El exdirectivo del BBVA Antonio Béjar ha vuelto a comparecer en la Audiencia Nacional para detallar más pormenores acerca de los pagos que se efectuaron desde la entidad al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Al respecto, el que fuera presidente del Distrito Castellana Norte (DCN) ha precisado ante el magistrado Manuel García Castellón que cumplió órdenes de sus superiores en lo que respecta a los abonos a Cenyt por los servicios prestados por el agente encubierto al menos desde el año 2003 y que conllevaron un coste para la entidad de más de 10 millones de euros, informan fuentes jurídicas.
Tras tomarle declaración, el magistrado del caso Tándem ha acordado suspender la citación del banco señalada para este jueves. Se trata de la segunda vez en la que el instructor prorroga la comparecencia del representante legal de la entidad, a la que imputó el pasado mes de julio por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares en el marco de la pieza novena de la macrocausa. Con todo, en esta ocasión la suspensión guarda relación directa con la declaración de Béjar y se prevé que no se prolongue más de dos semanas.
La de este miércoles fue la cuarta comparecencia de Béjar en la Audiencia Nacional pero la primera desde su despido por parte del banco, tal y como adelantó este diario. Desde el mismo momento de su imputación, el expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) se desligó de la estrategia de defensa del resto de directivos imputados en esta pieza y declaró acerca del conocimiento que tiene de estos hechos. Béjar marcó distancias de este modo del resto de exaltos cargos desde cuyos departamentos salieron los pagos al entramado del agente encubierto puesto que ellos se acogieron a su derecho a no declarar al encontrarse las pesquisas bajo secreto de sumario.
Se desligó de irregularidades
Ya en su primera comparecencia explicó que el banco abonó las cuantías recogidas a Cenyt pero enmarcó el acuerdo laboral en la identificación de clientes morosos y no en labores de espionaje, como denuncia la Fiscalía Anticorrupción. Los investigadores sostienen que la relación laboral entre el banco y el inspector, en prisión provisional, arrancaron a finales de 2003 con la denominada operación 'Trampa' mediante la cual se espiaron a altos cargos del Gobierno y empresarios de renombre ante la sospecha del banco de que existía un intento de asalto por parte de Sacyr.
La segunda comparecencia judicial tuvo lugar a finales de julio y se produjo después de descubrirse que desde Distrito Castellana Norte, que todavía presidía, se destruyó información que podría estar vinculada al caso. La Fiscalía pidió que se le dejara en libertad sujeta al pago de fianza de medio millón de euros (la más alta de la pieza y a la que le sigue los 300.000 euros acordados para el exjefe de seguridad Julio Corrochano). Con todo, los fiscales al frente de este procedimiento retiraron la petición tres días después, en su tercera comparecencia, en el marco de la cual el empresario y banquero aportó abundante declaración.
La sombra de FG
En esta ocasión ha apuntado hacia la cúpula de la entidad en la que aterrizó hace dos décadas. En 2008 fue nombrado responsable del área de Riesgos y Operaciones; uno de los departamentos señalado por los investigadores desde los que salieron los pagos efectuados a la entidad hasta la llegada a la presidencia de Carlos Torres. Béjar se encontraba en situación de excedencia mientras presidía la Operación Chamartín. Su destitución al frente de la misma -que se produjo apenas días antes de que el Ayuntamiento aprobara por unanimidad el proyecto- implicaba su reincorporación al banco; no obstante, éste ha acordado su despido el cual que sigue al cese fulminante por parte de la entidad de Eduardo Arbizu, exdirector de asesoría del banco bajo la etapa de Francisco González.
El magistrado García Castellón y los fiscales del caso estudiarán ahora los pormenores de esta última declaración de Béjar antes de escuchar en sede judicial al representante legal del banco. El principal objetivo de los investigadores es dilucidar de dónde salieron las órdenes para contratar con el entramado de Villarejo y todas las miradas están puestas al respecto en el expresidente del BBVA. De hecho, la futura citación de FG en esta pieza va a depender en gran medida de la declaración del banco como persona jurídica y del avance de las pesquisas. La entidad tendrá que rendir cuentas principalmente en lo que respecta a los sistemas de control y al 'compliance' de cara a intentar demostrar que se cumplieron a rajatabla los mecanismos internos.
Otro de los clavos ardiendo a los que se aferrará la entidad será el informe forensic del caso Villarejo elaborado por PwC y que el banco recibió tres días antes de conocer las imputaciones de ocho de sus exdirectivos. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción mantiene la tesis de que las contrataciones conllevaron la realización por parte de Villarejo y su entorno de prácticas ilícitas puesto que se revelaron datos confidenciales, se produjeron seguimientos y se pincharon teléfonos móviles al margen del cauce legal. Incluso apuntaron que algunos de los imputados recibieron hasta dádivas desde el entramado empresarial del comisario jubilado a cambio de facilitar dichas contrataciones. Se refirieron al también comisario Julio Corrochano, a quien el propio Villarejo señaló como el nexo de unión entre su entramado y el banco.
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