abrir expediente administrativo contra la firma, esta vez por la auditoría de las cuentas de Bankia de los ejercicios 2010 y 2011. Todo concluyó con una multa de 12 millones por vulnerar su deber de independencia a la hora de supervisar las cuentas. 

En este caso, los hechos no solo han sido investigados por la Audiencia Nacional bajo el bautizado como 'caso Bankia', sino que ya se fijó el 26 de noviembre como fecha de arranque de la vista oral. El instructor Fernando Andreu sí vio responsabilidad penal en la actuación de la auditora y, por ello, la sienta en el banquillo de los acusados junto con el expresidente de Bankia Rodrigo Rato o el propio Olivas, para el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión por estos hechos.

En lo que respecta a la quiebra de Banco de Valencia, aunque parte de esta investigación se sigue instruyendo bajo la dirección del magistrado Santiago Pedraz, ya hay una pieza de esta trama que se enjuicia en la Audiencia Nacional. Se trata de la relativa a tres pelotazos urbanísticos que provocaron un agujero patrimonial en la entidad de 160,5 millones de euros y por la que se juzgan, entre otros, al exconsejero delegado de la entidad, Domingo Parra y el empresario y expresidente del Valencia Club de Fútbol, Juan Bautista Soler.

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