Tras más de tres horas de negociación y continuas entradas y salidas de la sala de vistas, el expresidente de Distrito Castellana Norte Antonio Béjar y el BBVA, entidad para la que trabajó hasta el pasado mes de septiembre, han llegado a un acuerdo por el asunto relacionado con su despido. De esta forma, las partes han evitado llegar a juicio alcanzando la conformidad 'in extremis' y hasta incluso después de que se anunciara que se iba a celebrar "audiencia pública".
Las fuentes presentes explican que los flecos de la negociación, que se está terminando de perfilar, determinan que Béjar no volverá a ser empleado de la entidad y que el despido ha sido procedente. Las partes estaban convocadas para las 9.30 horas de esta mañana en el Juzgado de lo Social número 12 de Madrid tras la demanda presentada por el exdirectivo del banco por su despido tras más de décadas en la entidad. El mismo se produjo en paralelo a las declaraciones que prestó en la Audiencia Nacional tras su imputación en el caso Tándem por los trabajos que el banco encargó al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
De este modo, se ha celebrado un primer acto de conciliación en aras a eludir un juicio que, 'a priori', parecía inevitable. Sin embargo, las entradas y salidas de la sala han sido continuas en las tres horas de negociación de los abogados que representan a las partes. Hasta el punto que, en un momento determinado, se ha llamado a los asistentes y se ha anunciado que se iba a celebrar audiencia por este asunto. No obstante, las fuentes consultadas explican que la magistrada al frente del juzgado ha forzado una negociación que finalmente ha salido adelante. Con todo, y aunque en principio este asunto laboral no guarda relación con la investigación penal que sigue la Audiencia Nacional, lo cierto es que los letrados que representan a la entidad son los mismo que se encargan de su defensa en el caso Villarejo.
Los lazos con el caso Villarejo
Es por ello que la entidad estaba representada por un equipo de letrados pilotado por el prestigioso abogado de Uría Menéndez, Jaime Alonso Gallo, y el representante legal de la entidad Adolfo Fraguas. Béjar por su parte, ha confiado la defensa a Antonio Bernal, de Dikei abogados. De esta forma se cierra una de las aristas derivadas del caso Tándem, teniendo en cuenta que la imputación de Béjar en la causa penal derivó primero su destitución como presidente de Distrito Castellana Norte (DCN) y, posteriormente, su despido del banco. El empresario expuso entonces que su salida de la entidad se trató de una represalia por su disposición a colaborar con la Justicia, motivo por el cual llevó este asunto a los tribunales.
Aunque las partes se afanan en asegurar que esto no tiene relación alguna con el caso Villarejo lo cierto es que el contenido que se iba a tratar en la vista estaba intrínsicamente ligado con los acontecimientos que tuvieron lugar en la entidad desde que se comenzó a contratar con el entramado empresarial del agente encubierto, hasta las imputaciones en esta pieza novena del caso Tándem por el carácter presuntamente ilegal de los encargos efectuados. A todo ello se le suma la presunta destrucción por parte de Béjar de cerca de una veintena de discos duros que contendrían información clave del banco sobre el caso Villarejo.
El forensic como telón de fondo
Las diligencias practicadas hasta el momento en el caso Tándem han puesto de manifiesto cómo desde el departamento de riesgos que dirigía Béjar salieron algunos de los pagos que el entramado del agente encubierto recibió durante los cerca de 13 años de relación laboral. En sus cuatro declaraciones en la Audiencia Nacional, el exdirectivo 'díscolo' no solo detalló los pormenores de la cadena de mando de la contratación del BBVA sino que aseguró que las órdenes de encargar a Cenyt las investigaciones patrimoniales (y otros trabajos que se habrían camuflado en facturas falsas) vinieron directamente del entonces presidente Francisco González.
Según su versión de los hechos, el banquero anunció que se empezaría a trabajar con Cenyt y que la contratación la iba a formalizar Julio Corrochano, en calidad de director de seguridad. Sin embargo, tanto González como el banco -también imputados en el caso- niegan la mayor y se desvinculan de cualquier irregularidad dejándolo en manos de algún verso suelto. De este modo, y de acuerdo con la declaración de Fraguas en sede judicial, las personas que supervisaron y controlaron estas contrataciones fueron los autorizados para ello, entre otros el exCeo Ángel Cano o el exdirector de servicios jurídicos Eduardo Arbizu (también despedido).
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