El expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) Antonio Béjar necesita más tiempo. A principios de noviembre, el Juzgado Central de Instrucción número 6, encargado de investigar los presuntos negocios irregulares del comisario jubilado José Manuel Villarejo, puso a disposición de este exdirectivo de BBVA todos los correos electrónicos que reclamó a la entidad financiera para reforzar su defensa en el caso 'Tándem'. Tras comenzar a examinar los más de 100.000 archivos a los que le han dado acceso, Béjar advierte de que esta labor requiere de muchas horas, por lo que solicita ampliar la instrucción de la novena pieza de esta macrocausa otros tres meses.
El juez instructor Manuel García Castellón acordó a finales del pasado mes de julio prorrogar seis meses esta línea de investigación, centrada en la contratación del agente encubierto durante más de una década por parte de BBVA. Un plazo que concluye el próximo 29 de enero. Ante esta circunstancia, el abogado de Béjar ha adelantado ya su interés por que la causa no finalice en dicha fecha, según un breve escrito enviado al Juzgado el pasado 10 de diciembre, al que ha tenido acceso La Información. La petición ya ha sido trasladada a la Fiscalía Anticorrupción, de acuerdo a una diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia que también ha podido ser consultada por este diario, para que se informe sobre si procede ampliar la instrucción de esta pieza separada o, por el contrario, considera que ya se han recabado suficiente indicios de delitos para enviar los hechos investigados a juicio.
La solicitud se justifica en la "existencia de declaraciones de investigados pendientes, de cuyo resultado puede derivarse la necesidad de nuevas diligencias de investigación", indica el escrito de Béjar. De este modo, hace alusión a las comparecencias que tendrán lugar el próximo 21 de diciembre del exjefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano y el exconsejero delegado del banco Ángel Cano, quienes romperán su silencio dos años después de su imputación. Asimismo, un día antes será el turno, también como investigado, del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Vázquez, en relación a una denuncia anónima contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, que presuntamente se habría gestado en una comida en la que participó el expresidente de la entidad financiera Francisco González y la entonces cúpula policial.
Además, recientemente otros dos exdirectivos de BBVA se han prestado a declarar voluntariamente, cuyas citaciones aún no se han producido. Se trata del que fuera responsable del departamento de Regulación y Control Interno del BBVA hasta julio de 2019, Eduardo Arbizu, y el exjefe del área de Riesgos de la entidad Manuel Castro. Según indican fuentes jurídicas cercanas a esta investigación, las defensas de otros exaltos cargos del banco, que hace dos años también se acogieron a su derecho a no declarar, están estudiando pedir la declaración voluntaria para aclarar cuál fue su participación en la contratación del Grupo Cenyt, entramado empresarial liderado por Villarejo, por lo que previsiblemente en las próximas semanas formalizarán su ofrecimiento.
No obstante, el principal motivo por el que Béjar solicita más tiempo de investigación es "porque hace escasamente" unas semanas se le dieron acceso a sus correos y agendas corporativas que tenía cuando trabajaba en BBVA y DCN, "resultando que en conjunto hay más de 100.000 archivos". Se trata de la correspondencia electrónica y notas personales que este exdirectivo del banco reclamó para demostrar que siempre siguió las órdenes de Corrochano, y que éstas a su vez venían de la excúpula del banco. De este modo, trata de refutar el informe 'forensic' que PwC realizó para la entidad que ahora dirige Carlos Torres, y que ha sido aportado al sumario de la causa, que sostiene que Béjar autorizó algunos de los pagos de las facturas giradas por Cenyt.
Investigación "sesgada"
Béjar, despedido de BBVA tras su imputación en el caso 'Tándem', asegura que dicha investigación interna se hizo de forma “sesgada” sin contemplar todos sus correos corporativos que acreditarían su escasa intervención en la contratación de los presuntos servicios de espionajes que desarrolló Villarejo entre 2004 y 2017. Por ello, luchó por recuperar todo este material, objetivo que consiguió el pasado mes de febrero cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez instructor Manuel García Castellón que requiriera a BBVA y DCN toda la documentación solicitada.
Con todos los archivos ya en la Audiencia Nacional, el expresidente de la empresa filial de BBVA repasó el material 'in situ' y se percató de que se había cometido un "error" a la hora de realizar el listado de correos "esenciales" para su defensa. Así lo advirtió su abogado recientemente en un escrito, en el que solicita al juez instructor que mande al BBVA un nuevo requerimiento para que localice los mensajes que su cliente se cruzó con una decena de exaltos cargos del banco imputados en la macrocausa, entre ellos Ángel Cano y Corrochano; y otros fuera de la investigación, como el actual presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, o el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.
Meses en el juzgado
El juez Joaquín Gadea, refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, emplazó a Béjar a acudir a la Secretaría del Juzgado "en horario de audiencia al público" para poder consultar la información digitalizada de los correos y agendas que ya se encuentran en poder de la Audiencia Nacional. Sin embargo, su defensa considera que este sistema no es el más adecuado: "Examinar más de 110.000 archivos en sede judicial es prácticamente imposible, máxime si se tiene en cuenta que nuestro mandante no puede estar meses y meses yendo al juzgado a diario, pues tiene que trabajar", asegura en un último escrito presentado ante el juez instructor este miércoles para rogar que le entregue una copia de toda la documentación para su análisis fuera de las dependencias judiciales.
Con ello, busca también evitar que el exdirectivo de BBVA pase "largas horas en condiciones precarias con el consiguiente perjuicio para la salud", pues según señala, existen una serie de dificultades y "defectos técnicos" que, en su opinión, complican la labor de revisión. Según indica, se encuentra con la "presencia constante" de una funcionara del juzgado, lo que "imposibilita la comunicación abogado-cliente con la necesaria confidencialidad". Asimismo, destaca que Béjar se ve obligado a leer los documentos en una pantalla de ordenador y "a tomar notas a mano", ya que no tiene posibilidad de "copiar, pegar, fotografiar o extraer a una carpeta diferente" aquellos correos que considere de "utilidad".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios