Nuevo éxito de Antonio Béjar. El exdirector de Riesgos de BBVA ha logrado que la Audiencia Nacional le vuelva a dar la razón sobre la necesidad de acceder a todos sus correos electrónicos corporativos para poder defenderse. La Sala de lo Penal ha ordenado al juez instructor Manuel García Castellón que reclame a la entidad financiera las comunicaciones electrónicas que este exdirectivo cruzó con una decena de exaltos cargos del banco, como el exconsejero delegado de la entidad bancaria vasca, Ángel Cano; el actual presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, o el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha estimado el recurso que presentó el también presidente de Distrito Castellana Norte contra la decisión del juez instructor de no requerir a la entidad que preside Carlos Torres más correos electrónicos. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 denegó la práctica de estas diligencias al entender que iba a causar una "dilación indebida" en la investigación de los contratos que BBVA firmó con el comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017. Según los magistrados de la Sala, esta justificación no puede ser compartida debido a que esta novena línea de investigación del 'caso Tándem' (o también conocido como 'caso Villarejo') aún continúa abierta y en trámite de instrucción.
De este modo, tras recabar el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción, la Sala de lo Penal obliga al juez a poner a disposición de Béjar los nuevos correos reclamados. Esta misma Sala ya obligó en febrero de 2021 al juez instructor exigir al BBVA y a Distrito Castellana Norte los correos corporativos y agendas que el exdirectivo imputado solicitó para poder defenderse. El abogado del que fuera responsable del área inmobiliaria del banco exigió poder revisar la mensajería para desmontar la conclusión alcanzada por el 'forensic' de PwC, encargada por los abogados de la entidad vasca para depurar responsabilidades internas, de que fue uno de los responsables que autorizó el pago de los servicios del comisario Villarejo. Con ello, trata de demostrar que Béjar siempre siguió instrucciones de sus superiores.
Más de 110.000 archivos
Los correos de BBVA se pusieron a disposición de Béjar el pasado mes de noviembre. Así, tras comenzar a revisar 'in situ', en la Audiencia Nacional, los más de 110.000 archivos, su defensa se percató de que había "olvidado" incluir la correspondencia electrónica relacionada con una decena de exaltos cargos del banco. En este sentido, los fiscales consideraron que "cercenar o limitar" la posibilidad de poder acceder a ellos por un lapsus a la hora de proponer los nombres podría tener una "afectación directa a tal derecho de defensa". Un criterio que ha sido asumido por la Sala de lo Penal. Además, Anticorrupción subrayó en su escrito, que adelantó La Información, que los "derechos e intereses de terceros afectados" no se verán perjudicados, pues dichos archivos se encuentran custodiados en el juzgado.
En concreto, Béjar pide la correspondencia ‘online’ que pudo intercambiar con varios de los exdirectivos imputados en esta novena pieza separada del 'caso Villarejo'. Así, se refiere a los correos enviados y recibidos de Ángel Cano, el que fuera ‘número dos’ del expresidente de BBVA Francisco González; Joaquín Gortari, ex ‘mano derecha’ del que fuera máximo responsable de la entidad y actual jefe de Auditoría Interna de la misma; Manuel Castro, exjefe de Riesgo corporativo; Javier Malagón, exdirector de Finanzas; o el exjefe de Seguridad Julio Corrochano.
Asimismo, pide poder comprobar los correos electrónicos cruzados con el actual presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, quien, según indica, durante su etapa en BBVA fue "conocedor" de las razones por las que se contrató a la agencia Kroll para realizar una investigación patrimonial a una serie de clientes que tenían deudas con el banco; y con el que fuera el jefe de Gabinete de éste, Asís Alonso Calvo.
Suma a la lista al antecesor de Manuel Castro en el departamento de Riesgo y posterior consejero delegado de Bankia, José Sevilla Álvarez; la directora del departamento jurídico de BBVA, María Jesús Arriba de Paz; la responsable de contabilidad, María de los Ángeles Peláez Morón; y, por último, la trabajadora de dicha área y “persona que ordenaba los pagos”, Clara Codesal Alonso. Cabe señalar que ninguna de estas personas se encuentran investigadas por la contratación del Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto.
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