Tras varios meses de espera, el expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar ya ha podido examinar parte de los correos electrónicos y agendas que utilizó mientras trabajaba para el BBVA, cuyo acceso solicitó para defenderse de la acusación que el banco dirige contra él, que le atribuye ser una de las personas que autorizó los pagos al comisario jubilado José Manuel Villarejo. No obstante, al comenzar a repasar el material, su defensa ha advertido que determinados mensajes que esperaba poder encontrar en la Audiencia Nacional no están disponibles debido a un “error” suyo. Por ello, ha pedido al juez instructor Manuel García Castellón, encargado de investigar los presuntos negocios ‘oscuros’ del agente encubierto, que vuelva a reclamar dicha documentación relacionada con una decena de exaltos cargos del banco, algunos de ellos imputados en esta novena pieza separada del caso ‘Tándem’, como el exconsejero delegado de la entidad bancaria vasca, Ángel Cano; u otros fuera de esta investigación, como el actual presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, o el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.
Así consta en un reciente escrito, con fecha del pasado 30 de noviembre, al que ha tenido acceso La Información, en el que la defensa de Béjar señala que tras revisar los archivos que de momento han sido entregados al órgano judicial, ha comprobado que “no estaban determinados correos” que considera “esenciales”. Según recuerda el abogado Javier Gómez-Bermúdez, exmagistrado de la Audiencia Nacional, para “agilizar al máximo y colaborar con la justicia”, limitó finalmente a un “cinco por ciento del total” el listado de correos corporativos que en un principio había reclamado que BBVA y su filial Distrito Castellana Norte entregaran al Juzgado Central de Instrucción número 6. No obstante, “al cortar el listado previo de nombres”, el letrado ‘olvidó’ una serie de correos electrónicos que ahora insiste en recuperar.
En concreto, vuelve a solicitar la correspondencia ‘online’ que pudo intercambiar con varios de los exdirectivos imputados en esta línea de investigación sobre la contratación de Villarejo por parte de la entidad financiera durante una década. Así, se refiere a los correos enviados y recibidos de Ángel Cano, el que fuera ‘número dos’ del expresidente de BBVA Francisco González; Joaquín Gortari, ex ‘mano derecha’ del que fuera máximo responsable de la entidad y actual jefe de Auditoría Interna de la misma; Manuel Castro, exjefe de Riesgo corporativo; Javier Malagón, exdirector de Finanzas; así como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano. Se da la circunstancia de que éste último, así como el exconsejero delegado del banco declararán el próximo 21 de diciembre ante el juez, rompiendo así el silencio que mantuvieron en 2019 cuando fueron llamados a declarar como investigados por primera vez.
Asimismo, Béjar también pide en su nuevo escrito poder comprobar los correos electrónicos cruzados con el actual presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, quien, según indica, durante su etapa en BBVA fue “conocedor” de las razones por las que se contrató a la agencia Kroll para realizar una investigación patrimonial a una serie de clientes; y con el que fuera el jefe de Gabinete de éste, Asís Alonso Calvo. Suma a la lista al antecesor de Manuel Castro en el departamento de Riesgo y posterior consejero delegado de Bankia, José Sevilla Álvarez; la directora del departamento jurídico de BBVA, María Jesús Arriba de Paz; la responsable de contabilidad, María de los Ángeles Peláez Morón; y, por último, la trabajadora de dicha área y “persona que ordenaba los pagos”, Clara Codesal Alonso. Cabe señalar que ninguna de estas personas se encuentran investigadas por la contratación del Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto.
El juez Joaquín Gadea, refuerzo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, autorizó mediante un auto dictado el pasado 5 de noviembre, al que también ha tenido acceso este diario, acudir ‘in situ’ a la sede de la Audiencia Nacional para comprobar parte la documentación que había solicitado y que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había ordenado reclamar el pasado mes de febrero. Así, en aras de proteger la “intimidad del investigado” y los datos que “afectan a su esfera más íntima y referencias a personas y circunstancias que aparecen en las agendas y que son totalmente ajenas al procedimiento”, el magistrado acordó que la defensa de este exdirectivo despedido tras su imputación en el caso ‘Tándem’ solo pudiera ir a la Secretaría del Juzgado durante los días del 10 al 19 de noviembre de 2021, “en horario de audiencia al público”, para consultar la información digitalizada.
No retrasará la causa
Fue durante esos días cuando el abogado del expresidente de DCN se percató de que "omitió" una serie de correos que considera fundamentales para su defensa. En este sentido, ante un posible reproche del juzgado, el escrito asegura que la nueva petición “no supone dilación alguna”, ya que por el momento sólo se ha dado acceso a la documentación reclamada a BBVA, mientras que aún no se ha tenido constancia de los correos corporativos y agendas que Béjar utilizó durante su etapa en la empresa filial del banco.
Béjar ha batallado durante meses poder recuperar todos estos archivos para intentar demostrar que la decisión de contratar al agente encubierto para que realizara presuntas labores de espionaje para la entidad, imputada como persona jurídica, no partió de él, sino que siempre ha seguido órdenes del entonces jefe de Seguridad Julio Corrochano, y que éstas a su vez venían de la excúpula del banco. El objetivo concreto es poder rebatir el ‘forensic’ interno contratado por BBVA, y realizado por PwC, que asegura que el exjefe de Riesgos autorizó alguno de los pagos a Villarejo, que entre 2004 y 2017 recibió un total de 10,3 millones de euros.
De hecho, en un último informe con fecha del pasado 22 de septiembre y recientemente aportado a la causa, que también ha podido ser consultado por La Información, la auditora insiste en que Béjar aparece como receptor de alguna de las facturas giradas por las empresas del comisario jubilado y que además solicitó “directamente” el pago de alguna de ellas. Por ello, tras repasar siete contratos firmados por las empresas de Villarejo y BBVA entre 2004 y 2016, se reafirma en que el que este exdirectivo “tuvo conocimiento y habría participado igualmente en el proceso de verificación de los servicios prestados” por el agente encubierto.
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